Se asume que, con el auge del uso de fuentes renovables de energía: solar, eólica o gas natural, la demanda mundial de petróleo se encuentra en franca disminución. Sin embargo, los expertos pronostican que la demanda actual de 100 millones de barriles diarios se incrementará a 125 millones para el año 2050, atribuible al crecimiento poblacional, mayor grado de industrialización de India, Asia y África, el uso de la IA (inteligencia artificial) y una transición energética más lenta de la que estaba prevista.
Es indiscutible el crecimiento progresivo de la demanda en la medida que nos acercamos a la mitad del siglo XXI. Existen sectores en los que será más difícil reemplazar el uso de hidrocarburos: la aviación, petroquímica, transporte marítimo y carga pesada, que seguirán muy dependientes del petróleo y sus derivados.
Nuestra producción local de petróleo viene disminuyendo, mientras las importaciones de derivados aumentan cada año. Agravado por el craso error de suspender la producción del Yasuní (ITT), además del declive natural de los demás campos petroleros.
Ecuador se equivoca y prefiere dejar sus reservas de petróleo bajo tierra, mientras otros países aumentan su participación en el negocio mundial. Brasil, Argentina, Guyana, Surinam están aumentando sus reservas y explotando nuevos campos.
La comunidad quichua ha ocupado el bloque ITT y exige al Gobierno continuar con la explotación, pese a los resultados de la consulta.
La comunidad Boca Tiputini, del cantón amazónico Aguarico, campo del cual se extraen 58.000 barriles diarios de petróleo, se opone a cerrar.
El Gobierno nacional debiera allanarse y aceptar que fue un error, primero consultar y luego aceptar tal errado pronunciamiento. No se debe nunca consultar a quien no sabe. El presidente debe desobedecer la consulta y corregir.
La decisión de concesionar esos yacimientos la tomó en su debido momento el presidente Rafael Correa, luego de los análisis y consultas técnicas pertinentes. Se hicieron las inversiones respectivas y comenzó su explotación en 2016. La decisión tardía de la Corte Constitucional de activar una consulta popular que no procedió en su momento fue una acción expresa de mala fe, exclusivamente para causarle un problema al Gobierno actual. Quienes tomaron esa inconsulta decisión, sus nombres deberían quedar registrados en una placa de la infamia, porque no se está causando un mal al Gobierno de turno, sino a todos los ecuatorianos.
La refinería de Esmeraldas, a pesar de invertir 2.000 millones de dólares en reparaciones, nunca ha podido ser rehabilitada, padece de incendios y paralizaciones constantes. El proyecto de la refinería del Pacífico costó 1.500 millones de dólares sin ningún resultado tangible, otra demostración del fracaso estatal.
El país requiere urgentemente contar con una nueva refinería que atienda la demanda creciente de derivados.
El país exige rectificaciones radicales y una nueva política petrolera, que privilegie y priorice la inversión privada, que permita un nuevo renacer del país en esta materia. El ministerio debe ser dividido en sus áreas de especialidad, una de ellas fundamental: la del petróleo. (O)
