Por unanimidad, con 110 votos afirmativos, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche del martes 5 de julio una resolución en la que exhorta a la Defensoría del Pueblo a constituir una comisión especial para que investigue los hechos ocurridos en el contexto del paro nacional, que se desarrolló por 18 días, entre el 13 y el 30 de junio, y que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La resolución fue planteada por la asambleísta Esther Cuesta, integrante de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES). Durante su intervención en la sesión 784, Cuesta resaltó que la población necesita reencontrarse desde “la verdad y justicia” para todas las víctimas.

Aseguró que esto no debe abordarse con un fin de venganza, sino “como una puerta abierta a la reconciliación”. La intención es que se indaguen las supuestas violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido durante el paro nacional. La asambleísta destacó que la investigación debe “restablecer la verdad de los hechos, promover la justicia y garantizar la reparación de las víctimas”.

Según el texto aprobado por el pleno, se recomienda al defensor del Pueblo (e), César Córdova, que la comisión especial esté conformada por expertos independientes en representación de las organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, académicos, iglesias y gremios profesionales.

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Asimismo, se solicita al defensor del Pueblo que el informe de la investigación sea entregado en un plazo de 90 días ante la ciudadanía y se remita una copia a la Asamblea Nacional. El financiamiento para que la comisión especial pueda trabajar saldrá de la Defensoría del Pueblo.

En la resolución también exhorta a los órganos de justicia para que los procesos que se han iniciado o se inicien en el marco del paro nacional “eviten la criminalización de la protesta y garanticen el ejercicio del derecho a la resistencia”.

En este aspecto, se solicita a la Defensoría que vigile el debido proceso judicial o administrativo en todas las causas vinculadas a las protestas que fueron convocadas por el movimiento indígena.

Por otro lado, se dispone a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional dar seguimiento al cumplimiento de la resolución aprobada por el pleno.

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A la comisión legislativa también se encomienda investigar las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyan infracciones y los acuerdos establecidos entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y sociales.

Los legisladores deberán elaborar un informe con conclusiones y recomendaciones, para que sea analizado, discutido y sometido a votación del pleno, dentro de un plazo de 30 días. (I)