Pese a que el conjuez nacional Luis Adrián Rojas rechazó dos escritos en los que se incluían pedidos de diferimiento, uno de ellos hecho por el abogado del expresidente Lenín Moreno, el magistrado no instaló la diligencia y notificó verbalmente a las partes procesales que lo haría mañana viernes 3 de marzo, a las 09:00, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
“Siendo un juez garantista me haré eco de aquellos petitorios para que no se diga después que estamos profanando el libre derecho de defensa, para que no se pretenda manifestar luego que estamos proscribiendo ese derecho a la defensa. Invito a todos ustedes a actuar bajo los principios de buena fe y lealtad procesal. No se siga buscando un artificio o un abuso del derecho para pretender luego alguna nulidad de la causa”, señaló Rojas luego de criticar lo que para él eran “dilaciones innecesarias” y “argucias para dilatar un proceso”.
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Para la tarde de este jueves se convocó a la audiencia de formulación de cargos por el delito de cohecho contra 37 personas, entre ellas, el expresidente Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, dos de sus hermanos, Guillermo y Edwin Moreno Garcés, y dos cuñadas. Inicialmente la diligencia fue convocada para las 08:00 de este jueves 2 de marzo, pero se trasladó para la tarde acogiendo parcialmente el pedido de la defensa del ex primer mandatario.
La Fiscalía sostiene que entre 2009 y 2018 la estructura de corrupción investigada alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, la cual estaría conformada por 37 personas, habría desarrollado acciones ilícitas que generaron un cohecho estimado en $ 76 millones o el equivalente al 4 % de la obra contratada por la empresa china Sinohydro por $ 1.979 millones.
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La fiscal Diana Salazar ha explicado que los $ 76 millones fueron entregados como comisión por la suscripción del contrato con Sinohydro. Ella reconoce que la investigación arrancó con una cifra menor relacionada con el círculo cercano del expresidente Moreno, pero aclara que la cifra cambió ya que se fue al origen de esos fondos, es decir, a quien transfirió los recursos a esa cuenta de Balboa Bank.
David Meza, abogado de Moreno, catalogó de sano el que se haya diferido la audiencia, pues así se estaría respetando el debido proceso. Ante la posibilidad de que la fiscal Salazar pueda pedir como medida cautelar la prisión preventiva del expresidente, el defensor resalta que su cliente al momento está en Paraguay como comisionado oficial para la Organización de Estados Americanos y eso es público y notorio.
Además, Meza cree que no procede la prisión preventiva en este caso por dos condiciones de vulnerabilidad que mantiene Lenín Moreno: posee una discapacidad y el 19 de marzo cumple 70 años de edad. “Es imposible que se sustente un pedido así, pues no caeríamos en un tema ilegal, sino en un tema inhumano, que está prohibido inclusive por la Constitución”.
Lenín Moreno, exfuncionario público a quien se lo procesa por acciones cometidas cuando fue vicepresidente de Rafael Correa, asistió a la fallida diligencia usando la vía telemática, así como lo hicieron otras de las personas que aparecen en la lista a ser investigadas por la Fiscalía y abogados defensores.
Solo el tomar lista a los sujetos procesales y sus defensas, así como la lectura y el análisis de nueve escritos presentados demoró casi una hora. Esto hace pensar que la diligencia podría completarse en varios días y solo en ese punto se conocería cuáles son las medidas cautelares que dispone el conjuez Rojas.
A la sala de audiencia ubicada en el octavo piso de la Corte Nacional acudieron Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, y el legislador de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga. Ambos se ubicaron en primera fila para escuchar lo que serían los alegatos de las partes.
Aleaga fue quien presentó la denuncia contra Moreno, en ese momento presidente de la República, y para finales de marzo de 2019 se abrió la investigación previa en esta causa. La denuncia incluyó como antecedente la investigación periodística realizada por Christian Zurita y Fernando Villavicencio, actual legislador independiente, que fue titulada El laberinto offshore del círculo presidencial.
Felipe Rodríguez, defensor del empresario procesado Juan Manuel Durini, refirió que es en este momento procesal en el que la Fiscalía contará a cada uno de los sospechosos por qué los va a procesar, es decir, cuáles son los motivos y con qué elementos cuenta.
“Desde mi perspectiva no entendemos por qué específicamente a mi cliente. Ya nos enteraremos y tendremos 90 días para desvirtuar. (...) Pese a ello, no existe ningún tipo de relación con el delito que se investiga y eso es lo que queremos entender por qué, ya que mi cliente nunca ha sido funcionario público y no tiene relación con ninguno de los sujetos intervinientes. Es un empresario del país y recién en este momento vamos a entender qué motiva a la fiscal a pensar que él debe ser parte de un delito tan grave como el cohecho”, explicó Rodríguez.
Para Meza, la supuesta participación en esta trama de corrupción a partir de la empresa Sinohydro es lo que tendrá que justificar Fiscalía en esta formulación de cargos. Desde su perspectiva, es la fiscal Salazar la que tendrá que demostrar todos los elementos que a lo largo de cinco años recabó.
“Mi cliente no se ha beneficiado en absolutamente nada. Él era vicepresidente en su momento que no estuvo a cargo de los sectores estratégicos y como presidente ese contrato ya se encontraba firmado”, anotó Meza, quien al ser consultado de si Moreno tiene la intención de retornar la país, respondió que podría regresar una vez que se termine su contrato con la Organización de Estados Americanos, es decir, en el 2024. (I)