El pasado 16 de noviembre, entre las preguntas de referéndum y consulta popular, a las que la ciudadanía dijo no, estaba la que planteaba eliminar la obligatoriedad del Estado de financiar a los partidos y movimientos políticos nacionales. La negativa no implica que estos dejen de rendir cuentas. El mismo artículo 110 de la Constitución que establece las asignaciones señala que los rubros están sujetos a control.

El artículo 115 de la carta magna detalla que el Estado garantizará equidad en la promoción electoral a través de los medios de comunicación y “los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios y vallas publicitarias”.