El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura transitorio Marcelo Merlo solicitó a la Contraloría del Estado investigar posibles irregularidades en la construcción de edificios judiciales en cuatro ciudades del país durante la declaratoria de emergencia que hizo el Gobierno de Rafael Correa.

En una conferencia de prensa junto al fiscal del Estado Paúl Pérez y el coordinador de Infraestructura de la Judicatura, José Cisneros, el titular del Consejo indicó que el martes entregaron al contralor Pablo Celi el informe que arrojó un sinnúmero de irregularidades.

Cisneros señaló que se determinó anomalías en contratos de consultoría y diseño, en las etapas de fiscalización de las obras y adjudicación de proyectos para grupos que mantenían nexos familiares con exautoridades de la institución.

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Según el funcionario, la mayoría de los problemas detectados en la ejecución de obras surgieron a partir de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial, en mayo del 2011. Hasta 2013 se gastaron aproximadamente 304 millones de dólares.

El estudio evidencia que los Complejos Judiciales Quito Norte, Guayaquil Norte, Otavalo (Imbabura) y Latacunga registraron un excedente de entre 28 % y 72 % en los costos de construcción, dijo.

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De acuerdo al funcionario, se inciaron las construcciones sin los estudios ni diseños completos, sin la propiedad de los predios ni permisos de construcción. (I)