Caso Purga: Banco del Pacífico presenta acusación particular contra Pablo Muentes y siete procesados más, reclama por perjuicios materiales e inmateriales $ 6,5 millones

Ante el “perjuicio patrimonial” causado al Banco del Pacífico en “procesos judiciales dolosos e injustificados” por parte del exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes; Mónica A., su esposa; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y cinco jueces y exjueces de Guayaquil, el procurador judicial del banco pide al juez de la Corte Nacional (CNJ) Javier de la Cadena que admita a trámite la acusación particular que presenta contra estos ocho procesados en el caso Purga.

El Banco del Pacífico dentro de Purga asegura tener la condición de víctima y, por ello, presenta la acusación particular en un proceso penal en el que se investiga a doce personas por el delito de delincuencia organizada.

Quien pretende ser la acusadora particular es la compañía Banco del Pacífico S. A., una sociedad legalmente constituida cuya actividad económica principal es la intermediación financiera, teniendo como accionista al Estado ecuatoriano a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

El no pago de una deuda y el inicio de acciones legales

La afectación de la que habla el Banco del Pacífico fue recordada por la fiscal general, Diana Salazar, durante la audiencia de formulación de cargos del caso Purga, realizada entre el 4 y 5 de marzo pasado. Ahí la titular de la Fiscalía explicó que el Banco del Pacífico otorgó un préstamo a los cónyuges Mónica A. y Pablo Muentes, quien aún no era asambleísta. La falta de cancelación de estos valores provocó que la entidad financiera iniciara y ejecutara los procesos de cobro.

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No obstante, el 13 de julio del 2020, Muentes y su esposa interpusieron una acción de habeas data en contra del Banco del Pacífico pretendiendo justificar su presunto pago de la referida deuda con notas de crédito aparentemente falsas o adulteradas. Esto se habría dado con la intención de que el banco reconociera la cancelación de la deuda y que pagara a la pareja valores por daños causados, los cuales ascendían a $ 3‘983.040.

“Para hacerles más fácil: le otorgan un crédito a la cónyuge de Pablo M. y a él por $ 383.000. No pagan la deuda, les cobran, pero hacen registrar unas notas mediante el abuso de un habeas data y resulta que quien debía recibir el pago termina siendo el deudor y es obligado a pagar casi $ 4 millones”, sostuvo la fiscal general durante la audiencia de formulación de cargos.

Pese a las evidentes ilegalidades del proceso de habeas data, indicó Salazar, el juez de Guayaquil Reinaldo C., uno de los doce investigados en Purga, acogió la pretensión de los demandantes y dispuso al Banco del Pacífico registrar los documentos de pago falsos en sus asientos contables, así como el resarcimiento económico a los presuntos afectados. Como recompensa por la decisión, refirió la Fiscalía, Reynaldo C. fue designado como juez provincial del Guayas.

Para el Banco del Pacífico, en el perjuicio patrimonial causado por esta “estructura criminal” contra la institución no solo participaron Pablo Muentes, Mónica A., Fabiola Gallardo y el ahora exjuez Reinaldo C., sino también, a través de dictámenes jurisdiccionales, los jueces del Guayas Johann Gustavo M., Guillermo Pedro V., Ramos Alberto L. y Nelson Macías P.

El impacto económico y financiero en la entidad bancaria

Los representantes del Banco del Pacífico aseguraban que la institución se ha visto impactada económica y financieramente por los efectos directos, más costos administrativos y legales que ha tenido que solventar a “propósito de los hechos delictivos perpetrados” por los hoy acusados a través de los procesos judiciales que en perjuicio del banco han sido “amañados”.

“Banco del Pacífico enfrenta un mandamiento de ejecución dictado dentro del desnaturalizado habeas data por la cantidad de $ 3′983.040, teniendo varios embargos trabados (en total 22) sobre los bienes inmuebles del Banco, impidiendo ejercer plenamente su derecho de dominio y también cumplir cabalmente la prestación del servicio público de intermediación financiera que realiza, ya que el remate de los bienes inmuebles donde el Banco brinda este servicio público (...) es inminente. Banco del Pacífico ha tenido que tolerar el detrimento en su imagen pública, como ente jurídico dentro del negocio bancario, afectando su buen nombre como empresa”, relata el documento entregado al juez De la Cadena.

Como era obvio, el Banco del Pacífico apeló la decisión del habeas data, recayendo la causa en otros de los integrantes de esta estructura: Johann M. y Guillermo V., quienes ratificaron la sentencia de su inferior. El banco, viéndose perdido ante las ilegalidades en este proceso de habeas data, decidió plantear un juicio de falsedad de instrumento privado respecto de las notas de crédito irregulares presentadas por Muentes y su esposa.

Esta demanda estuvo en conocimiento de la jueza civil Silvia O., quien la declaró sin lugar. No obstante, el Banco del Pacífico apeló la resolución, siendo un tribunal conformado por Alfonso O., Nelson Macías P. y Ramos Alberto L. —los dos últimos también procesados en el caso Purga— quienes rechazaron el recurso y ratificaron la decisión de la jueza de primer nivel por medio de voto de mayoría de los jueces Nelson Macías P. y Ramos Alberto L.

Muentes habría solicitado a Gallardo y a Mercedes V., directora provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) del Guayas, que por medio de un traslado administrativo se cambiara al juez Ulises Manuel T. a otra sala de la Corte del Guayas para así colocar a un juez que sí le copiaba a la organización: al juez Ramos Alberto L., quien fue movido, a decir de Fiscalía, únicamente para ratificar la decisión contra el banco.

“El líder del grupo criminal y su cónyuge, por medio de tráfico de influencias, de cohechos y prevaricatos, obtuvieron un beneficio económico de alrededor de $ 4 millones manipulando, jugando a su antojo con la justicia, con la colaboración y anuencia de funcionarios judiciales de la provincia del Guayas, (...) con la anuencia de la presidenta de la Corte, con la anuencia de los jueces que se encuentran el día de hoy en esta sala de audiencias”, concluyó Salazar.

La fundamentación de la acusación particular

Como fundamento para que se acepte la acusación particular, la defensa del banco incluye en su escrito elementos de convicción que hacen parte del expediente del caso Purga, transcripciones de mensajes realizados entre los procesados y terceras personas que revelan que existió una organización previa para que los fallos judiciales salieran a favor de Muentes y su esposa y en contra de la entidad bancaria.

Por ejemplo, se recordó que el 28 de marzo pasado Mayra Salazar, comunicadora institucional de la Corte del Guayas presidida por Gallardo, rindió un testimonio anticipado en el caso Metástasis en el que habla de hechos relacionados con los ocho acusados en el caso Purga a los que apunta el banco y se refiere a los casos judiciales que mantienen Banco del Pacífico con Pablo Montes y su esposa.

“Mayra Salazar endilgó a Pablo Muentes el manejo de la mayoría de los vocales del Consejo de la Judicatura y el manejo de la Justicia del Guayas a través del juez Johann M. y de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas. En su testimonio, Mayra Salazar reconoció que los recibos de pago presentados por Pablo Muentes y Mónica A. en los procesos 09286-2020-01635 y 09332-2020-04221 “fueron falsificados y que el sorteo para la asignación de jueces que trataron el caso fue manipulado por la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, cuando ejercía como presidenta encargada de la Dirección del Consejo de la Judicatura del Guayas”, anotó el banco en su escrito.

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Se resaltó del testimonio de Salazar lo dicho respecto a que el juez de Guayaquil que habría fallado a favor de Pablo Muentes y Mónica A., en el proceso en el que ordenó al Banco del Pacífico pagar a los actores $ 3,9 millones, lo hizo a cambio de un ascenso a juez provincial. Adicionalmente se recordó que la comunicadora de 36 años refirió que la redacción de la sentencia le habría venido dada al juez ponente Ramos Alberto L. y que emitió el fallo a cambio de un puesto de trabajo para su hijo.

La acusación particular pide la pena máxima más agravantes

La defensa del Banco del Pacífico, basándose en la formulación de cargos realizada por la Fiscalía General del Estado y en los indicios probatorios que obran del proceso, pide que Muentes, Gallardo y el juez Johann M., como autores, y Mónica A. y los jueces y exjueces Rainaldo C., Guillermo V., Alberto L. y Nelson P, como cómplices, sean condenados al máximo de la pena establecida más los agravantes de ley, y que se discutirán oportunamente.

Como reparación integral, el Banco del Pacífico S. A. reclama la indemnización por daños materiales e inmateriales que deberán ser cancelados por los procesados. Según la víctima, el perjuicio material hasta el momento se fija en $ 4′543.605,32, que equivalen al mandamiento de ejecución de una sentencia en firme, dentro del proceso de habeas data, más los honorarios de los distintos patrocinadores y profesionales que el banco ha tenido que contratar y cuyos estipendios deberán pagar hasta que el mandamiento de ejecución del pago de los casi $ 4 millones, el juicio civil que se tramite en la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, así como la acción extraordinaria de protección que ha sido admitida en la Corte Constitucional el 27 de marzo de 2004, concluyan legalmente.

Sobre el perjuicio inmaterial y las disculpas públicas

Se le hace tener en cuenta al juzgador que se trata de varias instancias civiles, constitucionales y penales, gastos notariales y demás, lo que evidenciaría que el perjuicio económico al Banco del Pacífico causado por los 22 embargos trabados se siguen cuantificando por la imposibilidad de enajenar bienes dispuesta dentro de la ejecución forzosa del “habeas data amañado”, cuyos avalúos ascenderían a $ 9′825.198,42, lo cual, según el banco, deberá ser tomado en cuenta al final de este proceso a efectos de que se calculen pericialmente los avalúos de estos inmuebles más los intereses máximos permitidos por la ley desde la fecha efectiva en que se trabaron los embargos.

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Por otra parte, el perjuicio inmaterial se fija en el valor de $ 2 millones por la afectación generada en la imagen y derecho al buen nombre de la compañía ante sus clientes, los demás actores del sector financiero y la ciudadanía en general. Además, como medida de satisfacción o simbólica, y como garantía de no repetición, el Banco del Pacífico exige que en sentencia se ordene la publicación de la decisión por la prensa a costa de los procesados, así como también que los procesados expresen sus disculpas por escrito, según el texto que deberá ser aprobado por Banco del Pacífico en calidad de víctima de la infracción que se acusa.

Banco del Pacífico plantea un texto de disculpas que diría: “La honrosa misión de impartir justicia no puede ni debe estar a merced de intereses de los políticos de turno. Se encuentra prohibido que las garantías jurisdiccionales sean desnaturalizadas, pues su objeto es garantizar los derechos fundamentales contemplados en la carta magna, mas no el vulnerarlos con sus efectos a través de actos de corrupción”. (I)