La fiscal general, Diana Salazar, cree que la estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair habría desarrollado entre el 2009 y el 2018 las acciones ilícitas que generaron un cohecho que se estima en $ 76 millones o el equivalente al 4 % de la obra contratada por la empresa china Sinohydro por $ 1.979 millones, y por la que Ecuador terminó pagando una suma cercana a los $ 3.000 millones.
Si se toman en cuenta estas fechas, las 37 personas llamadas a audiencia de formulación de cargos el próximo 2 de marzo, entre ellas, el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, dos de sus hermanos y dos cuñadas, luego de un procesamiento penal, podrían enfrentar penas que van desde los seis meses a los ocho años de cárcel.
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Las sentencias de acuerdo con la participación que se defina judicialmente dependerán de si se los procesa con el Código Penal anterior, válido hasta inicios de 2014, o con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde febrero de 2014.
El conjuez nacional Luis Adrián Rojas estará a cargo de la audiencia de formulación de cargos solicitada por Diana Salazar a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), pues ese es el fuero que cobija al exmandatario ecuatoriano. En la diligencia únicamente se presentarán los elementos de convicción que tiene la Fiscalía para justificar el procesamiento de los sospechosos y solo se discutirán las medidas cautelares que se ordenarán para cada uno de ellos.
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Además de Moreno y sus seis familiares, la Fiscalía piensa formular cargos contra el amigo del excompañero de fórmula de Rafael Correa, Conto Augusto Patiño, cuatro de sus hijos y otros familiares (Xavier José M. C., María Patiño, Juan Carlos P. H., Patricia de las Mercedes P. H., Manuel Ignacio P. H., Victoria María P. Ch., Juan Manuel D. P. y Francisco José Ch. C.).
Además serán procesados los exgerentes general y técnico de Coca Codo Henry de Jesús G. C. y Luciano Enrique C. V.; la esposa de uno de ellos, María Augusta del Rocío B. C., y Francisco Enrique C. L. El exembajador chino Cai Runguo y Yang H., quienes en su momento fueron representantes legales de Sinohydro, y los ciudadanos chinos Song D., Wu Y. y Alie A.
Finalmente, a un grupo de entonces funcionarios públicos como Ximena del Rocío D. V., Pablo Aníbal A. A., Mónica Alexandra O. J., Mauricio Javier P. D. A. D., Pablo Honorio Z. M., Francisco Esteban E. N. y personal de confianza de la empresa Comercial Recorsa S. A., incluidos su asesor jurídico y representantes legales de varias personas jurídicas: José Eduardo C. V., Juan Cristóbal S. S., Rocío del Carmen G. E., Mercedes del Pilar C. A. y Carlos Oswaldo A. A.
En la diligencia del jueves próximo, la fiscal Salazar deberá presentar la información que recabó en las 80 versiones recibidas, en los 465 requerimientos de información, 13 pericias, 13 audiencias privadas y 5 allanamientos realizados desde marzo de 2019 que se abrió la investigación previa.
Las diez asistencias penales solicitadas a países como Panamá, Belice, Suiza, China, España y Estados Unidos serán vitales para definir la ruta que tomaron las “decenas de millones en dólares” entregadas en “coimas”. Según la Fiscalía, la empresa china Sinohydro entregó los sobornos, los cuales fueron canalizados a través de terceras personas utilizando una “falsa imagen de servicios de consultorías y representación y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias”.
Christian Zurita, uno de los dos periodistas que trabajaron en la investigación titulada “El laberinto offshore del círculo presidencial”, publicación que dio pie a la acción de Fiscalía, cree que Panamá y Suiza son sobre todo las jurisdicciones en las que se crearon las empresas offshore y por las que pasaron los dineros producto de acciones ilícitas.
“Buena parte de esos recursos que llegaron a Recorsa Panamá se transfirieron a las empresas constituidas por los familiares de Lenín Moreno en Centroamérica. (...) No estamos viendo cualquier cosa, parece que la Fiscalía ha construido un caso por demás fuerte y aspiramos a encontrar toda esa información el momento en el que se llame al proceso judicial”, explicó Zurita.
Dentro del análisis del rumbo que tomó el dinero de esta trama de corrupción está la compra por $ 19.300 de muebles y alfombras que fueron enviadas a Lenín Moreno en Ginebra, Suiza, lugar en el que residía como enviado especial del secretario general de Naciones Unidas sobre discapacidades. Así como también se analizó la compra de un departamento en Alicante, España, en la costa mediterránea, por el que se pagaron 133.000 euros.
Los dineros para esos pagos habrían salido de la empresa offshore INA Investment, la cual fue creada en 2012 por Edwin Moreno Garcés, hermano del entonces vicepresidente ecuatoriano y hoy uno de los 37 sospechosos. De INA Investment, para el 2015, desaparece como beneficiario Edwin Moreno y queda solo María Patiño, hija de Conto Patiño, ambos también llamados a audiencia de formulación de cargos.
Otros recursos a los que también la Fiscalía les sigue la pista es a los más de $ 18 millones que recibió la empresa Recorsa de Conto Patiño. Los recursos entregados por Sinohydro a la offshore radicada en Panamá y de propiedad del amigo de Lenín Moreno habrían sido pagados por supuestas consultorías de ingeniería para la megaobra de la Revolución Ciudadana: el proyecto hidroeléctrico Coca Codo.
Al menos ocho empresas offshore serían parte de este entramado societario creado para el manejo de recursos obtenidos mediante actos de corrupción. El tiempo que defina el conjuez Rojas para la etapa de instrucción fiscal -podrían ser 30, 60 o 90 días- le servirá a la Fiscalía para solicitar más información, sea en el ámbito local o internacional, sobre estos movimientos de recursos y la conformación de estas empresas offshore.
Pese a las insistencias, China sería el único país que no habría respondido hasta el momento a la asistencia penal solicitada por la Fiscalía General de Ecuador. (I)