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Editorial

  • Instalación de las mesas de diálogo

    Las protestas protagonizadas por los indígenas entre el 13 y el 30 de junio del 2022, mayoritariamente en provincias de la Sierra y Amazonía, fueron más violentas que pacíficas. Para condicionar al Gobierno a cumplir sus demandas, causaron sostenido daño a bienes públicos y privados, a personas, desabastecimiento e impidieron transitar, producir y comercializar, provocando enormes pérdidas al país y a los ciudadanos.

    Dado que esta es una repetición de lo que el país experimentó en el cercano episodio convulso de octubre de 2019, cuyos promotores y ejecutores plenamente identificados quedaron impunes por la amnistía concedida en marzo pasado por la Asamblea Nacional, son varias las voces que piden que esta vez los responsables sí sean sancionados; de lo contrario, se incentivará la comisión de más delitos.

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