Para que se garantice el derecho a la defensa de Jorge Glas y otros en caso Reconstrucción de Manabí, Fiscalía pide que se difiera audiencia preparatoria de juicio

Días después de que el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Julio Inga convocó para el martes 28 de mayo próximo a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del caso Reconstrucción de Manabí, en el que uno de los nueve procesados es el exvicepresidente Jorge Glas, la fiscal general, Diana Salazar, solicita que se señale una nueva fecha para que se realice la diligencia.

Según el escrito presentado por Salazar, la tarde del martes 21 de mayo pasado, el pedido llega debido a que la información requerida por las defensas técnicas de los procesados, dentro del plazo de los 120 días de instrucción fiscal, aún no ha sido remitida ni incorporada al expediente fiscal.

“A efectos de que se garantice el derecho a la defensa en igualdad de condiciones, así como se cuenten con todos los medios necesarios para ejercer la misma, solicito a su autoridad se señale nueva fecha y hora para que tenga lugar la audiencia referida (de evaluación y preparatoria de juicio)”, se explicó en el escrito entregado por la fiscal general.

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El 12 de mayo pasado se cumplieron los cuatro meses definidos para obtener los elementos de cargos y de descargo que sirvan para definir si todos o solo algunos de los sospechosos deben recibir un dictamen acusatorio que los lleve a fase de juzgamiento. Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Walter Solís, exministro de Obras Públicas y Transporte (MTOP) del Gobierno de Rafael Correa, son los investigados en esta causa que permanecen fuera del país, el primero en Miami, Estados Unidos, y el segundo en México, y no han cumplido la medida cautelar de prisión preventiva dispuesta sobre ellos.

Únicamente el líder correísta Jorge Glas se encuentra en la cárcel cumpliendo su orden de prisión preventiva, pero esto se dio luego que fue detenido dentro de la Embajada de México, en Quito, el 5 de abril pasado. El exvicepresidente ingresó a esa sede diplomática el 17 de diciembre pasado asegurando que su seguridad estaba en riesgo y que era un perseguido político. Esto se dio luego que fue requerida por la Fiscalía su localización e inmovilización dentro de la investigación previa del caso Reconstrucción de Manabí.

Con la vinculación de Solís y cinco personas más el 12 de abril pasado la instrucción fiscal del caso que investiga el delito de peculado se extendió por 30 días. El proceso penal en este caso arrancó el 5 de enero de 2024, con la formulación de cargos contra Glas, como exvicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico; y Carlos Bernal.

A días de cerrarse los tres meses de instrucción fiscal se dio paso a la vinculación solicitada por la Fiscalía General para el exministro Solís; Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); y el exfuncionario de Inmobiliar Milton Daniel M.

La Fiscalía investiga en esta causa la supuesta desviación de fondos públicos recaudados mediante la Ley de Solidaridad aprobada luego del terremoto de abril de 2016, recursos que debían destinarse exclusivamente a la atención de las zonas afectadas. Durante la etapa de investigación se habrían definido irregularidades en los reasentamientos para damnificados que hasta hoy viven en carpas, sobreprecios en hospitales móviles, el aparente uso del dinero para financiar proyectos no prioritarios, entre otros hechos.

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Básicamente la fiscal general, Diana Salazar, ha explicado que los hechos imputados a todos los nueve sospechosos radican en el abuso ejercido al dinero que los ecuatorianos entregaron para recuperar las zonas gravemente afectadas por el terremoto. En este caso se ha hablado de supuestas irregularidades en la contratación de varios proyectos, entre ellos, el proyecto vial Manta-Colisa o la construcción del parque Las Vegas.

La teoría manejada por Fiscalía habla de que pese a que estos proyectos no cumplían con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación), fueron adjudicados y establecidos como prioritarios, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto que afectó a varias provincias costeras de Ecuador.

En enero pasado, Salazar anotó que la investigación realizada hasta ese momento ha evidenciado que se priorizaron ciertas obras de interés de los procesados y cercanos existiendo la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadieron procesos de contratación pública y que para estas obras, incluso, se benefició a una empresa relacionada con familiares de, por ejemplo, dijo Salazar, el ahora procesado Carlos Bernal. Se presume que el dinero desviado alcanzaría la suma de $ 367 millones.

De este caso se ha desprendido una demanda de recusación planteada por el exvicepresidente Glas contra el conjuez Julio Inga. El excompañero de fórmula presidencial de Rafael Correa se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, no solo cumpliendo la orden de prisión preventiva en esta causa, sino también lo que le resta de los ocho años de pena unificada que se le impuso por dos procesos penales distintos por actos relacionados con corrupción.

El juez nacional Felipe Córdova está a cargo de la recusación y antes de resolver lo que corresponda dispuso a la parte accionante, a Jorge Glas y a su abogado, Édison Loaiza, que, en el término de cinco días, aclare su demanda, dando cumplimiento a la exigencia consignada en el numeral quinto del artículo 142 del Código Orgánico General de Proceso (Cogep), en lo que respecta a “la narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados”.

De igual modo, se le pide al accionante que complete su demanda, en relación a la exigencia del artículo 14, numeral 2, del Cogep, en lo referente a que consigne su actual estado civil.

“En conclusión, por cuanto la demanda presentada por el señor Jorge Glas no es clara ni completa, (...) conforme se desprende del cuadro y la motivación que antecede. En tal virtud, al tenor de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 146 del Cogep, se dispone al demandante que, en el término de cinco días, complete y aclare su demanda”, se pronunció en providencia el juez Córdova este miércoles 22 de mayo. (I)