Con dos de los nueve procesados por el delito de peculado sin cumplir su medida cautelar de prisión preventiva es como concluyeron los 120 días de instrucción fiscal definidos dentro del caso Reconstrucción de Manabí. El domingo 12 de mayo pasado se cumplieron los cuatro meses definidos para obtener los elementos de cargos y de descargos que sirvan para definir si todos o solo algunos de los sospechosos deben recibir un dictamen acusatorio que los lleve a fase de juzgamiento.

Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Walter Solís, exministro de Obras Públicas y Transporte (MTOP) del Gobierno de Rafael Correa, son los investigados en esta causa que permanecen fuera del país, el primero en Miami, Estados Unidos, y el segundo en México, y no han cumplido la medida cautelar de prisión preventiva dispuesta sobre ellos.

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Únicamente el exvicepresidente Jorge Glas se encuentra en la cárcel cumpliendo su orden de prisión preventiva, pero esto se dio luego que fue detenido dentro de la Embajada de México, en Quito, el 5 de abril pasado. El que formó binomio presidencial con Rafael Correa ingresó a esa sede diplomática el 17 de diciembre de 2023 asegurando que su seguridad estaba en riesgo y que era un perseguido político. Esto se dio luego que fue requerida por la Fiscalía su localización e inmovilización dentro de la investigación previa del caso Reconstrucción de Manabí.

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Con la vinculación de Solís y cinco personas más, el 12 de abril pasado la instrucción fiscal del caso que investiga el delito de peculado se extendió por 30 días. El proceso penal en este caso arrancó el 5 de enero pasado con la formulación de cargos contra Glas, como exvicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico; y Carlos Bernal.

El presidente Daniel Noboa se refirió a la detención de Jorge Glas. Foto: Archivo.

A días de cerrarse los tres meses de instrucción fiscal se dio paso a la vinculación solicitada por la Fiscalía General para el exministro Solís; Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); y el exfuncionario de Inmobiliar Milton Daniel M.

La Fiscalía investiga en esta causa la supuesta desviación de fondos públicos recaudados mediante la Ley de Solidaridad aprobada luego del terremoto de abril de 2016, recursos que debían destinarse exclusivamente a la atención de las zonas afectadas. Durante la etapa de investigación se habrán definido irregularidades en los reasentamientos para damnificados que hasta hoy viven en carpas, sobreprecios en hospitales móviles, el aparente uso del dinero para financiar proyectos no prioritarios, entre otros hechos.

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Básicamente la fiscal general, Diana Salazar, explicó que los hechos imputados a todos los sospechosos radican en el abuso ejercido al dinero que los ecuatorianos entregaron para recuperar las zonas gravemente afectadas por el terremoto. En este caso se ha hablado de supuestas irregularidades en la contratación de varios proyectos, entre ellos, el proyecto vial Manta-Colisa o la construcción del parque Las Vegas.

La teoría manejada por Fiscalía habla de que pese a que estos proyectos no cumplían con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación), fueron adjudicados y establecidos como prioritarios, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto que afectó a varias provincias costeras de Ecuador.

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En enero pasado, Salazar anotó que la investigación realizada hasta ese momento ha evidenciado que se priorizaron ciertas obras de interés de los procesados y cercanos, existiendo la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadieron procesos de contratación pública y que para estas obras, incluso, se benefició a una empresa relacionada con familiares de, por ejemplo, dijo Salazar, el ahora procesado Carlos Bernal. Se presume que el dinero desviado alcanzaría la suma de $ 367 millones.

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Aunque siguen ingresando los resultados de pericias y diligencias ordenadas dentro de la fase de instrucción fiscal, la titular de la Fiscalía, quien lleva la acusación formal por el fuero de Corte Nacional que mantienen varios de los procesados, como es el caso de Glas, Bernal y Solís, este 14 de mayo informó al juez nacional Julio Inga del cierre formal de la etapa de instrucción y solicitó que se defina un día y una hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se escuchará el dictamen acusatorio contra los nueve involucrados.

De avanzar el proceso penal a la etapa de juicio y Bernal y Solís seguir fuera del país, ambos sí podrían ser juzgados en ausencia. El artículo 233 de la vigente Constitución se aclara que podrán ser juzgados en ausencia únicamente los delitos relacionados con peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Para el resto de figuras penales es necesario que el procesado sea parte del juzgamiento, el cual terminará con una sentencia. (I)