En seis años y 43 días en funciones como fiscal general del Estado, Diana Salazar no solo enfrentó una férrea oposición política por las acciones emprendidas como titular de la Fiscalía y calificadas por sus detractores como “persecución”, sino también debió hacer frente a una serie de intentos por separarla del cargo sea por la vía administrativa, política y hasta planificando atentados contra su integridad.
En abril de 2024, el exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Xavier Muñoz, en su testimonio anticipado dentro del caso Independencia Judicial, aseguró que existía una planificación entre el expresidente de la República y líder del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), Rafael Correa, y los entonces presidentes de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Wilman Terán y Alembert Vera, respectivamente, para suspender y destituir a la fiscal general, Diana Salazar.
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En su testimonio anticipado, el abogado guayaquileño de 40 años recordó una reunión dada el 30 de marzo de 2023 en Sao Paulo, Brasil, con el expresidente Correa. Según Muñoz, él buscaba el apoyo de la bancada de la RC ante un posible juicio político, como parte de una supuesta persecución política que llegaba desde integrantes del Partido Social Cristiano (PSC), como Pablo Muentes, y del gobierno de Guillermo Lasso.
Wilman Terán y la estrategia para suspender a Diana Salazar
Correa, a decir de Muñoz, le habría respondido que ellos como movimiento van a analizar el apoyo político en el bloque, pero le aclaró que él tiene que apoyar a Wilman Terán. El procesado recordó que mediante el entonces juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Byron Guillén y Rafael Carofilis Hernández se le consiguió la reunión con el líder del correísmo en Brasil.
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“Había el plan desde ahí con (Wilman) Terán y sus asesores, y lo más penoso con Byron Guillén y Luis Rivera, con quienes Rafael Correa ya se había reunido para suspender a la fiscal general y destituirla. También desde el Consejo de Participación con Alembert Vera para destituir al fiscal subrogante y designar a otra persona”, afirmó Muñoz.
La oposición al accionar de Salazar al frente de la FGE principalmente llegó desde la RC, sus líderes y cercanos. Luego de conocerse que Diana Salazar dejaba sus funciones, desde la RC se emitió un comunicado público en el que se acusaba a la ya exfiscal de ser parte activa del desmantelamiento de un país, de ser pieza clave en una estrategia para aniquilar a una “fuerza política que jamás la habría llevado a ningún cargo (...) ni permitido que su mediocridad se disfrazara de mérito”.
Aseguraba esa agrupación que quizá por eso tanto odio contra quienes integraban la RC. Mientras Diana Salazar estuvo como líder de la Fiscalía se procesó y condenó a figuras importantes del correísmo, como Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, a los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, Walter Solís, Carlos Ochoa, Ronny Aleaga...
Para diciembre de 2024, el procesado en el caso Pantalla y exasesor de Terán, Fabricio Herrera, contó que fue alias Diablo, como se le conoce a Wilman Terán en el caso Metástasis, quien planteó la estrategia para suspender a Diana Salazar a través de una denuncia presentada por la organización Acción Jurídica Popular (AJP). Dos de sus integrantes: Angélica Porras y Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo sentenciado por abuso sexual Freddy Carrión, acusaban a la fiscal general de haber plagiado su tesis doctoral.
Todo esto sucedió en mayo de 2023, tan solo a tres meses de que Wilman Terán fue posesionado como titular del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. A decir de Herrera, como presidente Terán les entregó el proyecto de resolución para la suspensión de la fiscal general en un pendrive. Terán convocó al pleno del CJ para la noche del 29 de mayo de 2023 para una sesión en la que se trataría el informe de la subcomisión de control disciplinario que recomendaba emitir la medida preventiva de suspensión en contra de Diana Salazar.
La sesión no tuvo quorum, por lo que Wilman Terán no pudo suspender por tres meses sin sueldo a la fiscal general, ni tampoco logró abrir un sumario administrativo que pretendía que concluyera en la destitución de Diana Salazar.
El Consejo de Participación y su intención de separar a Diana Salazar del cargo
Por esas mismas fechas el principal del CPCCS, Alembert Vera, anunció que en el pleno del organismo se dio paso a la solicitud del colectivo AJP, el cual insistía en que la fiscal plagió parte de su tesis de grado. El objetivo final de esa acción era revisar el cargo dado a Diana Salazar y sacarla de funciones. El intento se diluyó cuando la Universidad Central del Ecuador emitió un informe en el que se negaban las aseveraciones de los denunciantes.
Pero Vera aseguró que el organismo que dirigía realizó “una exhaustiva investigación” que concluyó en responsabilidades contra la fiscal general. Según él, el tema fue notificado al fiscal general subrogante, Wilson Toainga, para que inicie investigaciones por delitos como tráfico de influencia, plagio en trabajos académicos y otros.
“Pero esto no es todo. Hemos tomado medidas adicionales, sobre todo notificar a autoridades de control, como el Consejo de la Judicatura, Contraloría, y universidades, para que se generen distintas responsabilidades”, anotó el hoy extitular del CPCCS.
Aunque no fue por el tema Salazar, meses después la Corte Constitucional (CC) destituyó a Vera por desacatar un dictamen previo del organismo. La decisión se tomó con ocho de nueve votos, debido a la convocatoria que se hizo para conformar una veeduría ciudadana que revise la designación de los jueces constitucionales durante la gestión del Consejo de Participación transitorio, liderado por Julio César Trujillo (+).
Dos solicitudes de juicio político desde la RC archivadas
El 10 de septiembre de 2024 se cerró otro capítulo en el que se buscaba sacar de la Fiscalía General a Diana Salazar. El proceso de juicio político impulsado por legisladores de la RC debió iniciarse en marzo de ese año, pero por el estado de embarazo de Salazar, ella solicitó que se suspendiera temporalmente el procesamiento político. En agosto siguiente fue la propia Salazar quien pidió que se continuara con el juicio político, pues los riesgos médicos sobre su bebé habían desaparecido.
Con 76 votos de los integrantes del pleno de la Asamblea Nacional se archivaron las dos solicitudes de juicio político planteadas por integrantes del movimiento de la Revolución Ciudadana contra la fiscal general. La razón fue que precluyeron los plazos para que la Comisión de Fiscalización conozca la resolución aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) respecto de la unificación de las solicitudes de interpelación.
La resolución llegó tras aceptarse en el pleno de la Asamblea la inclusión en el debate de una resolución propuesta desde la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), a través del asambleísta Otto Vera. La decisión plenaria se tomó un día después de que la mesa de Fiscalización no calificó las peticiones de juicio político presentadas contra Salazar, ante un supuesto incumplimiento de funciones, por los legisladores correístas Gissela Garzón y Héctor Valladares.
Conocida la decisión, Diana Salazar, mediante un comunicado, sostuvo que ese era un final que podía darse porque estos “narcojuicios” nacieron viciados y sin el sustento que un proceso fiscalizador de este tipo requiere. Aclaró que lo ocurrido en esos meses da cuenta de los “macabros intereses” que había detrás de estos juicios.
“Como siempre lo dije: estuve, estoy y estaré lista para asumir este narcojuicio. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre; esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo que con mi equipo hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada. Renuevo mi compromiso de continuar con mi labor (...) y enfocarme en lo importante, combatir las estructuras criminales que tanto daño le han hecho y pretenden continuar haciéndole al Ecuador”, declaró Salazar.
Las amenazas de muerte y el proceso por intimidación contra Colón Pico
Por su trabajo, Diana Salazar y su familia recibieron amenazas de muerte de parte de grupos de delincuencia organizada e insinuaciones desde personajes políticos que hablan de que una vez que termine la protección que tiene de la Fiscalía y otros sectores políticos y económicos, ella deberá responder por la persecución que emprendió.
“Es momento de que el país sepa que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio el contrato no era para una sola persona, éramos dos. A él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo”. Así recordaba la fiscal general la orden que existía para acabar con su vida por ser incómoda a bandas relacionadas con el crimen organizado y político.
La primera vez que se escuchó dar nombres y apellidos de quienes estarían detrás de atentar contra la vida de Salazar fue el 3 de enero de 2024, durante la audiencia en la que se vinculó a ocho personas al caso Metástasis, en el que se investiga una “empresa criminal” liderada por el ahora asesinado narcotraficante Leandro Norero y estructurada para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios para él, su familia y cercanos a la agrupación delictiva.
En Metástasis, caso de corrupción en la justicia ecuatoriana, Wilman Terán fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de cárcel como colaborador.
Durante esa diligencia la fiscal general reveló que tenía conocimiento de un sinnúmero de alertas respecto a que tratan de atentar en contra de su seguridad, la de sus familiares y del equipo que está interviniendo en la investigación de Metástasis. Aclaró que uno de los líderes en la zona norte del país del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos, Fabricio Colón Pico Suárez, era una de las personas que estaban detrás de los atentados que se planificaron en su contra.
“Hemos recibido alertas de cómo están adquiriendo las mismas municiones y el mismo grupo encargado de haber asesinado a Fernando Villavicencio ha sido contratado para callar la voz de la fiscal. Pero esto va a quedar en las actas de esta audiencia. Es momento de decirle a todo el Ecuador que la justicia no estará de rodillas, impasible, inmutada, ni derrotada ante sus agresores. (...) Lo digo con nombre y apellido. Ahora sí vengan a asesinarme. (...) No nos van a callar”, anotó.
El 8 de octubre pasado, Pico Suárez fue sentenciado por un tribunal de Pichincha a cinco años de prisión por el delito de intimidación cometido contra la fiscal Salazar y al pago de reparación integral a la víctima de seis salarios básicos unificados ($ 2.820). En la causa por intimidación, Diana Salazar rindió un testimonio anticipado en el que recordó la amenaza que recibió en su teléfono celular la madrugada del 1 de junio de 2023.
En el video que se envió desde un número del extranjero se visualiza a siete personas tapadas la cara y portando armas de grueso calibre. Uno de ellos, mientras se mueve la toma, señala: “En honor a la verdad, la vez pasada te me salvaste, porque alguien habló por ti, pero esta vez no creo que te me salves”. El archivo enviado a través de WhatsApp finaliza asegurando: “Esto es fácil y sencillo: si no te vas por las buenas, te vas por las malas”.
En el testimonio anticipado la entonces fiscal general reconoció que la amenaza que más la alarmó fue la que iba dirigida a su hija de 9 años de edad. Todo ese proceso le ha significado, contó a la jueza de la causa, que la pequeña ingrese en un proceso de terapia y no dejen de usar chaleco, casco y tampoco puedan caminar sin custodia permanente. (I)