Es bueno dejar los escritorios e ir a territorio para verificar in situ de manera pragmática una realidad. Los informes de organizaciones internacionales importantes no pueden ser emitidos sin la verificación respectiva y solo basados en reportes y análisis que pueden ser incompletos y hasta sesgados por quienes hacen un activismo permanente.
Así se han deteriorado respetables organismos mundiales y regionales, que a momentos han defendido a políticos y delincuentes que han recibido sentencias condenatorias por una serie de delitos y por haber cometido comprobados actos de corrupción.
Eso ocurre con el pronunciamiento que han hecho ocho relatores especiales de la ONU que, por respetables que sean los cargos que ostentan, observan y cuestionan, sin la profundidad del caso y sin la comprobación en el país, el manejo y las políticas que se implementan en medio de la difícil situación interna por la violencia e inseguridad que protagonizan grupos delincuenciales organizados, que son transnacionales, vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y la narcopolítica, aliada a estos sectores.
Esto no exime de responsabilidades ni borra los errores que efectivamente sí se han cometido en estas tareas a cargo de FF. AA. y Policía, como fuera la aprehensión y las arbitrariedades cometidas contra los cuatro adolescentes de Las Malvinas y otros hechos ocurridos, que ha llevado a sentencias condenatorias.
Pero de allí a poner en duda que en Ecuador no existe un conflicto armado, que no hay acciones terroristas y que los argumentos contra los grupos violentos son equivocados, realmente distorsionan los hechos y demuestran su desconocimiento de lo que se vive. Relatores, dejen sus cómodos cargos y vengan al país, bienvenidos sean, visiten las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, el cantón Durán, por cierto bien protegidos aunque crean que aquí no pasa nada.
Hace poco acaban de ser deportados quienes han estado vinculados con grupos terroristas como Hezbolá, que recibieron anteriormente sentencias condenatorias por narcotráfico, señalados objetivos terroristas y perseguidos por EE. UU. ¿Para los relatores esto es un cuento?
Es un error también observar que la legislación ecuatoriana debe excluir expresamente los actos de protesta, disidencia o acción sindical, ya que sería innecesario y desproporcionado estigmatizar y castigar más severamente esa conducta como terrorismo.
Acaso no se enteraron de que en Ecuador hubo en la historia reciente manifestaciones violentas y de terror, que paralizaron el país y atentaron contra bienes públicos y privados y contra los propios ciudadanos, como los hechos ocurridos en octubre 2019, junio 2022, septiembre y octubre 2025, que protagonizaron en nombre de los movimientos indígenas y sociales y que destruyeron e incendiaron instituciones, cortaron servicios básicos, y agredieron a la gente por no expresar su respaldo.
No pueden defender solo los derechos de los manifestantes, quienes han sembrado el terror en las vías y han utilizado a mujeres y niños como escudos en manifestaciones. ¿Dónde quedan los derechos de quienes no participan de estos hechos y se han visto afectados? (O)