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Juicio político a vocales del Consejo de la Judicatura se acerca al centenar de pruebas de cargo presentadas en la Asamblea

Está transcurriendo el plazo de quince días para la presentación de las pruebas de cargo y de descargo por parte del interpelante y los acusados.

QUITO (31-01-2024).- Pamela Aguirre, asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana y presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

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La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional hasta el momento ha recibido ochenta pruebas respecto al juicio político que tramita en contra del actual vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Fausto Murillo y el exvocal de ese organismo Juan José Morillo, acusados de supuesto incumplimiento de funciones.

La presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre (RC), explicó que los dos acusados tienen hasta el 3 de febrero para presentar las pruebas de cargo y de descargo, y desde entonces empezará la actuación de las pruebas; y, para ello, se han presentado de momento 80 pruebas, de las cuales 22 son testimoniales, 16 son audiovisuales y 42 son documentales. Aún falta que los dos procesados por incumplimiento de funciones presenten también sus pruebas testimoniales, documentales y pedidos de actuación de pruebas.

Las pruebas en contra de los dos acusados las formulará el legislador socialcristiano Carlos Vera Mora, quien fue designado por el pleno de la Asamblea Nacional para que continúe con el proceso, tomando en cuenta que la solicitud de interpelación fue presentada y calificada en el anterior periodo legislativo por parte de los asambleístas Luis Almeida, en ese entonces del bloque PSC, y por Xavier Santos, que pertenecía al bloque de la Izquierda Democrática. Las acusaciones que presentaron tenían relación con una supuesta arrogación de funciones, tráfico de influencias y por incumplimiento respecto a la homologación salarial y falta de insumos para la Función Judicial.

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El tráfico de influencias tendría relación con supuestos audios filtrados en junio de 2022, en los que se evidenciaría que el entonces vocal Juan José Morillo intentó influir en el juez encargado de resolver la apelación presentada por Guadalupe Llori para obtener un dictamen favorable para que se mantenga en la presidencia de la Asamblea Nacional; sin embargo, Fausto Murillo, en ese entonces presidente del Consejo de la Judicatura, no realizó ninguna gestión ante la denuncia.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, aseguró que no están de acuerdo con que el pleno de la Asamblea asigne a nuevos interpelantes cuando el proceso de juicio queda suspendido en la Comisión de Fiscalización. Heredar un juicio es complejo, porque tiene que encontrar y determinar responsabilidades para asegurar la censura y destitución.

Aguirre insistió en que el incumplimiento en el que habrían incurrido los acusados está contenido en audios donde supuestamente se pedía a un juez no proceder a destituir a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional cuando un grupo de asambleístas buscaba su salida del Parlamento.

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La legisladora de RC contó que en el anterior periodo, en la Comisión de los Trabajadores, el entonces asambleísta Luis Almeida invitó a comparecer a funcionarios judiciales que enfrentaban una situación de vulneración de derechos laborales porque en la administración de Fausto Murillo no se habrían hecho los procesos de ascensos de cargos, actualización de sueldos y capacitaciones respectivas.

Luego de la actuación de la prueba, que durará diez días, se presentará el informe donde se recomendará o no el juicio político a los procesados.

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Una vez concluido este proceso, empezará el siguiente juicio; frente a ello hay dos posturas: los legisladores de la Revolución Ciudadana consideran que el siguiente juicio es al exministro del Interior Juan Zapata, mientras que el PSC y ADN señalan que el próximo juicio es al exministro de Energía Fernando Santos Alvite.

El dilema surge porque la mesa de Fiscalización ya conoció el expediente del juicio político a Santos Alvite, pero no tomó una resolución porque faltaba que primero se evacuaran las solicitudes de interpelación represadas tras la aplicación de la muerte cruzada.

El otro sector considera que el tema del juicio al exministro de Energía ya se conoció en la comisión y no hubo resolución, y pasaron los cinco días que estipula la norma para seguir con el proceso; por lo tanto, el proceso no iría. El debate sobre esto recién empieza. (I)

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