Pablo Celi dejará la Cárcel 4 en el caso Las Torres para pasar a arresto domiciliario; un Tribunal de la Corte Nacional cambió la medida cautelar

Una vez el excontralor Pablo Celi cumplió los 65 años –el domingo último– y pasó a ser considerado un adulto mayor, luego de una deliberación de varias horas, los integrantes del Tribunal de Juicio del caso Las Torres, Walter Macías (ponente), Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, decidieron, la mañana de este lunes, cambiar la prisión preventiva de Celi por el arresto domiciliario, el uso de grillete electrónico y una vigilancia policial permanente.

La decisión fue parte del cuarto día de audiencia de juzgamiento del delito de delincuencia organizada contra Celi y otras diez personas y llega tras el pedido de la defensa del excontralor de que procede la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre Celi, ya que el procesado es ahora un adulto mayor. La diligencia se realiza en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Pablo Celi desiste del pedido de revisión de la prisión preventiva, porque está próximo a cumplir 65 años, sería un adulto mayor y pasaría a arresto domiciliario

La fiscal general, Diana Salazar, no se opuso al cambio de medida cautelar, pues señaló que ese es un derecho constitucional, pero pidió que las nuevas medidas sean el arresto domiciliario, el uso del grillete electrónico y que para evitar una posible fuga se determine sobre el exfuncionario público un resguardo policial permanente.

Al pedido hecho por la Fiscalía se sumaron los abogados de la Procuraduría General y Petroecuador, ambas acusadoras particulares en este caso. El 4 de abril pasado, en la Corte Nacional se instaló la etapa de juzgamiento de once de los trece llamados a juicio por ser parte de una “organización delictiva” creada para, a través del desvanecimiento de glosas, permitir el pago de dineros a empresas privadas que contarán con el Estado y de ello conseguir un porcentaje a modo de coima.

El que el excontralor Pablo Celi estaba próximo a cumplir los 65 años fue justamente la razón que usó Marcelo Ron, defensa del exfuncionario público, para plantear, el viernes último, el desistimiento para que se analice en audiencia la revisión de la prisión preventiva que pesa sobre su cliente desde el 13 de abril de 2021, fecha en que se formularon cargos en el caso Las Torres.

Celi es uno de los procesados que de manera personal asisten a la etapa de juicio. Es trasladado desde la Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, cada día de la diligencia.

Con esta decisión, Celi no es que es declarado inocente, sino que seguirá siendo procesado en el caso Las Torres y también investigado por cohecho en otra causa que se desprendió del expediente por delincuencia organizada.

El excontralor y su defensa quedan a la espera de que se emita la boleta de libertad, se le coloque el dispositivo de vigilancia electrónica y sea trasladado con custodia policial hasta el lugar en el que se determine cumplirá su arresto domiciliario. En el proceso penal por delincuencia organizada, Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores son señalados como los líderes de la “organización criminal” analizada y se expondrían, según lo previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), a una pena que va de los siete a los diez años de cárcel.

Fiscalía probará que en el caso Las Torres existió un ‘grupo organizado’ para desvanecer glosas y obtener beneficios económicos; la defensa de Pablo Celi habla de persecución política

El 13 de abril próximo también caduca en el caso Las Torres la orden de prisión preventiva que existe para Esteban Celi, hermano del excontralor, y para Adolfo Agusto Briones. Pese a ello, ninguno de los dos podrá dejar la Cárcel 4 en que se encuentran, pues la Fiscalía les formuló cargos por otros delitos y se dispuso una nueva orden de prisión preventiva.

Esteban Celi es parte de la instrucción fiscal por cohecho que se abrió en la Corte Nacional y en la que están su hermano Pablo, Pedro Saona y la empresa China CAMC; mientras que a Agusto Briones y a la persona jurídica Adokasa se les investigará en Guayaquil por el delito de lavado de activos. (I)