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Quito, 30 de enero de 2024.- La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional durante el debate de la ley reformatoria a la Ley de Extinción de Dominio. Foto: Cortesía de la Asamblea Nacional Foto: Cortesia

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En dos dictámenes la Corte Constitucional (CC) se ha pronunciado sobre las garantías del debido proceso que deben amparar las investigaciones judiciales para aplicar la extinción de dominio de bienes considerados de origen ilícito.

En la Asamblea Nacional, la mañana de este jueves, 1 de febrero de 2024, está prevista una sesión para conocer en primer debate el informe sobre el proyecto de urgencia económica denominado Ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento contra la corrupción, propuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa.

Su objeto es financiar la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y demás delitos asociados a la criminalidad, a través del ahorro de recursos, prevención de delitos y transparencia en la contratación pública; y, aplicar mecanismos expeditos de extinción de dominio para la monetización de los activos ilícitos.

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El texto incluye reformas a la actual Ley de Extinción de Dominio, vigente desde mayo del 2021, que preocupan, esencialmente a la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), cuyo legislador Jorge Álvarez Granda, miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, votó en contra del informe para primer debate.

En contexto, al menos tres de los artículos que se proponen cambiar este jueves fueron observados como inconstitucionales por la Corte Constitucional, cuando se debatió y aprobó la primera Ley de Extinción de Dominio en el 2021.

Además, hace nada más que seis días, la CC no dio paso a una pregunta para enmendar la Constitución que presentó el gobierno de Noboa para reformar la ley en mención.

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Entre los artículos que son mencionados en la propuesta legal que se debatirá en la Asamblea y que la Corte dictaminó su improcedencia están los siguientes:

El artículo 7 de la Ley de Extinción de Dominio. La Comisión propone que este diga: «Toda actividad tipificada como delictiva, aun cuando no se haya dictado sentencia, así como cualquier otra actividad que el legislador considere susceptible de aplicación de esta ley. En ningún caso se podrá alegar prejudicialidad para impedir que se dicte sentencia de extinción de dominio».

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En el 2021, la Asamblea determinó que la actividad ilícita daría lugar a la extinción de dominio como «toda actividad contraria al ordenamiento jurídico vigente».

Los nueve jueces de la Corte Constitucional han sentado jurisprudencia sobre la extinción de dominio. Foto: Cortesía de la Corte Constitucional. Foto: Cortesia

La Corte cuestionó esa redacción y ahora el artículo 7 dice: «Actividad ilícita.- Las acciones u omisiones relacionadas con los delitos tipificados en el Código Integral Penal de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y tráfico de personas, establecidos mediante sentencia condenatoria ejecutoriada».

Los jueces recuerdan que debe respetarse la garantía del debido proceso contenida en el artículo 76 numeral 6 de la Constitución, sobre la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

El artículo era «extremadamente amplio e indeterminado en cuanto se refiere de forma general y abstracta a cualquier tipo de actividad contraria al ordenamiento jurídico, lo que puede abarcar un conjunto infinito de situaciones».

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No se describían con claridad los elementos constitutivos de la conducta que dará lugar a la sanción y eso puede constituir ilícitos penales, civiles, administrativos, infracciones tributarias.

«Esa amplitud e indeterminación podría aplicarse a supuestos desproporcionados a la sanción de extinción del derecho de dominio. Al definir como actividad ilícita a toda actividad contraria al ordenamiento jurídico vigente, la extinción de dominio se activaría contra conductas que claramente no se compadecen con la sanción a la que serían objeto».

Pidió a la legislatura que delimite de manera clara y nítida, expresa, precisa, taxativa y previa las conductas que serán objeto de extinción de dominio.

Sobre el no contar con sentencia ejecutoriada para aplicar la extinción de dominio, la Corte se pronunció en el dictamen que rechazó la pregunta 2 de enmienda que proponía Daniel Noboa.

Los jueces señalaron en el fallo del 25 de enero de este 2024 que «se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada».

Este principio limita el poder punitivo del Estado para proteger a las personas de su uso arbitrario y autoritario, en lo legislativo, procesal, y extraprocesal, lo que implica que toda persona debe ser tratada como inocente antes y durante un proceso legal.

«Esta presunción debe ser vencida mediante pruebas lícitas de culpabilidad, la cual debe ser declarada en sentencia. Asimismo, la carga de la prueba la ostenta quien ejerce la posición acusatoria. Por tanto, se vulnera esta garantía cuando, por ejemplo, se establece una presunción de culpabilidad, esto es, un trato en calidad de ‘culpable’ respecto de una persona aun ante la inexistencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada que haya desvirtuado su inocencia».

La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, de la bancada oficialista ADN, dijo el lunes pasado que la propuesta reformatoria respeta el debido proceso y permite que el investigado presente sus pruebas y justifique sus bienes. «No se viola el debido proceso y estamos a favor de que los bienes se devuelvan al Estado y se invierta en el desarrollo del país».

Justamente, sobre los recursos que se obtengan de la extinción de dominio, la Corte Constitucional también declaró en el 2021 inconstitucional el mecanismo que se planteaba para gestionar esos dineros.

En el debate de la primera Ley de Extinción de Dominio, el artículo 72 proponía que la monetización de los bienes constituidos como activos especiales y que cuenten con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio se invertiría en programas destinados a desarrollo infantil, erradicación de trabajo infantil, en un porcentaje no inferior al 70 % sin que ello se considere como preasignación presupuestaria.

El 30 % restante se destinaría a la capacitación del personal y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la ejecución de esta ley.

Pero la Corte dictaminó que esto contrariaba los artículos 298 y 292 de la Constitución y lo declaró inconstitucional.

Simplificar procedimientos en la Ley de Extinción de Dominio es lo que se busca con la pregunta 9 de la consulta del presidente Daniel Noboa

Los jueces consideraron que era una iniciativa «loable» destinar los recursos a fortalecer las instituciones que ejecutarían la Ley de Extinción de Dominio, pero la Carta Política determina que los ingresos que reciba el Estado por concepto de monetización de los bienes que cuentan con sentencia ejecutoriada que declara la extinción de dominio a su favor son ingresos que deben formar parte del Presupuesto General del Estado.

De esa forma, «el Legislativo está vedado de excluir del Presupuesto General del Estado los recursos que recupere por efecto de la aplicación de la ley y establecer legalmente un destino específico para estos ingresos constituye una preasignación presupuestaria».

Sin embargo, la Comisión de Régimen Económico propone en el informe que conocerá este jueves que la monetización de los bienes que cuenten con sentencia ejecutoriada será destinada en un 80 % a inversión en programas destinados a desarrollo integral infantil con énfasis en educación, erradicación del trabajo; y, la desnutrición infantil.

Atender, mitigar y solventar los efectos de desastres y fenómenos naturales a nivel nacional; elaboración y ejecución de proyectos que promuevan el desarrollo económico, social, vial, deportivo o cultural; y, aquellas que, por necesidad, determine el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Reglamento General de la presente Ley.

El 10 % de la monetización de los bienes constituidos como activos especiales y que cuenten con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio será destinada a la modernización y desarrollo tecnológico de la Fiscalía General del Estado.

El 10 % restante, para obras de infraestructura y desarrollo social de los gobiernos parroquiales rurales.

La CC reconoció que la lucha contra la corrupción puede requerir de medidas innovadoras, pero ello no puede vaciar de contenido a los derechos y garantías constitucionales. «Cuando una medida sancionatoria no está revestida de las garantías del debido proceso, deja un peligroso margen de discreción para la actuación de los jueces que conocen estas causas, así como para los fiscales que las promuevan. Es preciso recordar que la propia administración de justicia es susceptible de verse influida por el fenómeno de la corrupción», señalaron en el 2021.

Aclaró que, si bien es cierto que la acción de extinción de dominio se dirige contra bienes y no contra personas, esos bienes tienen un titular y ese titular tiene un derecho real de dominio sobre ellos, ejercido por efecto de su derecho constitucional a la propiedad.

Por ello, cuando a través de la acción se declare la extinción de dominio, se estará imponiendo una sanción de carácter patrimonial sobre una persona: la extinción de su derecho de dominio sobre dicho bien. (I)

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