Alias ‘Diablo’ y otras ocho personas acusadas por ‘obstruir la justicia’ son notificados con la sentencia por escrito del caso Independencia Judicial

Casi siete meses después de que los conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Olavo Hernández (ponente), Hernán Barros y Édison Cantos emitieron su decisión oral unánime en el caso Independencia Judicial, condenando a nueve años y cuatro meses de cárcel a Wilman Terán y a la exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno, acusados del delito de obstrucción de la justicia, la Sala de Juzgamiento, la tarde del jueves 17 de julio, notificó con el fallo por escrito en el que se fundamenta la sentencia de primer nivel.

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El 23 de diciembre de 2024, los magistrados nacionales explicaron la decisión de encontrar culpables a Terán y Barreno, quienes fueron ubicados como líderes de la estructura, y otros siete condenados en calidad de cómplices. Los nueve procesados, según la acusación de Fiscalía, fueron parte de una red que buscó evitar, mediante suspensiones y destituciones, que el entonces juez nacional Walter Macías actuara legalmente dentro del caso por tráfico de influencia denominado Vocales.

Además de Terán y Barreno también se ratificó la culpabilidad de los exfuncionarios del CJ Milton A., Jessica Ch., Liberton C., Carlos G., Olga V., Milton Herrera y Santiago Cifuentes, estos dos últimos exasesores de Terán en la Judicatura, conocido con el alias Diablo en el caso Metástasis, causa penal por la que fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión.

Milton A., Jessica Ch., Liberton C., Carlos G., Olga V. y Milton Herrera fueron condenados a una pena agravada de cuatro años y seis meses de privación de la libertad; mientras que Cifuentes fue sentenciado a una pena de dieciocho meses de prisión, debido a que se le tomó en cuenta la atenuante de haber entregado información relevante para la causa. Únicamente Andrés J. y Katherine L., exservidores del CJ, recibieron un sobreseimiento; es decir, se les ratificó su estado de inocencia.

Como reparación inmaterial en la sentencia por escrito se dispuso que el Consejo de la Judicatura realice las publicaciones del contenido de la parte resolutiva de esta sentencia en los portales del CJ y la Función Judicial, esto es, en las páginas que tienen la Corte Nacional, la Fiscalía General, la Defensoría Pública y las que existan en el sistema notarial.

De la misma manera, se definió que el Consejo de la Judicatura refuerce sus programas internos e interinstitucionales que incentiven y permitan la denuncia interna y externa de actos de corrupción. A costa de los sentenciados, deberá fijarse una placa al ingreso del edificio donde funciona el CJ, en la que conste el siguiente texto: “Sin independencia judicial, los derechos pierden su valor, el Estado, su razón de ser, y la sociedad desconfía en el sistema de justicia”.

Respecto de la víctima indirecta y directa, conforme la prueba practicada y las disposiciones constitucionales y legales invocadas, según reza el fallo por escrito, se disponen las disculpas públicas por parte de los sentenciados a dicha víctima, ante el juez de Garantías Penitenciarias del cantón Quito correspondiente.

Al no haberse justificado dentro del procesamiento daños materiales, no se dispuso indemnización económica alguna; sin embargo, se aclaró, como reparación inmaterial, como compensación al daño no tangible o no patrimonial, el cual es notorio dadas las series de acciones judiciales que debió emprender en defensa de sus derechos, el Tribunal de Juicio definió que los autores Wilman Terán y Maribel Barreno paguen a la víctima indirecta, el hoy exjuez Walter Macías, la cantidad $ 3.000 cada uno.

Los también sentenciados en calidad de cómplices deberán cancelar a la víctima $ 1.000 cada uno, con excepción de Santiago Cifuentes, quien deberá pagar la cantidad de $ 335. Para el efecto, el abogado Walter Macías deberá consignar el número de cuenta para que se cumpla lo dispuesto por este tribunal.

Finalmente se ordenó la pérdida de los derechos de participación de los procesados por el lapso de 25 años, una vez cumplida la sentencia privativa de libertad.

La notificación de la sentencia por escrito en 388 hojas abre la posibilidad de que los condenados planteen, primero, los recursos horizontales de aclaración y ampliación, y, después, el recurso vertical de apelación a la sentencia de primer nivel. La aclaración y ampliación la deberá responder la misma Sala de Juzgamiento, pero deberá ser otro tribunal de la CNJ quien conozca la apelación, de plantearse.

Wilman Terán tiene otras dos sentencias en los casos Metástasis, de nueve años y cuatro meses de cárcel por el delito de delincuencia organizada, y Pantalla, de seis años y ocho meses de prisión por el delito de asociación ilícita. (I)