Qué le queda al país para seguir la lucha contra los grupos delincuenciales organizados, que son transnacionales, el narcotráfico, la explotación irracional de la minería y la narcopolítica, que está aliada a estos sectores. Los estados de excepción y el último toque de queda en nueve provincias y cuatro cantones adicionales (el segundo de este año) son extraordinarios y ayudan temporalmente, aunque los problemas de fondo subsistirán y no se sabe por cuánto tiempo.
El problema es serio y es importante tomar conciencia de la realidad a la que está sometido el país, más allá de los intereses particulares y privados, con una administración de turno que, por cierto, tiene que responder por sus acciones y omisiones, sus éxitos y fracasos.
Es evidente que el toque de queda impacta a los sectores productivos, entre ellos el turístico, las exportaciones, el transporte pesado, debido a las limitaciones que eso afecta y, por ello, es fundamental buscar un punto de equilibrio, aunque en la práctica resulte muy difícil. También limita libertades como la libre movilidad de tránsito, pero qué queda mientras los grupos delincuenciales se mueven con facilidad.
Basta revisar la historia de inseguridad y de violencia que han vivido durante décadas Colombia y México, especialmente, y cuyas acciones se mantienen con el fracaso de los Gobiernos últimos, que hablaron de procesos de paz total y abrazos y no balazos y no arreglaron los problemas internos. Pura demagogia barata. Al contrario, han exportado la violencia y la droga y han facilitado la salida de los estupefacientes con grupos delincuenciales transnacionales y los carteles del narcotráfico, que repercuten y afectan seriamente al Ecuador.
El problema es complejo y hay que verlo en su real dimensión. Además, no solo se puede responsabilizar a las FF. AA. y la Policía Nacional, que están en la primera línea de la contención, el enfrentamiento a los grupos criminales y el uso legítimo de la fuerza, pero el tema va mucho más allá, en donde se involucra al Estado en su conjunto y sus instituciones, que siguen siendo débiles (el caso de la corrupción descubierta en CNEL), pero también a los ciudadanos, que penosamente en muchos casos son doblegados y están contaminados y vinculados con esos sectores, especialmente por el tema financiero. Las economías criminales los tienen sometidos.
El toque de queda que rige en las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Sáchilas, Pichincha y Sucumbíos y en los cantones de Las Naves y Echeandía (Bolívar), La Troncal (Cañar) y La Maná (Cotopaxi) ayuda temporalmente, pero no va a solucionar los problemas de fondo.
Los problemas sociales, de pobreza y de empleo constituyen un punto fundamental y un caldo de cultivo que explican la situación actual, aunque no lo justifiquen. Por ello, la importancia de contar con una sostenida y permanente política de Estado, que afronte y resuelva los diversos problemas desde los diferentes frentes.
En este contexto, es primordial articular esfuerzos para lograr la unidad nacional, a fin de afrontar al unísono un problema que no debe tener reparos, porque afecta a todos en sus diversos niveles. Actuar contrariamente implica hacer el juego a los grupos delincuenciales. (O)
