No es usual en el país que las responsabilidades de quienes destruyen propiedades públicas y privadas en el desarrollo de paralizaciones y protestas callejeras lleguen a alguna sanción en el plano judicial, a pesar de los esfuerzos que hagan los perjudicados.

Hasta amnistías se han concedido en la Asamblea Nacional a impulsores de paros y bloqueos que han tomado esas medidas como plataformas para sus campañas políticas y aparecieron poco después en las papeletas.