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Guayas, Manabí y Pichincha tienen, cada una, 25 movimientos provinciales, cantonales y parroquiales inscritos; y también, el mayor número de electores.
Este será un requisito obligatorio para la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023.
Entre enero y mayo del 2022, otras 123 solicitudes de inscripción fueron negadas. Para las elecciones del 2023, un total de 276 están habilitadas a participar.
Grupo está liderado por Pedro Granja y Joselito Argüello; se requieren recolectar más de 1,7 millones de firmas en 180 días para activar el mecanismo.
El próximo 5 de febrero se elegirán prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, miembros de juntas parroquiales y del CPCCS.
El político Yaku Pérez Guartambel denunció que el CNE boicoteó su participación al no calificar más de 200.000 firmas de adhesión para Somos Agua.
El Consejo Nacional Electoral negó la inscripción de 24 participantes; también dispuso el envío del padrón electoral a las organizaciones políticas.
El organismo no pudo verificar que los ciudadanos solicitantes hayan acreditado su lugar de residencia o vinculación laboral o familiar al hacer este trámite.
Uno de los puntos obligatorios es haber cumplido 18 años de edad al momento de inscribir la candidatura.
La sociedad civil exhorta al Consejo Nacional Electoral a fiscalizar los recursos que ingresen a los grupos políticos, en medio de la crisis de inseguridad.
Hasta el 22 de mayo se procesarán y validarán los trámites solicitados, según lo establecido en el cronograma electoral para los comicios de 2023.
El año pasado en esta provincia más de un millón doscientas mil personas tuvieron el derecho a ejercer el voto.
El Consejo Nacional Electoral verificará que cumplan con requisitos legales. Esta instancia acompañará la etapa de admisibilidad de los postulantes al CPCCS.
Este sábado, 14 de mayo, termina el plazo para que la ciudadanía realice este trámite. El CNE deberá verificar que las solicitudes no superen el 10 %.
Entre los principales cambios se busca modificar la composición del Consejo Directivo del IESS y el procedimiento de integración del directorio del Biess.
El Consejo Nacional Electoral decidió que primero se contabilicen los votos de los prefectos, alcaldes, concejales y vocales de las juntas parroquiales.
La agrupación surgió de las bases de Fuerza Compromiso Social, que creó el político Iván Espinel; y en el 2021 se cambió el nombre a Revolución Ciudadana.
El Código de la Democracia los blinda, determinando que no pueden ser destituidos o suspenderse sus derechos de participación.
El Consejo Nacional Electoral aprobó normas en favor de los grupos políticos que al aliarse podrían evitar su cancelación y acceder al Fondo Partidario.
El caso se resolvió después de quince meses, en el trámite de una denuncia por infracción electoral que interpuso el extinto movimiento Justicia Social.