Luego de once días de audiencia de juzgamiento, en su alegato de cierre, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, pidió al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que se condene a seis años de prisión, más agravantes, a cinco exmiembros de seguridad del Estado procesados como autores mediatos de la presunta detención irregular y tortura de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, integrantes del desaparecido grupo Alfaro Vive Carajo (AVC).

Solo para quien fue acusado como autor directo, el representante de la Fiscalía pidió la pena máxima de cinco años y que se tomen en cuenta circunstancias agravantes. La solicitud se hizo conocer en el undécimo día de la audiencia de juicio que está en manos de los jueces nacionales Javier de la Cadena (ponente), Manuel Cabrera y Katty Muñoz.

En siete días el fiscal Alarcón presentó 38 testimonios, entre testigos y peritos, y 27 pruebas documentales para demostrar la responsabilidad de los seis procesados en una causa que investiga violaciones de derechos humanos que, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa humanidad ante la actuación coordinada de estructuras estatales -cadena de mando-, inteligencia, custodia e interrogatorio, apoyo médico y operativo contra personas tratadas como “enemigos internos”.

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El fiscal Alarcón en poco más de una hora de su alegato de cierre aseguró que en el juicio demostró que las tres víctimas fueron detenidas de forma ilegal y arbitraria, privadas de su libertad sin orden judicial y trasladadas a instalaciones clandestinas, donde fueron sometidas a confinamiento, plagio, tormentos físicos y psicológicos, violencia sexual y atentados contra el pudor. Estas conductas por su modalidad de ejecución y el contexto histórico para la Fiscalía configuran en delitos de lesa humanidad.

Las penas y las agravantes

Esta causa se inició judicialmente en octubre de 2013, tres años después de que un informe de la Comisión de la Verdad reportó la existencia en el Ecuador de 118 casos, incluidos los de Vaca, Cajas y Jarrín, en los que habrían existido delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos, entre 1984 y 2008.

En la lista contra quienes la Fiscalía solicitó la pena máxima de seis años de cárcel como autores mediatos están el exministro de Defensa Luis Eduardo P.; Manuel Marcelo D., exdirector de Inteligencia del Ejército (1987-1988); Juan Raúl V., entre 1984-1987 comandante del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM); Mario Ricardo A., comandante del AEIM entre 1987-1990; y Nelson Bolívar E., jefe de la Unidad de Contrainteligencia Quito (CIQ), órgano operativo del AEIM.

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QUITO (16-12-2025).- Instalación del noveno día de la audiencia de juzgamiento del caso Vaca-Cajas-Jarrín en la Corte Nacional de Justicia. Cortesía FGE / EL UNIVERSO. Foto: Cortesía

Para los dos primeros la Fiscalía solicitó la imposición de la pena máxima de seis años de privación de libertad como autores mediatos del delito de plagio, como maltratamientos, detención ilegal y arbitraria, confinamiento, tormento a persona detenida y atentado contra el pudor. Mientras que para los tres restantes se solicitó que se los declare culpables como autores mediatos del delito de plagio, desaparición forzada, constitutivo en el crimen de lesa humanidad, y se les imponga la pena máxima de seis años de prisión.

Solo para Fernando R., médico del AEIM entre 1984-1987, se pidió una pena de cinco años debido a que habría adecuado su comportamiento como autor directo del delito de tortura, también calificado como crimen de lesa humanidad. Desde la Fiscalía se aclaró que estas sanciones corresponden a los tipos penales previstos en el Código Penal de 1971, el cual estaba vigente a la fecha de los hechos.

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La reparación a las víctimas

La Fiscalía General del Estado recordó la vigencia de la Ley para la Reparación de las Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos, que establece la responsabilidad objetiva del Estado en los casos documentados por la Comisión de la Verdad, como el caso Vaca y otros.

Al no existir una reparación previa, el fiscal general Alarcón solicitó una compensación económica por daño emergente y lucro cesante, la cual estará calculada sobre la base del salario básico unificado vigente y la expectativa de vida promedio, considerando la edad de cada víctima al momento de los hechos, y garantizando el principio de igualdad.

También la Fiscalía pidió que se declare la responsabilidad solidaria del Estado y como medida de satisfacción la publicación de la sentencia y un acto público de reconocimiento y responsabilidad con disculpas oficiales. Finalmente, solicitó garantías de no repetición, que incluyan capacitación permanente en las Fuerzas Armadas y un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las medidas de reparación.

También han intervenido en los alegatos de cierre de defensa de las tres víctimas y al momento se encuentran ejerciendo ese mismo derecho las defensas de los seis procesados. Por la voluminosidad del expediente, la complejidad de los hechos de lesa humanidad debatidos y el número de sujetos procesales que han intervenido exponiendo su prueba testimonial, pericial y documental, lo que se espera es que el Tribunal suspenda la diligencia, entre a deliberar y convoque para otra fecha para dar a conocer la resolución oral.

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Alarcón aseguró que quedó demostrado que la madrugada del 11 de noviembre de 1985, las tres víctimas fueron trasladadas al AEIM, en Conocoto, donde permanecieron en custodia militar y fueron sometidas a interrogatorios violentos, torturas físicas y psicológicas y tratos crueles durante 17 días; que Luis Vaca permaneció desaparecido, fuera de toda protección judicial, durante aproximadamente dos años, bajo custodia de miembros de inteligencia militar, siendo liberado en Ibarra; y que las víctimas y sus familiares a consecuencia de estos hechos sufrieron una afectación a su derecho a la libertad, a la integridad, a la dignidad humana y a otros derechos. (I)