El miércoles pasado la Asamblea Nacional censuró y destituyó al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, tras “determinar su responsabilidad política por manifiesta inoperancia en el ejercicio de sus funciones”, anota un comunicado del Legislativo. Hay un camino por recorrer luego de este juicio político.

El juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció presiones que habría ejercido Godoy, a través de terceras personas, aseguró que el resultado de censura le da la certeza de que a futuro los jueces que decidan alzar su voz contra las presiones y la falta de protección “ya no estarán solos. Como ahora, contarán con el respaldo firme de abogados y jueces honestos, de los representantes de sus gremios, de los académicos, de destacados actores sociales, de los periodistas libres y responsables y, en general, de una sociedad civil vigilante que los acompañará y exigirá que las autoridades obligadas a velar por la libertad y la seguridad de quienes juzgan cumplan, sin excusas, su deber”. Una judicatura honesta, con personas seleccionadas de acuerdo con sus capacidades e íntegras, no pondría al país en el bochornoso momento de hablar de corrupción en una de las instituciones que debe estar vigilante del desempeño recto de la justicia.