A poco más de un día de que se realice la audiencia de apelación contra la orden de prisión preventiva que recibieron doce de los trece procesados por el delito de terrorismo en Otavalo, Imbabura, los siete procesados que eran parte de un habeas corpus parcialmente aceptado por un Tribunal de Portoviejo (Manabí) que ordenaba su inmediato regreso a la jurisdicción donde eran investigados fueron retornados desde la cárcel El Rodeo, en Manabí, a la cárcel de Ibarra (Imbabura).
La acción se cumplió a los nueve días de que, el 6 de octubre pasado, un Tribunal Constitucional de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Manabí aceptó parcialmente un habeas corpus presentado a favor de Luis Enrique M. F., Elvis Damián L. M., Diego Armando L. R., José Segundo A. Q., Luis Ernesto T. M., Jeremy Washington L. P. y Juan Sebastián M. T., ordenando de forma inmediata el retorno de los privados de libertad al Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Ibarra, a la jurisdicción donde se encuentra su entorno sociocultural.
Los jueces de Manabí que tramitaron el habeas corpus determinaron en su sentencia que se ha constatado la vulneración de los derechos conexos de los recurrentes, tal como lo determinan los artículos 43 y 45, en armonía con el artículo 57.3 de la Constitución, y además que se violentaron los derechos colectivos de los procesos solicitantes al sacarlos de la cárcel de Ibarra y llevarlos a la cárcel de Portoviejo. Ante ellos se dispuso su retorno inmediato.
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El retorno de los siete acusados de terrorismo ocurrió la noche del miércoles último, horas después de que autoridades indígenas de varias organizaciones de base anunciaron el haber alcanzado ciertos acuerdos con representantes del Gobierno de Daniel Noboa para levantar las movilizaciones violentas que por 24 días paralizaron la provincia de Imbabura.
Entre los supuestos acuerdos alcanzados estaba la liberación inmediata de los detenidos el día anterior en el contexto de la protesta y el retorno inmediato de los acusados por terrorismo a la cárcel de Ibarra.
De lo que se conoce, solo uno de los procesados por el caso de terrorismo se mantendría aún en la cárcel El Rodeo, en Manabí. Este ciudadano no habría sido parte de los beneficiados por el habeas corpus planteado en Portoviejo ni tampoco pertenecería a pueblo indígena alguno.
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Para este viernes, 17 de octubre, el Tribunal Anticorrupción de Pichincha, integrado por los jueces Lauro Fernando Sánchez (ponente), Esteban Israel Coronel y Mabel del Pilar Tapia, convocó a audiencia para conocer las doce apelaciones contra las órdenes de prisión preventiva impuestas por la jueza anticorrupción Gissela Zambrano.
A todos se les acusa de intervenir en los actos violentos suscitados en Otavalo, entre ellos, el ataque al comando policial de Otavalo, el cual terminó con el incendio de las instalaciones y varios vehículos policiales y particulares que se encontraban en los patios de la sede policial en ese cantón imbabureño.
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La audiencia de calificación de flagrancia contra los trece detenidos se dio el 23 de septiembre en la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado con sede en Quito. La diligencia se dio un día después de que fueron detenidos Alfredo P. C., William Andrés R. L., Berny Jonathan A. A., Luis Henry J. E., Washington Jeremy L. P., José Segundo A. Q., Luis Ernesto T. M., Diego Armando L. R., Juan Sebastián M. T., Elvis Damián L. M., Luis Enrique M. F., Luis Alberto C.B. y Gina Betel C. T.
Los doce primeros de la lista recibieron orden de prisión preventiva y solo a Gina Betel C. T. se le dispuso la medida de presentación periódica dos veces por semana y el impedimento de salir del país. En los certificados de autodeterminación presentados por once de los doce apelantes se explica que respecto a quienes serían indígenas la justicia ordinaria debe considerar la aplicación del derecho propio del diálogo intercultural y la aplicación de los derechos y garantías constitucionales que la asisten en su calidad de miembros de un pueblo y nacionalidad indígenas. (I)
