Las revelaciones de los casos Metástasis y Purga, respecto a la infiltración de poderes económicos, políticos y criminales en el sistema de justicia ecuatoriano y la participación de jueces de distintos niveles en hechos ilegales que aún se investigan sus alcances, trae al debate la necesidad de incluir aspectos en los concursos para designar jueces de todo nivel y manejar de una manera más rigurosa la evaluación de quienes hacen parte de la Función Judicial (jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios judiciales...).

Solo en estos dos casos judiciales se pueden contar 17 jueces y exjueces de Corte Nacional, de cortes provinciales y de garantías penitenciarias de las jurisdicciones de Pichincha, Guayas, Manabí, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas quienes completan dos listas de procesados que sumadas alcanzan hasta el momento el número de 64 personas.

Durante la segunda audiencia de vinculación en el caso Metástasis, la cual se dio el viernes 15 de marzo último, la fiscal general, Diana Salazar, señaló que lo encontrado en ese proceso penal y en el denominado Purga revelan cómo el sistema judicial está gangrenado de tal manera que es imposible regenerarlo, si no hay una depuración profunda de todas las estructuras corrompidas.

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En la misma línea de la fiscal Salazar, el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenae) y titular del Colegio de Abogados de Pichincha (CAP), Paúl Ocaña, piensa que el sistema judicial ha topado fondo. Ante ello cree que es muy importante que se sanee todo el sistema judicial, es decir, tanto a los funcionarios de todo nivel que ya son parte del sistema, así como los que van a ser designados.

Análisis de cuentas y certificación de bienes patrimoniales

Ocaña plantea que se incorporen nuevos criterios, tanto para los concursos de selección que se realicen como para las evaluaciones que por ley deben darse periódicamente a todo nivel en la Función Judicial. Sobre el tema de concursos cree que ya es hora de que se incluyan exámenes de confianza que estén en manos de expertos internacionales en psicología y que como prerrequisito para la postulación el aspirante abra sus cuentas y certifique sus bienes patrimoniales.

Para él sigue estando bien que se evalúe y analice la capacidad profesional de quien está dentro del sistema o del que va a ingresar, pero afirma que la realidad actual obliga a que existan cambios profundos y la unidad de todos quienes hacen el sector justicia para colaborar en el cambio. Algo en lo que hace hincapié es que las evaluaciones o la rigurosidad en los procesos de selección para ingresar a ser funcionario judicial no solo deben centrarse en los jueces, sino que debe extenderse a todos quienes participan en el proceso, desde ayudantes judiciales, secretarios, jueces, fiscales, defensores públicos.

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QUITO (19-12-2023).- En el caso Metástasis, el involucrado presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán solicitó el habeas corpus. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

“La normativa existe, las instituciones existen para hacer los controles en la Función Judicial (Contraloría General, Unidad de Análisis Financiero y Económico, entre otras). Solo falta el ánimo de querer hacerlo. Lastimosamente han fallado o no se han aplicado con rigurosidad estos filtros y por eso es que tenemos abogados en libre ejercicio, funcionarios judiciales, sean fiscalía, jueces... que están administrando justicia, involucrados o relacionados con temas de corrupción”, anotó Ocaña, quien además cree que es urgente que se tomen decisiones para que la confianza de la ciudadanía vuelva al sector justicia y sus operadores.

En el 2023 desde el Consejo de la Judicatura se sancionó a 189 funcionarios judiciales por faltas graves y leves y se lograron 79 destituciones por faltas gravísimas.

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La crítica situación de la Función Judicial que ha desnudado los casos Metástasis y Purga y la necesidad de cambios en el sistema de justicia y sus operadores coincide con el concurso público que se prepara desde el Consejo de la Judicatura (CJ) para llenar vacantes de jueces en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Este concurso reemplaza al que inició el expresidente de la Judicatura Wilman Terán, hoy detenido y procesado en el caso Metástasis, por delincuencia organizada, y en el denominado caso Independencia Judicial, en el que se investiga el delito de obstrucción de la justicia.

Nuevo concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional

El 18 de enero pasado, la nueva mayoría del CJ, integrada por el presidente temporal Álvaro Román y los vocales Yolanda Yunpangui y Fausto Murillo, de forma unánime, declararon la “nulidad insanable” total del concurso defendido por Terán.

El proceso para esos días ya estaba suspendido por un fallo constitucional de la jueza Patricia Segarra, quien aceptó el 18 de diciembre de 2023 una acción de protección planteada por el CAP y la Fenae.

La decisión tomada por el pleno del CJ obedeció a la identificación de anomalías en distintas fases del concurso, las cuales habrían contravenido los principios constitucionales, legales y reglamentarios de transparencia, publicidad, igualdad, paridad e igualdad que rigen el proceso. Además, se habrían advertido irregularidades que acarrearían responsabilidades administrativas y penales.

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El presidente Román durante el evento de rendición de cuentas 2023 señaló que su administración está trabajando para definir que el concurso para jueces y conjueces de la CNJ sea un proceso que garantice servidores probos, con reglas claras.

Consejo de la Judicatura suspende el concurso de selección de jueces de la Corte Nacional

Hoy se conoce que una de las investigadas dentro del caso Purga, la exdirectora provincial del Guayas del CJ Mercedes V., colocada en el cargo a los pocos días de ingresado Terán a la presidencia de la Judicatura, fue una de las postulantes en el último concurso que buscaba definir no solo jueces de la CNJ, sino también quienes conformarían el banco de elegibles.

Aunque no ha sido aún detenida, a la exfuncionaria judicial la Fiscalía la acusa de haber archivado sumarios administrativos que podrían haber terminado en la destitución de jueces, se la investiga por haber favorecido a una estructura delictiva con el cambio administrativo de jueces que fallaron a conveniencia e incluso se habla de haber favorecido con acciones desde el CJ en la campaña para uno de los candidatos a la presidencia de la Corte del Guayas.

En varias entrevistas dadas durante la semana por la vocal de la Judicatura Solanda Goyes, ella reconoce que la situación del CJ y de la Función Judicial en general es bastante crítica, pero piensa que eso no significa que no haya posibilidades de salir. Explica que el Ecuador siempre ha tenido problemas con sus sistemas judiciales y ahora este nuevo pleno del CJ trabaja con una herencia de inacción de varias administraciones pasadas.

El crtiterio de la probidad

Goyes hace pocas semanas se incorporó al pleno de la Judicatura, en reemplazo del vocal principal Xavier Muñoz, quien renunció al cargo desde la cárcel, pues está siendo procesado por el delito de obstrucción de la justicia y además la Fiscalía lo investiga por el delito de lavado de activos.

QUITO (13-12-2023).- Jueces de Cotopoaxi involucrados en el caso Metástasis ingresaron a la Unidad de Flagrancia, en Quitio, bajo un estricto resguardo policial. Santiago Molina / EL UNIVERSO Foto: Santiago Molina

Uno de los primeros asuntos en los que puso interés la exdirectora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ fue la construcción del reglamento para el concurso de jueces de la Corte Nacional que está en manos de la Judicatura. Lo que observó inicialmente la funcionaria es que en la estructura del reglamento del concurso se ha hecho un proceso demasiado burocrático, en donde se ha priorizado más bien la formalidad en lugar de la sustancia.

“Uno de los primeros pedidos ha sido sigamos lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial, que determina básicamente dos fases: la de méritos y de oposición, pero también se debe incluir lo que tiene que ver con probidad de manera rigurosa, de tal forma que podamos ir hacia una Corte Nacional de Justicia en donde se tenga a los mejores hombres y mejores mujeres profesionales de derecho para que actúen en esa alta corte”, explicó la vocal.

Otro tema que Goyes pone en el tapete para que se considere en el análisis del reglamento para este nuevo concurso es que no puede ser la única fuente la Función Judicial. Según ella, el reglamento actual le da ciertas ventajas al que es operador de justicia y es necesario refrescar la Corte Nacional con profesionales que provengan de fuentes como el libre ejercicio profesional y la docencia.

El constitucionalista José Chalco refiere que, por ejemplo, en el concurso para jueces de Corte Nacional de Justicia, no se puede en este momento privilegiar, ni dar puntajes excesivos a quienes vienen del Poder Judicial cuestionado, pues lo que se necesita es sanear a un sistema judicial que viene, dice, “lamentablemente desvinculado de la ética, de los principios y vinculado a otros fines y razones subterráneas”.

La vocal Goyes tiene claro que uno de los elementos que tiene que incorporarse en los nuevos concursos con mucha precisión es el análisis de la probidad. Para ella la probidad es una característica, un requisito que está establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial y que se repite 16 veces dentro de ese cuerpo legal.

“Le corresponde (a este CJ) encontrar los medios para hacer que la valoración sea lo más adecuada, con el objeto de que a quien se seleccione sean personas que garanticen no solamente la parte técnica, sino también, que desde su perfil se pueda observar que son profesionales que cumplen con ciertas características para ser juez, entre esas el resistir a las presiones”, concluyó.

La tarde del viernes último, el pleno del CJ, por unanimidad, reformó en materia de paridad de género, impugnación ciudadana y valoración de méritos el reglamento para el Concurso de Designación de Jueces y Conjueces de la CNJ. (I)