Fiscalía ubica tres eventos en los que se dio la difusión de información de circulación restringida relacionada con el caso León de Troya; para los tres oficiales procesados se pide prisión preventiva

“La información que fue producto de una investigación penal y que posteriormente fue difundida y divulgada, señora jueza, claramente no provino de fuentes abiertas, sino del núcleo institucional que tuvo acceso a la investigación previa número (...), configurándose así una conducta que se adecúa al delito de difusión de información de circulación restringida, afectando el bien jurídico de la administración de justicia y exponiendo a operadores judiciales y policiales que intervinieron en una investigación vinculada al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización”.

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Esa fue la conclusión a la que llegó la fiscal provincial de Pichincha Mayra Soria, luego de hablar sobre la relación circunstanciada de los hechos por los que formulaba cargo contra la excomandante general de la Policía general (sp) Tannya Varela y el excapitán Rodney R. y el coronel José Luis E., quienes integraron la Unidad Contra el Tráfico para el Consumo Interno (Uctci), por el delito de divulgación de información de circulación restringida que era parte de la investigación previa relacionada con el caso conocido como León de Troya.

Al mediodía del jueves 18 de diciembre último, la Fiscalía informó que como parte de una investigación previa por el delito de difusión de información restringida se produjo la detención de la excomandante general de la Policía general (sp) Tannya Varela y se realizaron cinco allanamientos en las provincias de Pichincha y Manabí. También se refirió a las detenciones en las provincias de Pichincha y Manabí de Rodney R. y del coronel José Luis E., respectivamente.

En la causa en la que se dio la detención de Varela, en su casa en Quito; del excapitán Rodney R., en el aeropuerto de Quito; y del coronel José Luis E., en su vivienda en Manta, se estaría indagando desde 2023 la filtración de información desde altos mandos policiales. Como indicio de la investigación existiría la filtración del informe reservado, por orden judicial, en una investigación del año 2021 por presunto delito de narcotráfico, causa denominada León de Troya.

La audiencia de calificación de detención y formulación de cargos contra los dos oficiales en servicio pasivo y el oficial en funciones arrancó cerca de las 10:30 en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y ante la presidenta subrogante de la Corte, María de los Ángeles Montalvo.

Según la fiscal provincial Soria, los hechos se inician el 13 de mayo del 2021 cuando se abre la investigación previa por el presunto delito de tráfico de drogas, la cual se encontraba a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti número 1) en la ciudad de Manta. La causa estaba a cargo del fiscal Rubén Darío Balda Zambrano, de Manta, y dentro de la cual se solicitan autorizaciones judiciales para la aplicación de técnicas especiales de investigación, como son seguimientos, escuchas, técnicas especiales que son usadas en esta clase de delitos.

El fiscal Balda habría dispuesto que se delegue la investigación a la Policía Nacional, a la Uctci, y se hagan las solicitudes para la aplicación de las técnicas, dirigidas a los jueces competentes de varios cantones de las provincias de Manabí, Guayas y Loja.

“Dichos jueces autorizan y disponen en cada una de sus providencias la reserva de la investigación, así como de las técnicas investigativas solicitadas por el abogado Rubén Darío Balda Zambrano”, resaltó la fiscal.

Soria indicó que posteriormente esta investigación, el 21 de marzo de 2022, fue archivada por Cristian Quinto Carpio en calidad de juez de la Unidad Judicial Penal de la ciudad de Manta. En su resolución el magistrado también habría dispuesto que su contenido se mantenga en ‘absoluta reserva’.

“Primero existió un pedido de Fiscalía para que las técnicas en la reserva de la investigación estén blindadas. Los jueces lo aceptaron y así se concedió. Pero posteriormente, aunque esta causa terminó en archivo, existió un señor juez que doblemente brindó la investigación y dijo que no se podía divulgar ni difundir ningún tipo de información de esta investigación. (...) Evidenciamos claramente que la investigación número (...), por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que llevaba la Fedoti 1, a cargo del doctor Rubén Balda, fiscal de Manta, se encontraba bajo reservas judiciales”, insistió la fiscal provincial de Pichincha en la formulación de cargos.

De acuerdo con la línea de la acusación, la fiscal Mayra Soria trajo nuevamente a colación que desde el 21 de marzo del 2022, fecha en la que el juez de la unidad judicial penal de Manta dispuso el archivo judicial, y en dicho acto, esa misma autoridad ratificó expresamente la obligación de mantener la reserva absoluta de toda la información generada en la investigación plena, Soria afirma que el juez Quito ya dejó constancia de que cualquier divulgación posterior podría dar lugar a responsabilidades penales.

Pese a la advertencia jurisdiccional, la difusión de la información que estaba restringida ocurrió en tres eventos claramente identificados por la Fiscalía.

El primer evento

Pese a la orden judicial expresa que existía, el 7 de julio de 2021, la general de la Policía Tania Varela, excomandante general de la Policía, junto con el teniente coronel en este momento José Luis Erazo, jefe de la Uctci, habrían acudido al Palacio de Carondelet y solicitaron una reunión con el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso. Según el relato fiscal, a él le habrían entregado la información de la investigación previa relacionada con el caso León de Troya.

Principalmente se habría dado la entrega de información que arrojaron las escuchas y seguimientos de esta investigación previa que tenía doble declaratoria de reserva.

Segundo evento

El 12 de febrero de 2023 ocurrió una segunda difusión de la información reservada. En esta se habrían divulgado contenidos de mayor detalle, incluidos elementos propios de informes integrados, progresivos de escucha, y referencias internas por parte de Rodney Orlando R. Q., investigador de la Uctci, desde su número telefónico, a través de una aplicación de mensajería instantánea, a otro número registrado como María Cobeña, pero que en sus contactos tenía registrado como amigo Bryan.

La Fiscalía presume que se trata del periodista Andersson Boscán. Esta presunción llegaría en razón de que en los contactos que poseían en otra plataforma el oficial, con otro número, lo tenía registrado como amigo Bryan.

Tercer evento

Con fecha 13 de febrero de 2023 existe una tercera difusión de la información. La consolidación de la exposición pública de información sensible se habría dado cuando se pasó a través de redes sociales en el medio digital La Posta, con esto, a decir de Fiscalía, ampliando el alcance de la información reservada y afectando directamente la reserva judicial dispuesta por la autoridad competente.

En esta secuencia temporal señalada por la Fiscalía, se dijo de Tannya Varela, en su calidad de funcionario policial de más alto cargo, aparece vinculada en el periodo en el que la información reservada salió del ámbito estrictamente institucional, “facilitando y permitiendo su circulación, pese a conocer que se trataba de una información proveniente de una investigación penal que estaba cerrada”.

En cambio, se refirió que de manera concurrente el entonces teniente coronel José Luis E. y Ronney R., quienes tuvieron acceso directo y legítimo a la información reservada durante la fase activa de la investigación previa, aparecerían vinculados temporalmente como las ‘personas desde cuyo ámbito funcional pudo producirse la salida inicial de la información’, en tanto que eran agentes investigadores designados, custodios de los insumos técnicos y conocedores de la prohibición expresa de su difusión.

En la parte final de la formulación de cargos, la fiscal provincial Soria solicitó que para los tres procesados se emita la orden de prisión preventiva. Desde la perspectiva de la fiscal, la orden de prisión preventiva es la medida más adecuada para evitar riesgos procesales de la investigación, para asegurar que los investigados no fuguen, acudan al procesamiento penal y puedan cumplir una eventual pena. “Existe un alto riesgo procesal”, dijo.

La Fiscalía pide se defina en 90 días la etapa de instrucción fiscal.

Pasadas las 13:30 se inició la intervención de las defensas de los tres oficiales sospechosos de la divulgación de una información que estaba declarada como reservada. (I)