A menos de diez días de que se cerraran los primeros 90 días de instrucción fiscal en el caso Nene, el proceso penal no solo variará en el número de sospechosos, pues pasará de uno a tres por el anuncio de vincular a la vicepresidenta de la República en funciones, Verónica Abad, y a Daniel Lenín R. P., sino que también se dejará de investigar el delito de oferta de tráfico de influencias para pasar a analizarse el delito de concusión.

¿Qué es concusión, el delito por el que la Fiscalía quiere procesar a Verónica Abad?

Los primeros casi tres meses de investigaciones, luego de la instrucción fiscal que se abrió el 22 de marzo pasado, giraron en torno a que al denunciante del hecho ilícito, Rommel P. lo contactaron Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Abad, y el supuesto asesor de la funcionaria, Daniel Lenín R. P., para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República, pero a cambio de que del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir debía entregarles una buena parte. Primero se le exigían $ 2.000 y luego de una “negociación” la cifra pasó a $ 1.500.

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Para asegurarse el pago mensual, quienes le ofrecieron el trabajo le hicieron firmar una letra por $ 30.600 a Rommel P., quien tuvo problemas para cubrir lo pactado para los primeros meses. Al quedarse el denunciante con poco dinero de su mensual pidió que se le acumularan las dos primeras letras para que las pague en febrero del 2024, pero eso no pudo ser porque antes a Rommel P. le notificaron de su desvinculación de la Vicepresidencia de la República.

Vicepresidenta Verónica Abad será procesada por concusión, Fiscalía pidió fecha para vincularla al caso Nene

Hoy, según la Fiscalía, han aparecido datos de los que se presume la participación en los hechos que se investigan de la vicepresidenta Abad y de Daniel Lenín R. P. A la teoría inicial se le suman como elementos lo dicho en la ampliación de versión del denunciante, quien asegura que la “vicepresidenta” tenía completo conocimiento de los acuerdos y negociaciones que se mantuvieron con él y adjuntó copias de chats que supuestamente mantuvo con Verónica Abad.

Como base para fundamentar que en el delito podría existir participación de una persona con fuero de Corte Nacional se incluyeron versiones de cinco exfuncionarios y un funcionario actual de la Vicepresidencia de la República. Por ejemplo, Marco Molina, exsecretario general de la Vicepresidencia de la República, habría indicado en su versión que la “vicepresidenta” le dispuso que realice la contratación del denunciante en el cargo jerárquico superior de coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia.

Los trece elementos definidos en el escrito con el que el fiscal Leonardo Alarcón se inhibió de seguir con el caso Nene, por la persona con fuero de Corte que aparecería en la nueva información, son parte de los elementos de convicción que la fiscal general, Diana Salazar, ahora usaría durante la audiencia de vinculación solicitada y de la cual no se conoce una fecha para la diligencia ni qué juez penal asumir por sorteo la causa.

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Respecto a la vinculación y a la reformulación de cargos solicitada por la fiscal Diana Salazar en el caso Nene, el penalista y presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, cree que la Fiscalía ha procurado no generar vicios de nulidad en la causa y por ello pide dentro de la etapa de instrucción fiscal vigente ambas acciones.

Lo que corresponde ahora, explica Ocaña, es que el juez de la Corte Nacional de Justicia que asuma la causa pida a la Asamblea Nacional que autorice se avance con el procesamiento penal de la vicepresidenta Abad. El penalista cree que el tiempo de instrucción fiscal debería suspenderse hasta que el Legislativo dé una respuesta a la consulta de la justicia.

Independientemente de la respuesta que se entregue desde la Asamblea, la instrucción fiscal del proceso penal en el caso Nene deberá extenderse por 30 días, pues en la lista de personas por vincular no solo está Abad, sino también Daniel Lenín R. P. A.

El jurista y docente universitario Carlos Poveda recuerda que desde la Asamblea se ha dicho que cuando se trata de delitos comunes obviamente no se necesita autorización del Legislativo, pero, aclara, hay un criterio dividido entre los jueces, ya que existen unos magistrados que a veces requieren y otras veces no, haciendo el procesamiento de forma directa. “Habría que ver cuál es el criterio del juez que tome el caso”, sostuvo Poveda.

Caso Nene: denunciante afirma que Verónica Abad conocía de los acuerdos y negociaciones de su hijo

Más allá de los tiempos que puedan tomarse los organismos respectivos en solicitar y responder a esas solicitudes, el abogado afirma que la Fiscalía debe tener en cuenta el “plazo fatal” de 120 días como máximo que puede durar una etapa de instrucción fiscal. De no tomarse en cuenta estos tiempos, indica Poveda, podrían verse afectados los elementos de convicción y tendrían el carácter de anulables, ya que todo lo ordenado y realizado fuera de los 120 días ya no tendrían valor dentro del caso.

Otra situación que debe ser tomada en cuenta, apunta Ocaña, es que la persona o las personas a ser vinculadas tienen el derecho a contar como mínimo 30 días de instrucción fiscal para poder ejercer una debida defensa.

El 20 de junio próximo se cerraban los tres meses de instrucción fiscal dispuesta por la jueza anticorrupción. Los 30 días que se sumarán a la instrucción fiscal deberán ser contados a partir del día en que se concrete la o las vinculaciones. (I)