Las reformas a la Ley de Extinción de Dominio a bienes de origen ilícito guiaron el debate en el seno de la Asamblea Nacional del primer informe de urgencia económica de la Ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento contra la corrupción, propuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa.
La mañana de este 1 de febrero de 2024 se discutió en primer debate el informe trabajado en la Comisión de Régimen Económico y Tributario de este texto que reforma siete leyes vigentes como la de Extinción de Dominio, de Contratación Pública, de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Administrativo, Civil, la de Fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios.
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El debate estuvo orientado hacia la lucha contra la corrupción y agilizar los procesos de investigación para quitar a los grupos delictivos los bienes adquiridos de manera irregular.
Articulado a ello, también hubo pedidos para que se esclarezca el requerimiento de una sentencia condenatoria ejecutoriada para proceder con la extinción de dominio y evitar el abuso del derecho, acogiendo los dictámenes vinculantes de la Corte Constitucional (CC).
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La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango (ADN), abrió la jornada en la que indicó que son alrededor de $ 110 millones que se encuentran retenidos por delitos relacionados a lo económico, por lo que es necesario que la ley permita proceder sin esperar una sentencia penal previa.
En Ecuador se tiene un patrimonio producto de actividades ilícitas que correspondería a $ 1.700 millones y, de recuperarse al menos el 10 %, se podrían rescatar $ 170 millones, dijo.
Aseguró que los cambios permitirán que no se espere una sentencia previa condenatoria ejecutoriada para agilizar los procesos judiciales y evitar que se tomen hasta cuatro años en contar con una resolución.
La referencia es al artículo 7 de la actual Ley de Extinción de Dominio, para que diga en adelante: «toda actividad tipificada como delictiva, aun cuando no se haya dictado sentencia, así como cualquier otra actividad que el legislador considere susceptible de aplicación de esta ley. En ningún caso se podrá alegar prejudicialidad para impedir que se dicte sentencia de extinción de dominio».
Según Farinango, se garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes procesales y tiene como objeto reducir plazos para la investigación.
Por ejemplo, actualmente, la Fiscalía General del Estado tiene un plazo de doce meses para hacer la investigación patrimonial, pero se propone reducirlo a seis meses.
Además, resaltó la propuesta de destinar el 80 % de lo que se obtenga de la monetización para inversión social en políticas públicas a favor de la niñez; el 10 % para la modernización de las áreas de la Fiscalía; y, 10 % para infraestructura para los gobiernos parroquiales.
En materia de la Ley de Contratación Pública, se crearía una unidad antilavado en el interior del Servicio de Contratación Pública (Sercop); y agilizar la contratación en áreas como la seguridad, para los centros de privación de libertad y crear observatorios ciudadanos que vigilen la transparencia de los contratos públicos.
Fueron 31 legisladores de las diferentes bancadas que intervinieron en el hemiciclo con comentarios de respaldo al texto legal y pocas observaciones. Esencialmente, asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) pidieron a la comisión que se tomen en cuenta los dictámenes de la Corte Constitucional (CC), respecto de las garantías del debido proceso.
Pero, según Farinango, la reforma acoge los puntos establecidos por la Corte Constitucional.
Por su parte, el legislador Jorge Álvarez Grande, del PSC e integrante de la Comisión de Régimen Económico, aclaró que su bancada no se opone a este proyecto de ley, pero debe hacérselo bien.
«Estamos de acuerdo con que debemos quitar estos bienes mal habidos, pero hagámoslo bien. No debemos cometer el error de pasar por alto el dictamen de la Corte Constitucional», anotó Álvarez, en referencia a un reciente pronunciamiento que dispone que para proceder con la extinción de dominio debe existir sentencia previa condenatoria.
«No es procedente aplicar la extinción de dominio sin que primero se haya declarado la culpabilidad de la persona. Debemos recortar tiempos a los procesos investigativos, pero hay que normar con rigurosidad. (…) Si aprobamos esta reforma de manera irresponsable, con base en presunciones, esta ley a futuro se va a convertir en un chantaje, en un arma de chantaje de políticos y fiscales corruptos. Se negociarán sentencias y también la utilizarán para irse en contra de cualquier ciudadano. Sin que se haya declarado mediante sentencia previa, los pillos van a demandar al Estado y reclamar los bienes y encima se tendrá que indemnizarlos porque se les vulneraron los derechos del debido proceso», expresó.
Patricio Cisneros (ADN) propuso que los recursos que se obtengan de monetizar los bienes ilícitos se destinen a los gobiernos parroquiales rurales de las provincias en donde se cometa un delito.
El legislador José Luis Vallejo (RC) pidió dejar de lado la retórica jurídica que puede desmontar el Estado de derecho, ante la discusión de que esto no afecta a las personas, sino a los bienes y por eso no necesita de sentencia ejecutoriada.
Debe haber «certeza de que se cometió un ilícito, porque una afectación a los bienes es afectación de las personas, se deber garantizar el debido proceso y evitar la retórica de la doctrina del shock», alertó.
El legislador Juan Carlos Molina (RC) expresó el respaldo a la Ley de Extinción de Dominio, pero sugirió cambios a la Ley de Contratación Pública para que se elimine la posibilidad de otorgar al presidente de la República procedimientos especiales que se incorporen a través del reglamento a la ley.
También, que la comisión acoja para el informe de segundo debate una reforma a la Ley de Transparencia para que la información de la contratación pública relacionada con la seguridad nacional sea clasificada (reservada).
Samuel Célleri (PSC) reiteró que su bancada no está en contra de reformar la Ley de Extinción de Dominio, pero pidió acatar el dictamen de la Corte Constitucional que dispone la existencia de una sentencia en firme para actuar y precisar las conductas sobre las que se aplicará este mecanismo.
La parlamentaria Karina Subía (ADN) pidió no incorporar en la ley de contratación la creación de una unidad antilavado porque existe la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), a la que debería fortalecerse.
Su coideario Ramiro Vela propuso que para el segundo debate se pueda incorporar la figura del encubrimiento solidario, para que alcance a las personas privadas, que en ocasiones son las que salvaguardan bienes producto de actividades ilegales.
La bancada de Construye tuvo una postura de respaldo a esta iniciativa y llamó a los demás legisladores a aprobarla cuando corresponda el segundo y definitivo debate.
Veinte minutos antes de las 13:00, la vicepresidenta de la Legislatura cerró esta plenaria y dispuso que el informe vuelva a la comisión para que se procesen las sugerencias de los asambleístas. (I)