Han pasado cuatro meses desde que la tarifa del impuesto al valor agregado (IVA) subió al 15 % y ha transcurrido poco más de una semana desde que el galón de las gasolinas extra y ecopaís cuesta 26 centavos más. Antes, medidas de este tipo en las administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso al poco tiempo desataron estallidos sociales en las calles, con prolongadas y violentas paralizaciones de varios días, que hicieron retroceder a los Gobiernos de turno en sus decisiones. Al contrario de sus predecesores, el presidente Daniel Noboa está teniendo una suerte distinta, al menos por ahora.

Analistas consultados por este Diario apuntaron que hay varios factores que podrían explicar por qué el Gobierno Noboa ha logrado implementar esas dos medidas, tradicionalmente impopulares, sin que hasta el momento haya manifestaciones fuertes como las de octubre de 2019 y junio de 2022.

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Influye la alta popularidad de que aún goza el presidente —aunque en los últimos meses registra un descenso sostenido—, la inseguridad y violencia, la situación económica, el acercamiento de nuevas elecciones presidenciales en 2025, las compensaciones económicas y acuerdos con transportistas —los gremios no plegaron a las protestas del 4 de julio—, el anuncio de condonación de créditos en la banca pública, el ofrecimiento de ampliar a 40.000 nuevos núcleos familiares la base de beneficiarios de los bonos sociales, entre otras razones.

Adicionalmente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), si bien es muy crítica con Noboa, aún no define las acciones que emprenderá; lo hará en una asamblea extraordinaria que se realizará el 19 y 20 de julio. Por ello, la organización no participó en las movilizaciones del último jueves, que protagonizaron en varias provincias los sindicatos congregados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) para rechazar la reducción de los subsidios a los combustibles y otras medidas.

Los expertos consultados consideran que las condiciones pueden variar y jugar en contra de Carondelet si, por ejemplo, en las siguientes semanas aumenta más la inflación (índice de precios al consumidor), el empleo no mejora, si no se percibe algún cambio en materia de seguridad y si no se trasciende de medidas coyunturales a políticas públicas de largo aliento.

Hubo pocos incidentes en protestas sindicalistas antigobierno

Wladimir Sierra, subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica, resumió que, “en lo coyuntural, lo que más apuntala al Gobierno es su promesa de combatir a la inseguridad; eso es lo que permitió que la subida del IVA, por ejemplo, no ocasione movilizaciones sociales”.

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Tras la declaratoria de conflicto armado interno y el desplazamiento de militares a las calles y prisiones mostraron ciertos resultados momentáneos, pero los índices de seguridad siguen elevados. En ese sentido, están pendientes resultados más amplios en la reducción de la violencia. Además, los efectos inflacionarios por el alza de los precios de los combustibles podrían cambiar la actitud de los ciudadanos, observó Sierra.

“En muchos ciudadanos hay la idea de que sí vale arriesgar algo, sí vale ceder económicamente si es que eso se revierte en seguridad. Eso es lo que le permitió a Noboa haber tomado estas medidas y no tener un rechazo popular visible. Él se sintonizó con una serie de demandas de la población que le sostienen; pero, si no encontramos resultados, no va a mantener el apoyo”, comentó, al tiempo de señalar que no se observan políticas públicas vinculadas al control de la violencia.

Por otra parte, dijo Sierra, “algo que favorece a Noboa es que estamos en un largo periodo electoral, y eso hace que cada movimiento político, en este caso la Conaie, también calcule hasta dónde es para ellos rentable políticamente movilizarse ahora; quizás eso les puede restar votos para las próximas elecciones”. Y como la imagen del presidente todavía “no está deteriorada”, enfrentarse a este Gobierno no es muy rentable políticamente.

Al respecto, Leonidas Iza, máximo líder de la Conaie y precandidato presidencial de Pachakutik, ha asegurado que “no hay cálculos electorales” en la postura del movimiento indígena. Que las decisiones son “orgánicas”, planificadas, y no se toman repentinamente pensando si sumarán o restarán votos. Y que en 2019 y 2022, antes de las grandes paralizaciones, hubo varios actos previos en rechazo a las políticas “neoliberales”.

Quito, 2 de julio de 2024. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, grita consignas en una movilización hacia la Asamblea Nacional para reclamar territorios libres de extractivismo. El movimiento indígena presentó a la Asamblea Nacional su propio proyecto de ley de consulta previa, libre e informada. Foto: EFE. Foto: EFE

La docente universitaria e investigadora Ivonne Téllez añadió al análisis que el Ejecutivo toma decisiones para “responder a la coyuntura y mantener su popularidad”, pero “no hay una política que esté buscando un equilibrio entre sostenibilidad fiscal y bienestar de los ciudadanos. En lo que está distraído el Gobierno es en mantener esta burbuja de aprobación ciudadana, y eso lo que ha hecho es distraer todo lo urgente y necesario”.

Téllez señaló que, si bien el Gobierno en el contexto de inseguridad ha logrado evitar que el descontento social crezca más hacia él, hay varios problemas adicionales que requieren soluciones estables y transparentes, como la crisis energética, las deficiencias en el sector de salud o los daños de la red vial.

“Todo esto creo que es un potencial camino para que las consecuencias políticas se vean más adelante. Estamos desbordados de los distractores comunicacionales que se van desgastando”, opinó.

Pamela León Andriuoli, analista y máster en Comunicación Política, agregó que en este momento “las marchas no necesariamente pueden llegar a identificar causas tácitas para el electorado”, tomando en cuenta que, según la medición del Latinobarometro, Ecuador se encuentra entre los países de la región con menores niveles de confianza interpersonal, lo que da cuenta de que las personas no confían en sus vecinos.

“Esos niveles de confianza sí configuran la forma en la que nos convocamos por las causas”, describió León respecto a las convocatorias que han generado las protestas contra el Gobierno.

QUITO (04-07-2024).- Representantes de grupos sociales marcharon por las calles de Quito en señal de rechazo a las medidas económicas impuestas por el Gobierno del presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Acuerdos, condonaciones y algo más...

Una de las estrategias del Ejecutivo fue llegar a acuerdos con transportistas tras el anuncio de la reducción de subsidios. Dirigentes de ese sector confirmaron a EL UNIVERSO que ya se recibieron las primeras compensaciones económica prometidas para este mes para los propietarios de tricimotos, camionetas rurales y taxis.

Según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en julio se pagará a 23.747 transportistas que se registraron hasta el 24 de junio. A ese grupo se asignarán $ 957.840 a cambio de que no se incrementen las tarifas de los usuarios.

Transportistas llegan a acuerdos con el Gobierno y desisten de sumarse a las protestas del 4 de julio

Los dirigentes gremiales que han mantenido diálogos con miembros del gabinete en estos últimos días esperan que el Gobierno cumpla con el resto de acuerdos, entre los cuales están la exoneración del IVA para bienes que son parte de la operación del transporte, exoneración de aranceles, entre otros.

“Caso contrario, el mismo Gobierno se estaría pegando un tiro en los pies”, advirtió el miércoles Napoleón Cabrera, de la Federación de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador (Fenacotrali).

La operación política con los transportistas “es una medida puramente coyuntural”, que responde al momento político con el fin de “generar un impacto en la opinión pública; por ende, no es sostenible”, porque los temas de discusión y eventos van cambiando en el transcurso del tiempo, en el cual el factor electoral es determinante, comentó la analista Pamela León.

Quito, 3 de julio de 2024. Representantes de los gremios de transporte llegan al Ministerio de Gobierno para una reunión con autoridades sobre el tema de las compensaciones de la gasolina y demás negociaciones. API / DANIEL MOLINEROS Foto: API

Otra medida que aplicó el Ejecutivo para apaciguar un posible impacto de las marchas fue que el 2 de julio, dos días antes de las movilizaciones del FUT, el presidente Daniel Noboa anunció como una medida de alivio financiero la condonación de créditos en BanEcuador cuyo capital sea de hasta $ 5.000, que hayan sido otorgados desde 2016 y se encuentren en proceso de coactiva.

“(...) que este alivio financiero sea el inicio de la tranquilidad que tanto ansías y la construcción de días mejores”, dijo el mandatario en un video en redes sociales.

Leonidas Iza criticó que, en lugar de esta disposición, se debió aplicar uno de los puntos acordados en las mesas de diálogo con el Gobierno de Guillermo Lasso, que pusieron fin al paro de 2022, que consiste en condonar créditos en la banca pública de hasta $ 10.000 para agricultores.

“Ahorita (Daniel Noboa) está intermediando para que diga que es iniciativa de él. Ni siquiera puede cumplir con lo que en su debido momento el Gobierno, como representante del Estado, firmó”, dijo Iza en una entrevista en Radio Pichincha, y mencionó que el anuncio de Noboa es propaganda política.

Carondelet toma “medidas que soportan un posible contradictor electoral”, como lo fue con el caso Olón, la crisis energética, el incremento del IVA, desabastecimiento de hospitales, el incremento de delitos como secuestros... “Estos ademanes con ilustradores muy mediáticos y coyunturales soportan una discusión altamente cortoplacista, porque en campaña el corto plazo, el timming, es lo que rige en la semana que se va a posicionar un mensaje nuevo. No hay una política a largo plazo”, apuntó León, y agregó que, “cuando se vive en el coyunturalismo, las marchas también son parte de una agenda coyuntural” de las agrupaciones políticas que las convocan. (I)