Los coletazos de la situación política que vive el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, parecen estar alcanzando al fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón. Sobre él empiezan a darse cuestionamientos relacionados con una supuesta falta de independencia en su accionar y conflicto de intereses en relación con causas que tendrían que ver con el actual titular del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.