“Este tribunal recuerda que este juicio no es político. Este juicio corresponde específicamente al cometimiento de una conducta que se consideró penalmente relevante y que se adecua al artículo 278 (peculado) del Código Orgánico Integral Penal (COIP). No se trata de influjo ni impulso psíquico, sino que se trata de acciones que coadyuvaron y conllevaron a la ejecución de la infracción”.

Con esa frase culminó Mercedes Caicedo, presidenta del Tribunal de Juzgamiento del caso Reconstrucción de Manabí en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la lectura de una decisión unánime que le tomó más de tres horas. Caicedo y los también jueces nacionales Marco Rodríguez y Javier de la Cadena, en mérito de la prueba actuada, declararon la existencia del delito de peculado y la culpabilidad del expresidente del Comité de Reconstrucción y exvicepresidente de la República Jorge Glas y de Carlos Bernal, exsecretario Técnico del Comité de Reconstrucción.

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Ambos fueron condenados a 13 años de cárcel en calidad de coautores y al pago de la multa de 60 salarios básicos unificados (SBU), $ 28.200. Como medida de indemnización, en su vertiente económica, se ordenó el pago de $ 250 millones y tal valor debe ser cancelado por parte de los dos sentenciados de forma conjunta, esto es, cada uno de ellos deberá pagar la suma de $ 125 millones en la cuenta del Estado, una vez que se haya ejecutoriado este fallo.

Como única medida de satisfacción del derecho violado, se determinó la publicación de la resolución de la sentencia a cargo de los sentenciados y la publicación, en relación con la carta y el video, ordenado para el conocimiento de las víctimas del terremoto de abril de 2016 en Ecuador, determinando la frase determinada: “La corrupción en la administración de los fondos públicos no es solo un delito, sino traición a la confianza del pueblo”.

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QUITO (30-06-2025).- En la Corte Nacional de Justicia se realizó la audiencia de juzgamiento en el caso Reconstrucción de Manabí, el exvicepresidente Jorge Glas en la audiencia. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Según la magistrada ponente, quedó comprobado en este caso el peculado, es decir, el abuso de fondos públicos, fondos recaudados por la Ley de Solidaridad, por parte de las personas procesadas, quienes aprovechándose de su cargo, presidente del Comité de la Reconstrucción, Jorge Glas, y secretario del Comité, Carlos Bernal, y las condiciones de emergencia, ejecutaron de manera voluntaria la conducta en términos que exige la ley,es decir, uno de los verbos rectores: abusar.

Mercedes Caicedo le recordó al país que en este caso no se está condenando el hecho de hacer obra ni ser un Gobierno. Aclaró que está emitiendo una decisión porque se ha aprovechado “de la necesidad, del dolor y de la emergencia” para beneficio propio de los condenados. “Aquí no se trata del juzgamiento de un delito político ni decisión política”, refirió.

Resaltó la decisión del Tribunal de Juicio: que la corrupción en la administración de los fondos públicos “no es un delito solamente, sino que es una traición a la confianza del pueblo, es el desconocimiento de la humanidad”, y agregó que que en esta causa “buscaron la pérdida de la dignidad de las víctimas” del terremoto del 16 de abril del 2016. Para los tres jueces, esta sentencia es una forma de restitución a las víctimas de ese evento natural y de las malas decisiones adoptadas por quienes eran servidores públicos.

El fallo impuesto también incluyó el que las dos personas condenadas son inhabilitadas de por vida para el desempeño de todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o en entidades de economía popular y solidaria y entidades en donde se realiza la intermediación financiera, como lo define el artículo 278 del COIP. Además, conforme al artículo 60, números 13 y 68, del COIP, se les definió a Glas y Bernal la pérdida de los derechos de participación por un lapso de 25 años; y, con base en el artículo 60, numeral 14, del mismo cuerpo legal, se impuso para ambos ubicados como culpables de peculado la inhabilitación para contratar con el Estado. (I)