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Se acerca la jornada de la consulta popular y referéndum, a la que los ecuatorianos en el exterior están convocados, pero de forma presencial.
Los actos de corrupción que han empañado a la función pública en los últimos siete años están exfuncionarios electos en el CPCCS con los mejores puntajes.
El asambleísta Lucio Gutiérrez interpuso un recurso subjetivo para dejar sin efecto una resolución del CNE que suspendió al PSP por un año.
En primera instancia, el juez del Tribunal Contencioso Electoral Fernando Muñoz lo sentenció por una infracción electoral grave. Aún puede apelar.
El CNE suspendió al PSP por un año al 'no justificar' el uso de recursos. Un juez electoral detuvo el efecto de la resolución hasta resolver un recurso.
Los jueces Fabiola G. R. y Johann M. M. reportaron deudas y patrimonios que no superan los $ 400.000, según los documentos públicos de la Contraloría.
El organismo de control confirmó responsabilidades civiles y administrativas por $ 38 millones en los últimos cien días.
La autoridad de control anuncia que realizará un examen al exasambleísta del PSC Pablo Muentes, investigado por la Fiscalía por delincuencia organizada.
El análisis de los procedimientos que aplicó el Instituto abarcarán el reclutamiento de personal, contratos de comunicación. Se harían siete auditorías.
Los jueces emitirán jurisprudencia vinculante de estos recursos jurisdiccionales que están 'desnaturalizándose' en los procesos que lleva a cabo el CPCCS.
En 2020, Contraloría recomendó aplicar correctivos a los sistemas del CNE. El plan costaría unos $ 300.000 y se aprobó con observaciones de los consejeros.
El exmandatario recibió una sanción de $ 6.900, 15 salarios básicos, por la designación de Sebastián Corral como secretario de la Administración Pública.
La mesa legislativa justificó que el llamado se produce “por varias denuncias que son de dominio público".
La institución revisará declaraciones patrimoniales del expresidente Guillermo Lasso y de su exvicepresidente Alfredo Borrero, presentadas el 5 de enero.
La ley respectiva dispone de un plazo de tres años para pronunciarse de las declaraciones presentadas de los ciudadanos elegidos por voto popular.
El examen determinó que Corral no debió ser designado funcionario público en el gobierno de Guillermo Lasso, quien también debe pagar una multa de 15 SBU.
El exservidor no podía ejercer como secretario de Administración y Gabinete de Guillermo Lasso por ser accionista de medios que tienen contratos con el Estado.
Corral es accionista de Centro de Radio y Televisión Cratel C. A. y Teleamazonas Guayaquil S. A., que mantienen contratos de concesión con el Estado.
Para financiar el viaje se tomaron $ 2.700 de la partida de bienes del Consejo Nacional Electoral para ponerlos en la de viáticos, que solo tenía $ 1.000.
Reformas a siete leyes para monetizar activos ilícitos regresará a la Comisión de Régimen Económico, para que elabore el informe final y evalúe sugerencias.