En tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) no publique los resultados definitivos de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024, en la Asamblea Nacional la formación de una comisión multipartidista para debatir y aprobar los proyectos de ley que del proceso electoral devienen, está madurando, incluso, en escoger quiénes podrían integrarla.

El pasado 21 de abril, se votó por una consulta y referéndum de once preguntas de las que, en cuatro el Gobierno nacional tiene que enviar proyectos de reformas legales a la Legislatura para su debate y aprobación en un plazo de 60 días.

Previamente, el Consejo Nacional Electoral debe difundir los resultados definitivos del proceso eleccionario y ordenar su publicación en el Registro Oficial para que inicie su aplicación.

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Con base en informes oficiales, el procesamiento de actas de escrutinio concluyó en las 24 provincias y en el exteior, aunque resta que el pleno del CNE conozca los resultados en la audiencia nacional de escrutinio que la instaló el 25 de abril.

Se prevé que ello se realice la próxima semana, ya que la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, se encuentra fuera del país y la proclamación de los resultados requiere de la presencia de las autoridades.

Luego, se notificará los resultados numéricos a los sujetos políticos (organizaciones políticas y sociales) para que, en un plazo de tres días, presenten sus impugnaciones de considerar que existen inconsistencias numéricas. De otro modo, se publicará en el Registro Oficial.

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En tanto, las diferentes bancadas del Parlamento están a la expectativa de que se concrete el proceso en la Función Electoral, para resolver la creación de una comisión ocasional multipartidista, sobre las que hay algunos reparos.

Originalmente, la propuesta de constituir esta comisión es del Partido Social Cristiano (PSC) que, por el momento, tiene el apoyo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y algunos asambleístas independientes.

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En el correísmo con su bloque de la Revolución Ciudadana (RC) y el movimiento Construye, si bien no hay una oposición radical, se propone que el trámite siga en las comisiones permanentes respectivas, esencialmente en la Comisión de Justicia.

El asambleísta Jorge Acaiturri (PSC) aclaró que la iniciativa tiene como objeto dar agilidad al trámite de las reformas y cumplir con los “tiempos fatales” dispuestos en los textos de la consulta popular y referéndum, que son de obligatorio cumplimiento.

Adicionalmente, porque hay un represamiento de otros proyectos de ley en las comisiones legislativas, fruto de la disolución del Parlamento en mayo del 2023.

“No se puede dejar de lado el proceso legislativo y la idea es que, para dar agilidad al tratamiento de estas reformas podría crearse esta comisión multipartidista”, comentó Acaiturri y añadió que en sus filas aún se define quiénes serían los actores que representen al partido.

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En la RC la discusión interna se mantiene en que el trámite se dirija a la Comisión de Justicia, en donde hay cinco asambleístas de sus bases; pero, si el tema se inclina a crear esa instancia transitoria nombrarán a su delegado.

El asambleísta Leonardo Berrezueta (RC) contó que su bloque no se ha reunido para discutir el tema, pero hay el criterio de que sea la Comisión de Justicia la que reciba los proyectos de reforma en el ámbito penal y, “de haber una comisión multipartidista propondremos un nombre”, aseveró.

Desde el oficialismo, Adrián Castro (ADN) comentó que están a la espera de que, una vez que los resultados de la consulta popular estén en firme, esperarán que los proyectos legales lleguen para “consensuar la conformación de esta comisión multipartidista y tratar en el menor tiempo posible”, dijo.

Aseguró que ADN no ha resuelto, por el momento, quiénes podrían ser parte de esta comisión, pero serían coidearios con criterios jurídicos.

El representante del movimiento Construye Camilo Salinas recalcó que la posición que tienen que los proyectos legales enviados por el Ejecutivo sean despachadas a las comisiones especializadas para “optimizar recursos y que no se desgrane la idea de lo que dispuso la Corte Constitucional”, en el dictamen en el que calificó la constitucionalidad del cuestionario de la consulta.

La asambleísta Lucía Posso (independiente) es uno de los rostros que podría integrar esta comisión en representación de diez colegas también independientes.

“No hemos debatido a la interna, pero vamos a tomar una decisión en conjunto que es lo más lógico que debemos hacer. Creemos que debe haber ese diálogo de formar esta comisión multipartidista y resolver cuál será el trámite que se dará a los proyectos de ley”, comentó Posso.

En todo caso, cuando se publiquen los resultados de la consulta popular y referéndum, la Presidencia de la República tendrá un plazo de cinco días para enviar proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para el tratamiento de la Asamblea Nacional, respecto de las preguntas:

  • 2 (casillero G) sobre el incremento de penas en los delitos de terrorismo, producción y tráfico de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros.
  • 3 (casillero H) para que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de las penas dentro de los centros de rehabilitación social
  • 4 (casillero I) que se tipifique el delito de tenencia y porte de armas, entre otros, que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
  • 5 (casillero J) que las armas, sus partes, piezas, explosivos, municiones, entre otras, que hayan sido usados en un delito, se destinen al uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas.
  • 6 (casillero K) que el Estado proceda a ser el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

Cuando la Función Legislativa reciba la notificación con los resultados del pronunciamiento popular y las iniciativas del Ejecutivo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidirá si los envía a las comisiones permanentes especializadas o propone al pleno, la conformación de una comisión multipartidista que las tramite y para ello tendrá un plazo de 60 días.

Excepto en el caso de la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, para lo que se da a la Legislatura 200 días para aprobar el marco normativo, ya que el electorado decidió que las Fuerzas Armadas actúen de forma complementaria con la Policía Nacional en la seguridad interna para contrarrestar el crimen organizado.

Lo previsto es que esta normativa se tramite en la Comisión de Enmiendas Constitucionales. (I)