El próximo 19 de noviembre, desde las 10:30, se realizará la audiencia para reformular los cargos en la causa que investiga el ataque a las instalaciones del Comando Policial de Otavalo, en Imbabura, en el marco del paro que duró 31 días en Ecuador. Inicialmente, la jueza anticorrupción Karol Zambrano procesaba a trece personas por el delito de terrorismo, pero, ante la existencia de nuevos elementos encontrados durante la etapa de instrucción fiscal, la Fiscalía reformulará el delito de acusación.

El 23 de septiembre pasado, el fiscal Galiano Balcázar formuló cargos por el delito de terrorismo contra Diego Armando L. R., Luis Enrique M. F., Elvis Damián L. M., Alfredo P. C., Luis Ernesto T. M., William Andrés R. L., Berny Jonathan A. A., Washington Jeremy L. P., José Segundo A. Q., Juan Sebastián M. T., Luis Alberto C. B., Luis Henry J. E. y Gina Betel C. T.

La Fiscalía refirió en su acusación que los sospechosos aparentemente fueron detenidos en distintos lugares cercanos al Comando Policial de Otavalo, lugar que fue atacado con piedras, palos, bombas molotov, el pasado 22 de septiembre, por una parte de las cerca de 300 personas que se movilizaban en protesta por la Panamericana norte o E-35.

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Quito, 13 de octubre de 2025. Convoy humanitario de 1.000 efectivos militares y policiales, organizado por el Bloque de Seguridad, se desplazó a Imbabura y despejó vías en el sector de Zuleta para llevar el abastecimiento de la provincia que llevaba más de 21 días del paro convocado por la Conaie. Foto: API. Foto: API

El fiscal Balcázar presentó en audiencia como elementos de convicción las versiones de los servidores policiales que fueron agredidos con piedras. Ellos aparentemente identificaron a los procesados como presuntos responsables de los ataques y de portar explosivos artesanales, bombas molotov, escudos metálicos, entre otros artefactos.

Por otra parte, los informes periciales de Criminalística presentados por la Fiscalía determinaron que las pérdidas materiales por la incineración de los vehículos superarían los $ 125.000. Mientras que un reporte del Cuerpo de Bomberos confirmó el uso de bombas molotov, voladores, piedras y otros artefactos explosivos, que ocasionaron graves daños en las estructuras policiales. Además, en el interior de los inmuebles se hallaron vainas percutidas, que serán periciadas para determinar su pertenencia y su trazabilidad.

Ahora la Fiscalía señala que de las diligencias investigativas realizadas hasta el momento se desprende que han variado justificadamente los elementos que conllevaron a la calificación jurídica de terrorismo y existiría un nuevo delito por investigarse. En el escrito de la Fiscalía no se detalla hacia qué delito se dirigirá este proceso y solo se limita a referir que en relación con este se expondrán los elementos encontrados en la audiencia que se defina.

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Además de la reformulación de cargos, la jueza anticorrupción Zambrano, en la misma diligencia del 19 de noviembre, conocerá los elementos que mantiene la Fiscalía para vincular a esta causa a Édgar Javier S. A., Luis Enrique G. G., Axel Troy G. O., Sayri Alli P. G. y Sairi David A. F. Este último es asambleísta alterno de Pamela Aguirre, legisladora por Imbabura del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC). Con esta vinculación, la etapa de instrucción fiscal se alargará por 30 días más.

Durante esta audiencia también se realizará la diligencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de la medida cautelar que pesa sobre el extranjero Luis Henry J. E. Él es el único de los trece procesados inicialmente por el delito de terrorismo que mantenía vigente una orden de prisión preventiva. Para once de los investigados, quienes pertenecen a alguna comunidad del pueblo kichwa Otavalo, se les reformó la medida cautelar hace unas semanas y, en lugar de la prisión preventiva, se les impuso una presentación periódica. (I)