Publicidad
“La situación de violencia y criminalidad organizada no solo persiste, sino que se ha intensificado y extendido territorialmente, evidenciándose una dinámica delictiva interconectada entre corredores logísticos y zonas de influencia que demanda una respuesta estatal integral, coherente y focalizada”. Este es un grave resumen que consta en el decreto de estado de excepción que firmó el presidente Daniel Noboa para cerrar el 2025.
El 9 de enero de 2024, el mandatario declaró el conflicto armado interno, reconoció como terroristas a una veintena de grupos de delincuencia organizada transnacional y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a las bandas señaladas por sus actos delictivos. Efectivamente el país, a los casi dos años de este decreto, sufre el embate brutal de la violencia y el régimen está en la obligación de recurrir a las herramientas constitucionales para frenarlo.
(...) debemos estar conscientes es que el día a día se construye con cada una de las acciones que nosotros llevemos a cabo.
El exceso interpretativo de que los derechos son inalienables protege el acto de delinquir a la vez que resta o destruye los derechos de quien es violentado...
Varios de nuestros especialistas expresan que trabajar en seguridad y en servicios esenciales, como salud, debe ser la prioridad este nuevo año.
