Durante los 18 días en los que el país se paralizó, se produjeron tres intentos de promover un diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena que fracasaron por las posiciones cerradas de las dos partes.

Desde el 13 de junio del año en curso se inició una paralización nacional indefinida que reivindicó una agenda de diez puntos promovida por tres organizaciones indígenas que exigían al presidente de la República, Guillermo Lasso, su cumplimiento.

Las posiciones de los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) eran extremas. Desde un comienzo se negaron a instalar mesas de diálogo y exigían acciones.

“No hemos venido a esta movilización para que nos ofrezca el diálogo, porque durante un año fuimos al diálogo. No hay intención de buscar una solución”, dirimió en repetidas ocasiones, Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

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Los primeros en buscar un acercamiento fueron la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope).

Aunque Leonidas Iza resaltó la voluntad de generar las “condiciones para el diálogo”, se limitó a pedir que trasladen sus pedidos al gobernante y no atendieron a ese llamado.

El 17 de junio, Lasso había emitido un decreto ejecutivo en el que plasmó ocho medidas en el ámbito económico para atender la agenda de los colectivos. Pero ello no los convenció.

Dieron 48 horas para que ejecute sus diez demandas y como no recibieron respuesta, en esencia, sobre la reducción de los precios de los combustibles, el 20 de junio, las estructuras de los movimientos arribaron por miles hasta la capital y radicalizaron las protestas en las calles y bloquearon las carreteras paralizando el país.

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Ante ese escenario, el 21 de junio, 300 organizaciones de la sociedad civil conformaron una “Comisión Convocante”, cuyo objetivo era instalar un diálogo entre los dirigentes sociales y el Gobierno.

Guillermo Lasso aceptó la invitación. El sector indígena lo rechazó.

Iza aseveró que no atenderían el llamado de “actores con nula legitimidad” pese a que dicha Comisión aglutinaba, entre otras, a Fundación Esquel, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), más la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).

Con la llegada de las bases sociales a Quito empezó la puja por recuperar las instalaciones de la Casa de la Cultura y el parque El Arbolito para poder concentrarse. Pero fueron requisadas por el régimen, como parte del estado de excepción que decretó para contrarrestar las manifestaciones.

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Se trasladó a la gente a denominadas ‘zonas de paz’ en las universidades Central y Salesiana. Por los siguientes tres días (21, 22 y 23 de junio) recuperar la Casa de la Cultura fue un nuevo condicionamiento del movimiento indígena. Hasta que el jueves, el Gobierno cedió.

Efectivos de la Policía nacional y de las Fuerzas Armadas, que resguardaban esas áreas, se retiraron y les permitieron el ingreso.

Pero el viernes, 24 de junio, la situación dio un giro. Desde el ágora de la Casa de la Cultura y cuando se vivía el día doce del paro indefinido, ya no se exigía que se cumplan los diez pedidos, el clamor era “¡Fuera, Lasso, fuera!”.

Ese día, más de 30 dirigentes indígenas estaban en la tarima arengando la destitución de Lasso, que era aclamada por la multitud. Incluso, asistieron ocho legisladores de Pachakutik (PK) considerados del ‘ala rebelde’, que explicaron cuál era la vía jurídica para dar ese paso.

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Esto, mientras la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES) había presentado ante la presidencia de la Asamblea Nacional una solicitud de aplicación del artículo 130 de la Constitución, para discutir la destitución del jefe de Estado por grave conmoción interna.

En los alrededores del parque se reportaban violentos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública.

AME7988. QUITO (ECUADOR), 20/06/2022.- Manifestantes se enfrentan a la policía durante las protestas contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso, hoy en Quito (Ecuador). Miles de campesinos han empezado a llegar la noche de este lunes a Quito, en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra la gestión económica del presidente conservador Guillermo Lasso, quien se ha refugiado en el llamado al diálogo y en la aplicación de un estado de excepción. EFE/José Jácome Foto: José Jácome

Lasso advertía que se buscaba derrocarlo y en cadena nacional advirtió que “la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia”.

A eso de las 16:00, el ambiente era denso y los enfrentamientos se encendieron. Palos, piedras, voladores lanzaban los manifestantes, que hasta armaron trincheras en las calles. Eran repelidos con gas lacrimógeno, y la fuerza pública retomó el control y los obligó a volver a las zonas de paz.

El 25 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, llamó a dialogar al movimiento indígena y al Gobierno. “El Ecuador demanda un diálogo inmediato y en mi calidad de presidente, he convocado a las partes”, expresó en un mensaje por redes sociales.

La Conaie, Feine y Fenocin aceptaron esa invitación. La mesa de conversaciones se instaló ese mismo día en el colegio Matovelle de los misioneros oblatos de la iglesia Basílica del Voto Nacional, y fue reservada.

QUITO (27-06-2022).- Diálogo de autoridades del Gobierno e indígenas para encontrar una salida el paro nacional que lleva 15 días, en la Basílica del Voto Nacional. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo

Saquicela convocó al arzobispo de Quito, José Espinoza Mateus, y a los representantes de los poderes del Estado. Asistieron Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), que preside la Función Electoral; el presidente encargado de la Función de Transparencia, defensor del Pueblo (e) César Córdova, Saquicela y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, entre otros funcionarios.

No participaron la Función Judicial ni la Iglesia católica.

Luego, el 27 de junio, este encuentro fue público y transmitido en vivo por las redes sociales de medios de comunicación comunitarios y algunos nacionales a los que la Conaie permitió ingresar.

Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, y Eustaquio Tuala, de la Feine, figuraban como los teloneros de Iza. Los dos dirigentes iniciaban los discursos e Iza los cerraba.

Aquel día se llegó a ofrecimientos previos, que comprendían revisar los precios de los combustibles y aplicar fórmulas para la focalización de los subsidios; además, derogar el Decreto Ejecutivo 95 sobre la explotación petrolera y reformar el 151 para prohibir la explotación minera en zonas protegidas.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez pidió esa noche tiempo para revisar con el gabinete la viabilidad de esos posibles consensos, mientras que el sector indígena esperaba una respuesta inmediata. Finalmente, aceptaron que se reinstale a las 09:00 del martes.

Sin embargo, en la madrugada, esos alcances previos se desvanecieron. El Ejecutivo rompió la negociación, debido a un enfrentamiento en Shushufindi (Sucumbíos), entre indígenas amazónicos y miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas que iban en un convoy resguardando el traslado de crudo.

Un militar falleció y hubo doce heridos entre policías y militares. A eso de las 08:30, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reprochó el incidente al que lo tildó como un acto “terrorista”.

QUITO (28-06-2022).- El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en rueda de prensa, informó que un convoy de 17 vehículos fue atacado por manifestantes mientras se desplazaba desde Shushufindi hasta el bloque petrolero ITT, en la provincia de Sucumbíos, durante el paro nacional que lleva 16 días. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo

En tanto, a las 09:00 se preveía la reinstalación del diálogo en el colegio Matovelle. Tuala, Iza y Espinoza llegaron minutos después de la hora fijada, acompañados por decenas de dirigentes de sus bases.

Pasaban las horas. Virgilio Saquicela llegó y proclamaba ante la prensa su optimismo por los avances alcanzados; hasta que a eso de las 11:30 ingresó al salón e informó que los delegados del Gobierno no asistirían en rechazo al hecho de Shushufindi. Convocó nuevamente para las 14:00, pero la comitiva presidencial tampoco llegó.

Saquicela reprochó esa decisión, al igual que los líderes de las tres organizaciones sociales, quienes llamaron a Lasso a retomar las conversaciones, en medio de una paralización que llegaba a los 16 días.

A este hecho se sumó que esa noche la Asamblea Nacional trató la solicitud de la bancada de UNES para destituir a Lasso, por la que 80 legisladores votaron a favor. Entre ellos el mismo Saquicela, quien se había mostrado como ‘garante’ de un diálogo que lo izaba como transparente.

En la víspera, alegó que su voto era un rechazo a la “represión” que aplicó el Ejecutivo a las manifestaciones.

Para el régimen ello fue una afrenta. Jiménez se negó a la iniciativa de Saquicela. “Si pretendía fungir como mediador, ayer se le cayó la careta, no es un mediador, es alguien que tomó posición por un golpe prefabricado. No es un mediador para este conflicto”, enfatizó el ministro.

Iza consideró que la situación estaba en “un punto muerto”. De todas formas, los tres colectivos sociales optaron por instalarse en el colegio a la espera de que el Gobierno regrese, sin éxito.

El 29 de junio, el hermetismo rodeaba la iglesia de la Basílica. Los dirigentes buscaban nuevos interlocutores para poner fin al paro y hacer que sus bases retornen a sus provincias, agotados tras 17 días en las zonas de paz y haciendo marchas por las calles de Quito.

Buscaron la anuencia del papa Francisco, para que a través de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se retomen las conversaciones.

De forma paralela, las bases indígenas de Cotopaxi habían tomado nuevas resoluciones: movilizar a más gente para que procedan con la ‘toma de Quito’.

Es así que a las 20:00 de ese miércoles, Francisco Jiménez anunció que aceptaban conversar nuevamente y que el interlocutor sería la Iglesia católica.

Esto, aun cuando se inició el paro nacional, la Conferencia hizo un llamado a dialogar, pero los movimientos sociales se negaron, pues querían garantes, no mediadores.

Con las medidas de hecho desbordadas, la madrugada de ese 30 de junio se conformó una comisión con el vicepresidente y el secretario de la Conferencia, monseñor Alfredo Espinoza y monseñor David de la Torre; y el padre Juan Carlos Garzón, párroco de la iglesia Trinidad.

Esta instancia no instaló ninguna mesa de conversaciones directa. Los sacerdotes se convirtieron en los mensajeros. Hablaban con las partes, la una en Carondelet y la otra en el colegio Matovelle, hasta llegar a consensos, los que fueron plasmados en la llamada ‘acta de la paz’.

QUITO (30-06-2022).- Rueda de prensa, en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, de las autoridades del Gobierno y las organizaciones indígenas donde, finalmente, firmaron un acta que indica el fin el paro nacional que duró 18 días. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo

Ese documento se firmó la tarde del 30 de junio y fue una sorpresa.

La Conferencia había convocado a una declaración de prensa, en la que se preveía informar de una metodología para el diálogo, pero lo que se anunció es la suscripción del acta que había redactado esta comisión.

En ella, el movimiento indígena declaraba el cese de las manifestaciones y el régimen se comprometía a bajar cinco centavos más, a los diez que decretó días antes, a los precios de la gasolina extra, ecopaís y al diésel.

Derogaba el Decreto Ejecutivo 95 y reformaba el 151.

Como esa acta de paz no fue elaborada con la presencia de las partes, los dirigentes presionaban para que se incluyeran puntos como que no se ‘criminalice la protesta’, para evitar ser procesados en el futuro por su participación en el paro.

La Fenocin, con su líder Gary Espinoza, estuvo a punto de no firmar el documento porque exigía que conste la condonación de las deudas por $ 10.000, en cumplimiento de la Ley para la Sostenibilidad Fiscal, y que no se suban los precios de los combustibles por los próximos cinco años.

Ello no constó en el acta, pero la firmaron los tres dirigentes con la anuencia pública de sus estructuras sociales, que presenciaban ese acto en la Conferencia Episcopal, en el norte de Quito y que puso fin a 18 días de incertidumbre.

Boris Cornejo, directivo de Fundación Esquel, exalta que tras estos momentos se haya llegado a una conclusión positiva, que deja lecciones para el sistema político.

Aunque ellos intentaron facilitar el diálogo, Cornejo recordó que en este caso, el movimiento indígena optó por “conversar directamente” con el régimen y eso “produjo lo que produjo”.

“Los caminos no siempre son directos, siempre tienen curvas, pero lo importante es que se llegó a esta forma con la Iglesia católica”, comentó.

Cree que el rechazo a la Comisión Convocante se dio en el “fragor de las calenturas en estas situaciones crispadas de puño; cualquier tipo de declaración es esperable. Pero nuestra trayectoria de apoyo a la democracia es parte de estos procesos”.

AME561. QUITO (ECUADOR), 30/06/2022.- Indígenas celebran el fin del paro nacional hoy en Quito (Ecuador). El Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena firmaron este jueves un acta que puso fin a las protestas por la carestía de la vida, en la que se recoge un acuerdo donde el Ejecutivo acoge parcialmente las demandas que motivaron una movilización que duró 18 días. EFE/Santiago Fernández Foto: Santiago Fernández

Reflexionó que esta “no es la bronca de un gobierno y un movimiento, sino el fracaso del sistema político. La democracia estuvo en riesgo, en las calles la furia a flor de piel, enfrentados ecuatorianos con ecuatorianos, haciendo zonas de paz, y al mismo tiempo, el sistema político procesando otro tipo de intereses. Este es un llamado de atención a todos, en el que no tenemos que esperar a que nos incendien las calles para poner atención en los temas de fondo”.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Cabrera, aclaró que no serán parte ‘garante’ de los consensos llegados porque su “garantía no es técnica o jurídica, es moral”. “Nuestra presencia es para recordarles el compromiso asumido entre ellos y con el país”, expresó. (I)