Con una audiencia de revisión, sustitución y revocatoria de tres procesados en el caso Independencia Judicial, la mañana de este lunes, 24 de noviembre, el fiscal general subrogante Carlos Leonardo Alarcón se inauguró en sus funciones como máxima autoridad de la institución, una vez el fiscal general encargado Wilson Toainga renunció de forma irrevocable a seguir en el cargo.
El viernes último, Toainga presentó la renuncia irrevocable a su cargo. A través de una carta difundida en las redes sociales de la Fiscalía, el ahora exfiscal general argumentó que su dimisión busca evitar “que el ejercicio prolongado de prórroga en funciones se torne ilegítimo o sea malinterpretado”, pues ya ha transcurrido un tiempo prudencial de prórroga sin que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designe a una nueva autoridad de la Fiscalía.
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“Me siento tranquilo al señalar que he desempeñado mis funciones con el profesionalismo y la responsabilidad que me han caracterizado durante los 24 años que he formado parte de la FGE, dedicado a tiempo completo a mis actividades de investigación y litigio (...) a lo largo de mi labor y en mis intervenciones como fiscal general del Estado subrogante he expresado mi criterio jurídico objetivo, nunca un criterio sugerido y menos impuesto por terceros; obteniendo fallos intermedios favorables y sentencias condenatorias que son de público conocimiento”, reza la carta de renuncia.
Alarcón, como fiscal general subrogante, este lunes intervino en la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por los procesados en el caso Independenci Judicial: Santiago Cifuentes, Milton Patricio Herrera, exasesores de presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) que estaba liderado por Wilman Terpan, y la exfuncionaria de la Judicatura Olga Natalia Vivanco.
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El 3 de octubre pasado, el pleno del CJ designó por unanimidad a Carlos Leonardo Alarcón Argudo como fiscal general subrogante ante la ausencia temporal del fiscal Toainga, quien a esas fechas había pedido permiso para viajar, entre el 5 y el 10 de octubre, a Río de Janeiro, en Brasil, para participar en una Conferencia Birregional. En cambio, desde el viernes, 21 de noviembre pasado, Alarcón asumió la titularidad de la Fiscalía General ante la ausencia definitiva de Toainga.
En octubre pasado el fiscal general encargado pidió al pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial que designe a un fiscal que asuma sus funciones, mientras dure su ausencia temporal.
La designación de Alarcón Argudo se dio con el voto de los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara y el presidente Mario Godoy. En el proceso se analizó el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado y las direcciones de Talento Humano, Asesoría Jurídica y General del CJ emitieron informes en los que se concluye que es facultad del organismo de administración de justicia designar a un fiscal que reemplace, temporalmente, al actual fiscal general encargado.
Ya en la audiencia de revisión de medidas de este lunes, el fiscal general subrogante pidió que se rechacen los pedidos hechos por Cifuentes, quien solicitó que se le cambie la orden de prisión preventiva por arresto domiciliario; por Herrera, para que se le emita las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país en lugar de la orden de prisión preventiva; y finalmente la solicitud de Vivanco, condenada que pidió que se levante la prohibición de enajenar bienes.
En el caso Independencia Judicial, proceso penal en el que se sentenció, el 23 de diciembre de 2024, como culpables del delito de obstrucción de la justicia al expresidente Wilman Terán y a la exvocal del CJ, Marbel Barreno, a la pena agravada de nueve años y cuatro meses.
En su momento, la Fiscalía mediante la presentación de 22 pruebas testimoniales y 40 documentales aseguró haber demostrado la materialidad de la infracción y la responsabilidad de Terán, Barreno y los restantes siete condenados. Los nueve condenados serían parte de una red que buscó evitar, mediante suspensiones y destituciones, que el entonces juez de la Corte Nacional Walter Macías actúe legalmente dentro del caso penal por tráfico de influencia denominado Vocales.
Para los nueve procesados, independiente de que hayan sido ubicados como autores o cómplices, a todos se les tomó en cuenta las agravantes contempladas en el artículo 47, número 5 y 7 del COIP: haber cometido la infracción con participación de dos o más personas y con ensañamiento en contra de la víctima.
A más de Terán y Barreno, en el caso Independencia Judicial también fueron condenados los exfuncionarios del CJ: Milton A., Jessica CH., Liberton C., Carlos G., Olga Vivanco, Milton Herrera y Santiago Cifuentes, todos ubicados como cómplices. Los seis primeros fueron condenados a una pena agravada de cuatro años y seis meses, mientras que el exasesor de Terán en el CJ, Santiago Cifuentes, fue sentenciado a una pena reducida de 18 meses, esto debido a que se le tomó en cuenta la atenuante de haber entregado información relevante para la causa.
Únicamente Andrés J. y Katherine L., también exservidores del Consejo de la Judicatura, recibieron un sobreseimiento, es decir, se les ratificó su estado de inocencia.
La revisión de las medidas cautelares definidas dentro del caso Independencia Judicial está en manos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Juan Martínez, Rodrigo Sarango y Katty Muñóz. Luego de poco más de cuatro horas de audiencia, el Tribunal decidió suspender la diligencia y convocar para otro día a las partes para que escuchen la resolución que adopten. Aún no existe una fecha definida para continuar con la audiencia de revisión de medidas. (I)