El movimiento indígena radicaliza su oposición a los proyectos mineros «legales e ilegales», mientras la Asamblea Nacional continúa aplazando el tratamiento de dos leyes que operativizarán la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental. Esto, pese a que la Corte Constitucional (CC) le llamó la atención por incumplir sus sentencias en las que ordena expedir estos cuerpos legales.