Exsubdirectora de la Judicatura asegura que no había dicho la verdad en caso por obstrucción de la justicia por ‘miedo’ a Wilman Terán

Casi al final de los primeros 90 días de instrucción fiscal dentro del caso Independencia Judicial, el exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Xavier Muñoz, y Marcela V., exsubdirectora Nacional de Control Disciplinario del CJ, solicitan que se les escuche su testimonio anticipado y la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Rita Bravo, definió la diligencia para el próximo miércoles 10 de abril, desde las 08:00.

El proceso penal por el delito de obstrucción de la justicia en el que desde diciembre pasado se investiga a Muñoz, Marcela V., al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán; a la exvocal del CJ, Maribel Barreno, y otros tres funcionarios del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, pasa, luego de la vinculación de este jueves 4 de abril, a sumar seis procesados más en la investigación y a extender la instrucción fiscal en 30 días, es decir, concluirá a los 120 días, a inicios de mayo próximo.

Para la Fiscalía, Terán, Muñoz y Barreno son autores directos; mientras que Andrés J., secretario general (e) del CJ; Marcela V., subdirectora Nacional de Control Disciplinario del CJ; Carlos G., subdirector  Nacional de Control Disciplinario de la Judicatura; Katherine L., subdirectora Nacional de Gestión de Procesos del pleno del CJ; los funcionarios judiciales Milton A. y Santiago C., además de Liberton Santiago C., Jessica Ch., Milton H. y Olga V., exasesora de la entonces vocal Barreno, serían cómplices.

Al proceso por obstrucción de la justicia en el que son acusados Wilman Terán y Xavier Muñoz se vincula a seis personas más

A los hoy trece procesados se los acusa de realizar actos que condujeron a evitar, mediante sanciones de suspensión y destitución, que el entonces juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías, no siga frente a casos como Las Torres,en el que uno de los procesados era el excontralor Pablo Celi, y el relacionado a un tráfico de influencias que tenía que ver con los hoy exvocales de la Judicatura, Barreno y Juan José Morillo, y el exjuez de Pichincha, Vladimir Jhaya.

La versión de la exsubdirectora de Control Disciplinario

Dentro de la audiencia de vinculación, el fiscal general Wilson Toainga leyó como uno de los elementos contra los seis nuevos procesados la versión de la exsubdirectora de Control Disciplinario de la Judicatura, Marcela V. Ella el 23 de marzo pasado, ya casi al final de los 90 días iniciales de instrucción fiscal, arrancó su ampliación de versión aclarando que “si antes no había dicho la verdad, era por miedo a que me vaya a hacer algo Wiman Terán a mí o a mi familia”.

Ella explicó que todo empezó el 10 de mayo pasado cuando bajó a la subdirección de Control Disciplinario el hoy procesado Santiago C., quien era asesor de Wilman Terán, a pedirle todos los procesos relacionados con el entonces juez Walter Macías.

“Yo le entregué los expedientes a Santiago C. Luego, él salió de la subdirección, no se demoró mucho tiempo en que él regresa y me pide que suba al piso 14 con Javier Almeida, analista de control disciplinario, donde era la oficina del presidente del CJ, Wilmán Terán, para trabajar en un proyecto de una medida (...) subimos con Javier Almeida al piso 14. Al llegar nos quitaron los celulares, hecho que me sorprendió. En el piso 14 estaba el doctor Wilman Terán, Santiago C.; el jefe del despacho, Andrés Marcilo; David Guzmán, director general; Fabricio Herrera, asesor del presidente Wilman Terán. Tenía en las manos los expedientes del señor Macías. Uno era el expediente de la denuncia de Esteban Celi de la Torre, el otro expediente era una denuncia que había presentado Maribel Barreno contra el doctor Walter Macías y otra denuncia más de Maribel Barreno”, señaló la exfuncionaria judicial.

Marcela V. continuando su relato recordó que Wilman Terán les dispuso que trabajen en un proyecto de medida preventiva de suspensión en contra de Walter Macías. En ese punto Almeida y ella comenzaron a trabajar en el proyecto en sus computadoras, porque era lo único que les dejaron ingresar. “Del piso 14 no nos dejaban salir ni tener contacto con nadie. Solo nos miraban los asesores quienes miraban que estemos haciendo el trabajo”.

Wilman Terán y Maribel Barreno pendientes del borrador de la medida

Cuando habrían acabado de hacer el borrador, dice la versionante, Wilman Terán lo revisó, les dijo que debía incluirse la falta del artículo 109.1 (del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ)) y le comenzó a hacer correcciones al proyecto de manera oral. En ese punto se habría impreso el borrador, cuando de un momento a otro habrían ingresado en la oficina los asesores de la vocal Maribel Barreno: Milton A y Jéssica Ch., hoy también vinculados al caso Independencia Judicial.

Jéssica CH. se habría sentado junto a Almeida y comenzó a hacer correcciones al documento. Otra vez habrían salido los dos asesores y cuando volvieron indicaron que su jefe,la vocal Barreno, estaba de acuerdo. Después que ya se habría dado el OK, es decir, fue aprobado por Wilman Terán y Maribel Barreno y sus asesores, Almeida le pasó el proyecto a Marcela V. en una flash memory.

El proyecto de la medida se habría cargado al SIGED con el número de trámite CJ-INT-2023-10761, porque la medida no fue sustanciada dentro del trámite de la denuncia. Resaltó la versionante que cuando llega la denuncia a Control Disciplinario, esta tiene su curso, es decir, el técnico de ventanilla de control disciplinario ingresa, en este caso es Erick Ayala, y luego le pasa el trámite a Kevin Taco, quien a su vez le pasa a María José Moncayo, secretaria de Control Disciplinario, para que le asignen un sustanciador.

Wilman Terán y Xavier Muñoz seguirán en prisión preventiva por el caso Independencia Judicial

Marcela V. insiste en que ella no sabía de esta denuncia, sino hasta el día 10 de mayo de 2023, cuando mandó a pedir los expedientes Santiago C. por disposición del señor Wilman Terán. Luego la exfuncionaria judicial señaló que fue convocada para la sesión 061, en la que como puntos varios estaba el tratar la medida.

“El día del pleno, antes de que se inicie el pleno, estaba reunido Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno. El doctor Muñoz me preguntó si todo estaba bien con respecto al proyecto, para lo cual indiqué que sí. Cuando se instala la sesión, me dan la palabra para poder responder la medida. Después, conforme consta en el audio de la sesión 061-2023, el señor Wilman Terán le hace modificaciones y luego me llamó la atención por haberme demorado dos días y dispone que se siga de manera acerera con este expediente”, anotó.

Ahí, dice la versionante, correspondía realizar el examen de admisibilidad conforme consta en el SIGED. Las correcciones fueron enviadas mediante memorando CJ-INT-2023-10793, conforme se observa en el SIGED. Quien crea el trámite es el servidor de control disciplinario Javier Almeida y ahí saldrían los nombres de los demás sustanciadores, como María José Moncayo, Marcela V., que es quien manda el memorando antes indicado firmado por ella y con las correcciones requeridas.

El allanamiento del edifico del Consejo de la Judicatura

La medida de control disciplinario habría sido dictada el 11 de mayo del 2023, señaló Marcela V. pero recordó que ese día aproximadamente a las 16:00 evacuaron a todo el edificio principal en Quito del CJ por un atentado de bomba. Sin embargo, cuando ella estaba afuera con todo el equipo de Control Disciplinario, recibió una llamada de Santiago C., quien le dijo que quería que esa medida contra Macías sea notificada inmediatamente.

Ella habría estado con María José Moncayo, secretaria de Control Disciplinario, quien le preguntó si había notificado. Ella le habría respondido que lo estaba haciendo a través de su celular.

“Me hicieron ingresar al edificio, pese a que no podíamos ingresar, por el atentado de bomba. Subí los 15 pisos caminando y con el guardaespaldas de seguridad del presidente hasta el piso 15, donde funciona la secretaría general, donde Santiago C. insistía en que se notificara la medida. Ahí también estaba Andrés Jácome, como director de Talento Humano; Juan Carlos Egas, que estaba coordinando con el equipo de Talento Humano de la CNJ para que elaboren la acción de personal para Walter Macías. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Cuando el 12 de mayo de 2023 fui allanada alrededor de las 20:30. Bajó Fabricio Herrera, Santiago C. y me dijeron que el doctor Wilman Terán necesitaba que cuando se acabe el allanamiento yo suba al piso 14″, explicó Marcela V.

Aproximadamente a las 21:00 de ese día se habría acabado el allanamiento y la entonces subdirectora confianza que no tenía ganas de subir, porque lo único que quería era irme. Al subir al piso 14, refiere, estaban ahí Wilman Terán, Santiago C., Fabricio Herrera, José Navarrete, Marcelo Gudiño, Juan Carlos Egas, estos tres últimos pertenecen a la Dirección Nacional de Talento Humano. También habrían estado Mike Hernández, director Nacional de la Escuela de la Función Judicial; el hoy procesado Liberton C., subdirector nacional de Patrocinio, José Marcillo, coordinador del despacho; David Piedra, asesor de Terán, y Carlos G., quien a ese momento no era funcionario judicial, pero hoy es parte de los procesados por obstrucción de la justicia.

“Cuando ingresé el presidente (Wilman Terán) me recibe y me dice “Oh mi hijita”.Lo abracé y me fui en llanto. Ellos estaban tomando whisky, me dieron un poco para que me calmen los nervios. El presidente me preguntó que porqué había dado la clave de mi celular, que eso no se daba, que si yo no sabía. Mi respuesta fue que yo no tenía nada en mi celular y que estaba cooperando con la Policía porque les habían apagado los ascensores. (...) Yo todavía no sabía de qué se trataba toda esta situación, ni quién era Walter Macías, ni qué casos tenía. Cuando estábamos en el piso 14, como yo estaba incomunicado, Wilman Terán llamó a mi familia para que me puedan venir a retirar porque no me querían dejar salir del edificio, ni mucho menos que hable con alguien. Después ya dejaron que yo me pueda ir. Vino mi cuñada a recogerme”, anotó la procesada como cómplice.

El pedido para que se vaya de vacaciones Marcela V.

Días después, Fabricio Herrera habría llegado a su casa para decirle  que el “presidente” le mandaba todo su apoyo y le ofrecía que se tome los días que crea conveniente, que le pagaba el avión y estadía para que se fuera a Manta. La respuesta de la mujer habría sido que no, que lo que solo quería saber es qué es lo que está pasando.

“Luego de revisar las redes sociales me di cuenta que Walter Macías llevaba el caso de vocales en contra de la vocal Maribel Barreno. Después de que le dije que no quería, tomé los tres días de vacaciones y en esos tres días quien me reemplazó fue Liberton C., quien subió el proyecto de medida trabajado. No recuerdo hasta qué parte estaba el borrador del examen de admisibilidad. En ese borrador trabajé con la analista Lucy Rivera, examen que también fue revisado por Wilman Terán.

De ahí el borrador que sube Liberton C. no se conoció en el pleno, sino hasta la sesión 68 de 2023. En el último punto de esa convocatoria estaba a conocer el examen de admisibilidad de la denuncia del señor Cely de la Torre en contra del juez Walter Macías, para lo cual yo presenté mi excusa de manera, por correo electrónico y de manera escrita al director general el día de la sesión”, sostuvo la procesada en su declaración.

Ya cuando se iba a tratar el último punto que era el expediente en cuestión, Marcela V. explica que junto a Andrés Jácome se excusaron porque habían sido notificados con la investigación previa 57-2023. Por lo tanto se debía nombrar a un secretariado. En primera instancia se habría nombrado a Liberton C., pero luego se dieron cuenta que él era quien firmaba como subdirector subrogante y era quien tenía que sustentar este informe.

Marcela V. en su versión continuó contando detalles como que Fabricio Herrera y Santiago C., directamente relacionados con Terán, eran quienes manejaban el área de Control Disciplinario, y que no se le permitía dejar el cargo que era de libre remoción. La mujer terminó su exposición acogiéndose al derecho al silencio y pidiendo que se la ingrese en el Programa de Víctimas y Testigos manejado por la Fiscalía, pues mantenía temor por lo que pueda pasar con ella y su familia, luego de decir lo que dijo. (I)