El proyecto de consulta y referéndum que prepara la administración de Daniel Noboa propondría que los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC) puedan ser destituidos y censurados por juicio político con 77 votos de los miembros de la Asamblea Nacional.
“En un inicio se va a plantear que sea con mayoría absoluta. Es decir, con la mitad más uno de los miembros de la Asamblea. Hay muchas opiniones de que debería ser una mayoría calificada, como la que tienen ciertas autoridades. Ahora, un juez del Tribunal Contencioso Electoral ya tiene juicio político y es un juez a la final y es con mayoría absoluta. A la final, los dos (jueces constitucionales y jueces electorales) tienen la potestad de administrar justicia. Si vamos a entrar en este debate, entremos íntegramente”, expresó el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino, en una entrevista para el medio digital La Posta.
Es decir, para enjuiciar a los jueces se requerirían menos votos que para los ministros de Estado, ya que la Ley Orgánica de la Función Legislativa pide 101 votos para censurar a un funcionario de la Función Ejecutiva.
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Asimismo, los miembros de la Función Electoral (el Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral) y del Consejo de la Judicatura, que requieren de 101 votos para ser interpelados políticamente.
El primer mandatario anunció el pasado el 5 de agosto, en sus cuentas de redes sociales, que propondrá a la ciudadanía siete preguntas de consulta popular y referéndum, entre estas la posibilidad de llevar a juicio político en la Asamblea Nacional a los nueve jueces de la Corte Constitucional.
Desde el inicio de este proyecto político luchamos por justicia y progreso, por hacer lo correcto sobre lo cómodo, lo justo sobre lo tradicional, y lo valiente sobre lo complaciente.
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 5, 2025
A diario recibimos críticas, especialmente de los que están más lejos de la gente, aquellos que…
Aún se desconoce el contenido de la pregunta y sus anexos, pues todavía no los envían a la CC, que debe emitir el dictamen de constitucionalidad en el que se determine la vía para modificar la carta política y se pronuncie sobre la constitucionalidad de las iniciativas.
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Esta propuesta se dio a raíz de que los jueces constitucionales admitieron a trámite varias demandas de inconstitucionalidad planteadas por sectores de la sociedad civil en contra de las disposiciones contenidas en tres leyes orgánicas: de Integridad Pública, de Solidaridad Nacional y de Inteligencia, aprobadas por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), entre mayo y junio de 2025.
Además, la CC acogió el pedido de medidas cautelares de los accionantes, por lo que suspendió temporalmente la aplicación de varios artículos de esas normas, como el de la declaración de un conflicto armado interno que permite al presidente de la República tomar medidas económicas.
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La Constitución, en el artículo 131, establece que los juicios políticos proceden por incumplimiento de funciones de las autoridades sometidas al control del Legislativo.
En ese sentido, Stalin Andino, abogado del Palacio de Gobierno, anticipó determinadas situaciones que han tenido efectos negativos, refiriéndose a las sentencias de los jueces.
Ejemplificó que dieron paso a la consulta popular para detener la explotación petrolera en el Yasuní-ITT, imponiendo el plazo de un año para retirar la infraestructura de los pozos instalados en el bloque 43. “Eso no estaba en la pregunta de los YASunidos, lo puso la Corte sin considerar los criterios técnicos. Entonces, si no se pudo, si es que se fracasó, ¿quién responde sobre eso?”, argumentó el funcionario.
También responsabilizó a los jueces de haber emitido una sentencia sobre la compra de medicamentos que estaría, aparentemente, teniendo consecuencias para sectores involucrados en la salud que han ingresado unos “cien escritos”, reclamó.
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A esto sumó otra causa, como el haber dispuesto la conformación de una Comisión Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General, los ministerios del frente de seguridad y de la Presidencia para que analicen mecanismos para volver al “régimen ordinario” en el combate a la delincuencia y evitar el uso de los estados de excepción.
Con este fallo, la CC conminó a las instituciones y al Gobierno a trabajar en políticas públicas en materia de seguridad, a lo que el Gobierno se opone porque considera que no es su atribución.
Por su parte, la titular del Ministerio de Gobierno, Zaida Rovira, exdefensora del Pueblo (e), tildó a los magistrados de ser “enemigos de la ciudadanía”.
En una entrevista en la cadena de televisión Ecuavisa, del pasado 6 de agosto, Rovira puntualizó que la idea es que los magistrados sean “sometidos a la contraloría social”, porque son una institución que “no tiene límites y cuando les da la gana a los jueces de turno pasan por encima de la Constitución exagerando ciertos principios para sus agendas propias”.
A su criterio, no se trataría de sustanciar un juicio político en la Asamblea Nacional en contra de estas autoridades, sino de un “control político”, que es “diferente”, aseveró.
Para este martes, 12 de agosto, Daniel Noboa encabezará una marcha hacia la sede de la Corte Constitucional, en Quito, para rechazar la presencia de sus jueces.
Convocó a sus militantes a unírsele en esta causa a las 11:00 en el sector conocido como el puente del Guambra, en el centro-norte de la capital. (I)
