El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, anunció el triunfo este lunes.
Los activistas harán visitas a barrios, parroquias rurales y mercados con medidas de bioseguridad.
Ocho grupos están habilitados para promocionar el Sí y el No a la minería en Cuenca. Unos fusionarán esta campaña con la de los comicios generales.
El Comité por la Institucionalización Democrática también solicitó se active la fase de seguimiento del dictamen de su propuesta de referéndum para reformar parcialmente la Constitución.
El CNE aprobó los diseños de las papeletas y documentos electorales.
La consulta se hará e 7 de febrero del 2021 y el presupuesto para la realización de este proceso bordeará los $ 137 mil.
Este dinero será para imprimir las papeletas porque no deberán gastar en logística, que estará a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El Consejo Nacional Electoral aún no realiza la convocatoria para preguntar a cuencanos si están de acuerdo con prohibir la minería metálica a gran escala en zona de recarga de ríos.
El CNE prevé convocar a la consulta popular el 14 de octubre, y las votaciones serían el 13 de diciembre.
Los resultados de este plebiscito, que podría ser incluido en las elecciones generales del 2021, se aplicarán para el futuro.
Son once preguntas que se refieren a temas como la seguridad social, las rentas de los gobiernos locales, la reactivación del agro y la acuacultura, la explotación minera e hidrocarburífera responsable, y la sanción para crímenes execrables.
El pedido se presentará en estos días ante la Corte Constitucional, indicó la sala de Prensa de Nebot.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, cree que es grave que se trate de convertir en un símil con el caso Sobornos 2012-216 con la denuncia que se hace sobre supuestos aportes de instituciones públicas a la campaña para la consulta popular de 2018.
De la campaña electoral de la consulta popular y referéndum del 2018
Fabricio Villamar y Ronny Alega se refirieron a la investigación previa abierta por supuesto uso de recursos públicos en la campaña para la consulta popular de 2018. Jorge Wated llegó a Fiscalía para pedir que se le tome versión.
Allanamientos y prohibiciones de salida del país es lo que pide el asambleísta Fabricio Villamar dentro de investigación previa por el ilegal uso de recursos públicos para el financiamiento de la campaña para la consulta popular de 2018.
Sobre las supuestas irregularidades en el financiamiento de campaña de la consulta popular del 2018, el funcionario aseguró que no conoce las pruebas y por eso no puede hablar, que la Fiscalía tiene que responder.
Medio digital denunció que hubo una "doble contabilidad" en Alianza PAIS y que se desviaron recursos de las empresas públicas para pagar los gastos de tarimas, camisetas y recorridos.
Así reaccionó el presidente de la República a una denuncia de La Posta sobre los fondos públicos que se habrían usado en la consulta popular de 2018.
“Cuatro veces más de rúbricas” para ir a una consulta popular, anunciaron los activistas.