Las causas que rodearon el asesinato del general y excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno han motivado investigaciones desde seis frentes del Estado en los últimos trece años, sin que hasta la actualidad este suceso haya podido aclararse.

Jorge Gabela fue comandante de la FAE entre enero del 2007 y abril del 2008, y objetó la adquisición de siete helicópteros Dhruv porque no reunían los complementos técnicos para su operación en actividades militares; los ofertó la empresa hindú Hindustan Aeronautics Limited (HAL), y finalmente los adquirió el Ministerio de Defensa en el 2008, en la administración de Rafael Correa, por $ 45 millones.

Un 19 de diciembre del 2010, un grupo de delincuentes ingresó en su vivienda en Guayaquil en una aparente persecución a su hija y, al salir en su defensa, Gabela recibió varios disparos que provocaron su muerte diez días después.

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El caso se investigó como un asesinato y se detuvo a los autores materiales, que fueron condenados a prisión en el 2011. Uno de ellos fue asesinado.

Su viuda, Patricia Ochoa Santos, relató que en ese hecho los delincuentes no robaron nada, por lo que demandó de los organismos del Estado una investigación más profunda, pues sostiene que el asesinato de su esposo se vincula con las denuncias que hizo de irregularidades en la compra de los Dhruv, de los que cuatro se accidentaron y los tres restantes están inoperativos.

La siniestralidad de estos aparatos causó tres muertos y varios oficiales heridos. El primer accidente se dio en el 2009, durante un acto castrense de la FAE en la Base Aérea Mariscal Sucre, en Quito, cuando, en medio de la exhibición de las aeronaves, uno de los nuevos Dhruv se estrelló contra la pista. No hubo heridos.

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El entonces comandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez, justificaba: “Lamento que haya sido uno de los helicópteros nuevos; es uno de los helicópteros Dhruv. Precisamente pensaba decir dentro del discurso que es uno de los helicópteros que nunca podrían accidentarse, porque realmente son helicópteros buenos, y lamento que mi gente, realmente, se emocione tanto en hacer las maniobras que tienen que hacer, que lleguen a perder el control, como es en este caso”.

Caso Gabela: después de la disolución de la Asamblea Nacional fluyó la entrega de información a la comisión gubernamental que reconstruye el tercer producto

En todo caso, desde entonces la investigación de la muerte de Jorge Gabela ha pasado por tres gobiernos: el de Rafael Correa, el de Lenín Moreno y, en la actualidad, el de Guillermo Lasso; por la Contraloría General del Estado, por la Asamblea Nacional, por la Fiscalía del Estado, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y, en un último momento, por la Corte Constitucional (CC), que es en la que Ochoa guarda una “esperanza” para conocer a los posibles autores intelectuales que estarían detrás de este crimen.

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La articulación entre estas seis instituciones del Estado se da alrededor de un expediente no judicial que tuvo origen en un comité interinstitucional del que se desprendió un “tercer informe” que estaría desparecido de los archivos públicos.

En él se habría concluido que se trató de un hecho de delincuencia organizada, que tendría autores intelectuales relacionados con las sospechas de Gabela.

Esto empezó un 3 de octubre del 2012, cuando Rafael Correa dispuso a través del decreto ejecutivo 1317 la creación de un comité interinstitucional que lo integraban las máximas autoridades de cinco ministerios de Estado y que tenían un encargo: “Conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte de Jorge Gabela Bueno, excomandante de la FAE”.

Correa les dio tres atribuciones, como recopilar información de cualquier naturaleza que aporte a la investigación y entrevistar a las personas que pudieron tener conocimiento de los hechos denunciados, en el país o en el exterior.

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Acceder a los archivos y documentos, incluso aquellos que se encuentren protegidos con el carácter de secreto, confidencial reservado u otro, siempre que tengan relación con los objetivos del comité y previa desclasificación; y practicar visitas, inspecciones, sesiones de trabajo o cualquier otra actividad que se considere pertinente.

Podrían contar con peritos y expertos que les ayuden en el análisis técnico.

La disposición era que, al terminar sus funciones, se entregue al presidente de la República, en ese entonces, Rafael Correa, “un informe final que contenga el pronunciamiento definitivo”.

Este comité lo integraban los ministerios de Defensa, el extinto de Coordinación de Seguridad, del Interior, la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión y el desaparecido Ministerio de Justicia, que presidía ese cuerpo colegiado.

Para el cometido se hizo la contratación de una consultoría por $ 78.000 que se encargó al perito argentino Roberto Meza Niella, para que investigara el caso. Los términos del contrato demandaban de Meza tres productos: el primero que establezca un cronograma de trabajo; el segundo, la investigación; y, si de ella se desprendían hipótesis contrarias al delito común, debía avanzar un tercer producto.

Meza hizo ese tercer producto, porque en el segundo se había configurado la existencia de un delito de delincuencia organizada en el crimen de Gabela.

En el 2015, la exministra de Justicia Lady Zúñiga (hoy candidata a asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana) anunció que el crimen del general estaba relacionado con la delincuencia común y descartó la delincuencia organizada.

El presidente Rafael Correa (d) y el general Jorge Gabela se saludan en una ceremonia militar por el aniversario de la FAE, en septiembre del 2007. Atrás observa la esposa del fallecido oficial, Patricia Ochoa.

Patricia Ochoa cuestionó estas conclusiones, pues el documento que ella recibió no tenía firma ni sumilla del perito, quien a su vez reveló que esas no eran las conclusiones a las que él había llegado.

Con esos cuestionamientos, intervino la Contraloría General del Estado, que concluyó con dos auditorías. Una al “proceso de contratación y ejecución del contrato” de consultoría para la prestación de servicios especializados para identificar e investigar el deceso del general Jorge Fernando Gabela Bueno, en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y en entidades relacionadas, que se hizo en octubre del 2016.

El organismo constató que “no se evidenció la documentación que sustenta la presentación del tercer producto”, y entre sus conclusiones refiere que un documento denominado informe final que presentó Meza un 8 de julio de 2013, en la “parte de conclusiones, no contiene la firma de responsabilidad del consultor, pese a que este, según correo electrónico de 29 de junio de 2016, indicó que todas las hojas fueron sumilladas y firmadas, afirmación que el equipo de control no evidenció en el documento”.

Luego, una segunda auditoría de abril del 2019 se hizo a ”la gestión documental del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con relación al manejo de la documentación del comité interinstitucional integrado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa Santos”.

Se desprendieron ocho conclusiones, entre ellas que por 43 días no se designó un funcionario que resguarde la documentación de ese caso en el extinto ministerio, y el denominado tercer producto no fue puesto en conocimiento del comité, lo que afectó las acciones y decisiones oportunas.

El equipo auditor no evidenció que este documento se haya entregado a un administrador del contrato, o al ministro, o a los miembros del comité interinstitucional, “dejando sin evidencia cuál fue el recorrido de dicho documento”, pero quedó un documento “que no contiene ninguna firma, rúbrica abreviada, ni sumilla”.

La Contraloría había determinado sanciones administrativas para siete funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia de ese periodo, Lenin Lara (también candidato a asambleísta por la Revolución Ciudadana), según consta en un documento que se remitió a la Corte Constitucional.

QUITO. El alcalde de Esmeraldas, Lenín Lara (c) llegó a la Fiscalía General para declarar en el caso del asesinato del General de la FAE, Jorge Gabela.

Las dudas se mantuvieron y la investigación del caso llegó a la Asamblea Nacional, que el 5 de julio del 2018 dispuso la constitución de una comisión multipartidista que analizó cómo se adquirieron los siete helicópteros Dhruv, el trabajo que hizo el comité interinstitucional, la Contraloría y la Fiscalía y el asesinato de Gabela.

En las deducciones de ese informe legislativo se incorporó un numeral que señaló la posible existencia de “crimen de Estado”.

Así, el crimen del general dio un vuelco en la Fiscalía General, que retomó las investigaciones, pero para tratarlo como un delito contra los derechos humanos.

El caso se trasladó a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía por disposición del ex fiscal general (e) Paúl Pérez Reina, ante la existencia de información que daría cuenta de una posible ejecución extrajudicial.

La indagación se reavivó a inicios de junio de 2023, cuando la Fiscalía convocó a rendir versión al forense Roberto Meza.

En la administración del expresidente Lenín Moreno, en junio de 2018, una de las decisiones que se adoptó fue “desclasificar” la información relacionada con el caso Gabela.

Sin embargo, el restringido acceso al tercer producto hizo que la Defensoría del Pueblo junto con Patricia Ochoa interpongan un recurso de acceso a la información que terminó por concretarse por la Corte Constitucional.

El máximo organismo de control constitucional del país declaró en febrero del 2023 que se vulneró el derecho a la verdad de Patricia Ochoa y su familia por la desaparición del tercer producto.

El 17 de febrero de este año, los jueces suscribieron un fallo en el trámite de una acción extraordinaria de protección que interpuso la Defensoría del Pueblo y Patricia Ochoa, ya que no accedieron al tercer producto ni a través de la acción de acceso a la información pública.

Los nueve jueces de la Corte Constitucional suscribieron un fallo que declararon como una vulneración al derecho a la verdad a Patricia Ochoa, por la desaparición del tercer producto. API / DANIEL MOLINEROS Foto: El Universo

Incluso los jueces constataron “inconsistencias” en el tercer producto, que presuntamente había elaborado Meza y que llegó a sus despachos en el conocimiento del recurso.

Con ello, obligaron al Gobierno nacional, en este caso, el de Guillermo Lasso, a crear una comisión de coordinación para que convoque a Roberto Meza y reconstruyan ese expediente.

Esta comisión la integra el académico Arturo Moscoso; la exasambleísta y hoy presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz; y el ministro del Deporte y también exasambleísta, Sebastián Palacios. Los dos últimos fueron parte de la comisión multipartidista legislativa.

Meza volvió al país a mediados de mayo para elaborar este informe, y el plazo para hacerlo culminaría el 24 de agosto, una vez que la Corte Constitucional, en un seguimiento de su sentencia, aprobó una extensión de 90 días para entregar el documento.

QUITO (15-05-2023).- El perito, Roberto Meza (c), junto a Jeannine Cruz, comisionada, Horacio Martín (d), del equipo del perito, Arturo Moscoso, presidente de la Comisión, y Sebastián Palacios (i), comisionado, durante una rueda de prensa de la Comisión de Coordinación que tiene la misión de reconstruir el "tercer producto" del caso Gabela, en el Consejo de Comunicación, en el norte de Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

El primer plazo concluyó en mayo, pero por trámites administrativos en el interior de la Presidencia de la República para concretar un nuevo contrato de consultoría con Meza, la comisión solicitó una ampliación.

En la tarea por reconstruir este expediente, Arturo Moscoso solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que le remita el informe de una veeduría ciudadana que se creó en el 2019.

Esa veeduría se creó en el CPCCS de transición que presidió Julio César Trujillo (+) y tenía como objetivo vigilar la investigación y desclasificación de documentos en la Fiscalía para informar sobre los hechos relacionados con el asesinato de Gabela.

La integraron el coronel (s. p.) Mario Pazmiño, Édison Mendoza Zambrano, Carlos Orbe Fiallo, pero no pudieron avanzar en su observación.

En febrero del 2021 se dio por terminada la veeduría porque Fiscalía declaró la “reserva judicial” del proceso e imposibilitó que los veedores desarrollen sus actividades.

Esto hizo también que los veedores renuncien a su función, y el reglamento de funcionamiento de este mecanismo establece que no pueden funcionar si no están integradas con más de tres personas.

En la actualidad, Patricia Ochoa tiene esperanzas de que la disposición de la Corte Constitucional se cumpla y Roberto Meza reconstruya ese tercer producto “ahora sí con firma y sumilla”.

De su parte, la Corte Constitucional espera de la Contraloría y de la Fiscalía conocer a aquellos funcionarios del Estado que manejaron la documentación en el comité interinstitucional y determine sanciones, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (I)