Resguardada por varios vehículos, personal de diversas unidades especiales de la Policía y funcionarios de seguridad penitenciaria es como llegó antes de las 08:00 de este jueves 23 de mayo, al edificio sede de la Fiscalía General del Estado, la excomunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas Mayra Salazar, quien fue convocada a rendir versión dentro del caso Purga, proceso penal en el que se investiga a doce personas, entre ellas, el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes. La caravana de seguridad ingresó directamente al edificio de la Fiscalía, ubicado en el norte de Quito.

La seguridad que mantiene Salazar se debe a que ella es parte del Programa de Protección a Víctimas y Testigos manejado por la Fiscalía. La comunicadora de 36 años de edad es procesada dentro del caso Metástasis junto con 51 personas más que son acusadas de ser parte de una “empresa criminal” que cometió el delito de delincuencia organizada.

Caso Purga: Daniel Salcedo asegura que Mayra Salazar y Fabiola Gallardo eran las ‘flechas’ para en Guayas manejar jueces y conseguir sentencias y diferimientos

Información encontrada y periciada en el equipo celular de Salazar dentro de Metástasis dio origen a que se iniciara la investigación en el caso Purga, en el que también se analiza el delito de delincuencia organizada.

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La versión de Mayra Salazar llega a doce días de que se completen los 90 días definidos para la etapa de instrucción fiscal en el caso Purga. Los procesados fueron detenidos en un operativo en el que se dieron 43 allanamientos en Guayaquil y Samborondón, provincia del Guayas, y en la provincia de Pichincha la madrugada del 4 de marzo último.

Luego de analizar un total de 119 elementos de convicción expuestos durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de la CNJ dispuso prisión preventiva para Muentes, Fabiola Gallardo, exjefa de Mayra Salazar, los jueces Johann M., Nelson P., Lino R., Henry T. y Guillermo V., además de Ruth S. y Fausto A. Para el juez Reinaldo Cevallos se dictó arresto domiciliario, mientras que para Mónica A., esposa de Muentes, y el funcionario judicial Saúl M., presentación periódica una vez por semana y prohibición de salida del país.

Salazar versionará luego que en este mismo caso el coprocesado en Metástasis Daniel Salcedo señaló en su versión de inicios de mayo en el caso Purga que Mayra Salazar y Fabiola Gallardo eran “las flechas” para manejar a jueces y conseguir sentencias y diferimientos en la Corte del Guayas. A ambas, dijo Salcedo, les habría solicitado ayuda para el caso de su hermano Noé, quien estaba siendo juzgado en Guayas.

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Salcedo dejó claro en su versión que los mensajes enviados a través de la plataforma de mensajería instantánea Zangi y encontrados en el celular de Salazar son suyos y que la comunicadora quería hacer todo tipo de negocios, que por eso ofreció la casa y diferentes tipos de cosas para beneficio propio.

Mayra Salazar está en la sala de audiencias de la Corte Nacional con casco y chaleco antibalas. Rendirá testimonio anticipado en el caso Metástasis. Foto Cortesía

A finales de marzo pasado, Mayra Salazar rindió un testimonio anticipado dentro de la instrucción del caso Metástasis y en ella asegura que el exasambleísta por Guayas del Partido Social Cristiano Pablo Muentes se había adjudicado de forma irregular tierras en la provincia del Guayas, ejercía control sobre la justicia de esa provincia y manejaba a la mayoría en el Consejo de la Judicatura (CJ) presidido por Wilman Terán.

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Días después de ese testimonio se produjo el cambio de cárcel de Muentes, quien ha calificado lo dicho por Salazar como mentiras y tergiversaciones. Pasó de una celda en el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, en Latacunga, a otra en la cárcel de máxima seguridad, La Roca, en Guayaquil.

Pablo Muentes: Todas las declaraciones de Mayra Salazar son mentiras y tergiversaciones

La versión estaba definida para las 08:30 de este 23 de mayo.

De no darse nuevas vinculaciones a la causa, la instrucción fiscal concluirá el 3 de junio próximo. En cambio, de solicitar la Fiscalía una audiencia para vincular, independientemente del número de personas que se solicite vincular, la etapa de instrucción fiscal se alargará 30 días. (I)