Orden de prisión preventiva contra Maribel Barreno llega para evitar que siga siendo un ‘riesgo para obstaculizar la administración justicia’

Desde la una de la mañana de este jueves 28 de septiembre sobre la hoy inhabilitada vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno no solo pesa un auto de llamamiento a juicio en calidad de coautora del delito de tráfico de influencias, sino también una boleta de localización y captura para que se haga efectiva la orden de prisión preventiva dispuesta por el juez Walter Macías, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dentro del caso Vocales.

El cambio de medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país por orden de prisión preventiva lo solicitó la fiscal general, Diana Salazar, como parte de su dictamen acusatorio. La tarde del miércoles 27 de septiembre último, Salazar presentó 44 elementos de convicción para respaldar su dictamen acusatorio en calidad de coautores contra Maribel Barreno y el también inhabilitado vocal de la Judicatura Juan José Morillo, y como cómplice contra el juez de Pichincha Vladimir Jhayya.

Luego de una jornada de audiencia de casi 17 horas, que se inició el miércoles y terminó a primeras horas de este jueves, al existir suficientes elementos de convicción para presumir la participación en el ilícito investigado, los tres acusados fueron llamados a juicio, pero únicamente a Barreno se le reformaron las medidas cautelares. Morillo y Jhayya deberán seguir cumpliendo sus presentaciones periódicas una vez por semana y la prohibición de salida del país impuesta por el juez Javier de la Cadena, el 7 de junio pasado durante la audiencia de formulación de cargos.

Para la fiscal Salazar, el 2 de junio de 2022, en la oficina 1201 del edificio Almagro Plaza, ubicado junto a la Corte Provincial de Justicia Pichincha, en el norte de Quito, se reunieron los ahora procesados y ejercieron influencia en el juez provincial Gusto Osejos, con el fin de que se resuelva de manera favorable una acción presentada por la expresidenta de la Asamblea Guadalupe Llori. Todo esto se habría dado en presencia de una testigo protegida, la cual intervino y grabó la reunión.

Barreno asistió vía telemática a la audiencia que se instaló en su quinto intento. Varias veces se desconectó durante la primera parte de la diligencia, en la que se trataba sobre las nulidades, obligando al juez a detener las exposiciones para pedir se revise el porqué de la desconexión. Ya para la tarde del miércoles la aún vocal no se conectó a la sesión telemática para escuchar que Macías decidía rechazar los cinco vicios de nulidad expuestos y declarando la validez procesal. Desde ese momento la procesada no volvió a ser parte de la diligencia.

Fiscalía acusa como coautores del delito de tráfico de influencias a los vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo

Es decir, Maribel Barreno no escuchó directamente a la fiscal Diana Salazar fundamentar no solo su pedido de llamado a juicio, sino también su solicitud de cambio de medidas cautelares. Decía que la procesada ha demostrado a lo largo de este caso la clara intención de entorpecer la administración de justicia y de obstaculizar el normal desenvolvimiento del proceso. “Las medidas de presentación periódica y prohibición de salida del país no alcanzan para evitar que la procesada continúe siendo un riesgo para obstaculizar la justicia”.

Juan Carlos Salazar, uno de los dos abogados que asistieron a la audiencia, rechazó el cambio de medida cautelar, pues la calificaba de desproporcionada y que no respetaba la igualdad con los demás procesados en esta causa.

Se conoció que la tarde del miércoles último, Barreno solicitó formalmente en el Consejo de la Judicatura acogerse a su periodo de vacaciones y por 30 días se ausentará. Según el pedido dirigido al presidente del CJ, Wilman Terán, al director general y al director nacional de Talento Humano de la Judicatura, ella entraría en goce de sus vacaciones desde este jueves 28 de septiembre.

Ya en su análisis, el juez Macías señalaba que la procesada ostenta un cargo de vocal principal en el Consejo de la Judicatura, es decir, tiene la capacidad material de intentar influenciar en decisiones, inclusive entorpecer las causas o decisiones administrativas tendientes a impedir que se lleven a cabo diligencias investigativas, audiencias, entre otros actos procesales.

“La procesada (Maribel Barreno) como parte del órgano colegiado, como ha sido de conocimiento público, inclusive en determinado momento intentó iniciar procesos en contra de la fiscal general del Estado, incluso cuando estaba en curso este proceso penal. Esto en uso de sus facultades administrativas como vocal del CJ”, refería el magistrado.

Macías recordó al momento de fundamentar el cambio de medidas cautelar que Barreno ha tomado actuaciones a última hora tendientes a interferir en el desarrollo de la audiencia en esta causa y eso se evidenció, anotó, cuando relevó a sus abogados de defensa a último momento. También mencionó que la abogada de 46 años años que ha instado acciones administrativas en el ejercicio de su rol, obteniendo medidas de protección en contra, inclusive, de la Fiscalía General del Estado, “todo ello a última hora y en vísperas de que no se dé lugar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, es decir, acciones tendientes a impedir su normal desarrollo”.

Para el magistrado nacional, todo lo detallado hacía notar un riesgo procesal claro de que la acusada ha tomado actuaciones de última hora tendientes a que no se lleve a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de tráfico de influencias. Macías calificaba a la orden de prisión preventiva como necesaria y proporcional a las actuaciones realizadas por Barreno como funcionaria judicial, no solo en el hecho delictivo investigado, sino también ya en el proceso penal en sí.

Como parte del caso Vocales existen dos recusaciones presentadas por Barreno contra el juez Macías. La primera fue rechazada y la segunda sigue en trámite. Además, la vocal presentó una queja disciplinaria por un supuesto manifiesta negligencia del magistrado nacional, proceso que fue desechado, debido a que 17 jueces del pleno de la CNJ votaron en contra del informe previo que recomendaba esa declaratoria.

Caso Vocales: al quinto intento, el juez Walter Macías instala la audiencia por tráfico de influencias y analiza la posible existencia de vicios que nuliten lo actuado

También Barreno participó de la sesión extraordinaria del 19 de agosto pasado en la que con solo los votos del presidente del CJ, Wilman Terán, y el vocal de ese organismo, Xavier Muñoz, se decidió destituir como juez de la Corte Nacional a Walter Macías. Si bien Maribel Barreno no votó a favor ni en contra de la destitución, su voto fue vital para la reconsideración que abrió paso a una tercera votación en la que se confirmó la separación del cargo del magistrado.

“Es necesario que la ciudadanía reciba una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y conozca la verdad material de este proceso. Lo que no ocurriría si no se dicta la prisión preventiva. En este sentido se aseguraría el cumplimiento de una eventual pena en el caso de declararse su culpabilidad en la etapa de juicio. (...) La medida anteriormente dispuesta (presentación periódica) se ha tornado inútil en la actualidad, pues el actuar de la procesada ha rebasado el riesgo procesal natural en una causa y lo ha elevado al punto de ser razonable pensar que utilizar su rol para influenciar en la causa penal es precisamente el delito por el que se le ha acusado, puede mantenerse aun si sigue manteniendo en libertad”, concluyó Walter Macías.

De lo que se conoce, al momento la notificación ha sido entregada a la Policía Judicial para que agentes de la brigada de capturadores realicen las acciones para ubicar y detener a Barreno. Aunque también existe la posibilidad de que voluntariamente se entregue, si la acusada es antes detenida por la Policía será llevada a que se le realicen los exámenes de rigo y hacer vigente la boleta de encarcelamiento en el Centro de Privación de la Libertad determinado.

En el caso de Juan José Morillo y Vladimir Jhayya deberán seguir cumpliendo sus presentaciones periódicas y estarán, al igual que Barreno, a la espera de que se fije una fecha para la audiencia de juicio en la que se podría confirmar su culpabilidad o inocencia en el delito de tráfico de influencias. (I)