En el Consejo de la Judicatura (CJ) están listos los informes técnicos para que sus cinco vocales resuelvan dar paso a la declaratoria de la emergencia en la Función Judicial y someter a sus servidores a una evaluación, amparándose en la Ley Orgánica de Integridad Pública.
Este 25 de septiembre de 2025 fue el primer día de labores de la nueva integración del Consejo de la Judicatura y su presidente reelecto, Mario Godoy Naranjo, ofreció mejorar la imagen institucional tras el “abandono que ha sufrido” y darle un giro positivo.
La Asamblea Nacional posesionó (el miércoles) a Godoy, Magaly Ruiz Cajas, Alfredo Cuadros Añazco y Damián Larco Guamán para un periodo de seis años, luego de un cuestionado proceso de designación que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y que dejó fuera a uno de los cuadros que propuso el presidente de la República, Daniel Noboa, Ivonne Núñez, quien permanece en su cargo de ministra del Trabajo.
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A este pleno aún no se suma Fabián Fabara, ya que no fue posesionado por la legislatura porque la misma Judicatura no se pronunció sobre su renuncia a la función de juez y presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En todo caso, este jueves en la mañana, el edificio de la Judicatura se preparó para recibir a los cuatro nuevos vocales con una alfombra roja y honores de la Policía Nacional. Luego hubo una declaración de prensa.
Las autoridades dieron un breve mensaje de sus expectativas y la consejera Magaly Ruiz (delegada de la Fiscalía General a ocupar este cargo) exaltó sus conocimientos sobre el estado de la justicia, la infiltración de la corrupción y cómo combatirla.
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“Debemos empezar con un proceso de depuración, porque no es posible que haya jueces vacunando jueces, eso es lo que vamos a cortar de raíz, porque para restablecer la confianza en la institución debemos empezar por las cabezas”, manifestó Ruiz, funcionaria de carrera de la Fiscalía.
Con ese antecedente, el organismo estará avocado a atender las urgencias del sistema judicial y solo faltaría que los vocales tomen posiciones ante la declaratoria de una emergencia que abarcará procesos de evaluación a jueces, fiscales y demás servidores del sector.
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El presidente del CJ, Mario Godoy, aseguró tener listo un diagnóstico integral de la Función que lo presentará a sus colegas en los siguientes días.
El diagnóstico de los tribunales de justicia provinciales y también nacional, de la Fiscalía General y de la Defensoría Pública —que componen la Función Judicial— está “actualizado”, así como un desglose de los insumos técnicos y financieros para atenderla.
“El análisis se hará con el nuevo pleno del Consejo y será el que determine la pertinencia de esta declaratoria de emergencia. (…) Dentro de los informes existe un presupuesto que se compartirá con el cuerpo colegiado en los siguientes días”, precisó Godoy, quien evitó adelantar detalles de su contenido y los valores que se requerirán.
La posibilidad de declarar una emergencia en la justicia, que no descarga la evaluación de jueces y fiscales, se introdujo como una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) en la Ley Orgánica de Integridad Pública, cuya constitucionalidad está en análisis de la Corte Constitucional (CC).
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La nueva conformación del Consejo de la Judicatura la realizó el CPCCS en un proceso de designación por ternas enviadas por las funciones del Estado, como la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Fiscalía General, la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Defensoría Pública.
De entre las quince candidaturas, los electos fueron:
Mario Godoy, de la terna de la Corte Nacional de Justicia, y que por mandato constitucional preside el CJ.
Magaly Ruiz, electa de la lista de la Fiscalía General.
Alfredo Cuadros, de la Defensoría Pública.
Damián Larco, de la Presidencia de la República.
Fabián Fabara, delegado de la Asamblea Nacional.
Estos cinco personajes y sus suplentes estarán en funciones por seis años. (I)
