Aproximadamente trece meses tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para preparar el concurso público de méritos, oposición e impugnación que concluya con la designación de un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, lo que incluirá emitir un nuevo reglamento.

El 8 de abril del 2025 concluye oficialmente el periodo de seis años para el que fue electa Diana Salazar Méndez en un concurso público que lo realizó el extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición.

Audiencia pública para la selección de fiscal general en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Interviene en la prueba oral la aspirante Diana Salazar.

La elección de las autoridades de control del Estado toma en promedio seis o siete meses y suele darse bajo polémicos acontecimientos, como ocurrió con la del titular de la Contraloría General, que por las constantes pujas entre partidos y movimientos políticos y acciones de protección se dilató por un año la designación que terminó con Mauricio Torres Maldonado.

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O de la autoridad de la Defensoría Pública, que tras casi un año de iniciado el concurso no concluye por la interposición de acciones de protección y mantiene a la institución presidida por Ángel Torres Machuca, quien lleva en funciones prorrogadas cinco años.

Ahora corresponde al actual pleno del Consejo de Participación Ciudadana organizar el proceso, que arrancará con la elaboración del reglamento que guíe las diferentes etapas, plazos, requisitos legales y prohibiciones que superarán los concursantes.

La Constitución ordena en su artículo 196 que quien aspire a ser fiscal de la nación debe cumplir los siguientes requisitos:

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  • Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.
  • Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa.
  • Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años.
  • Sus funciones son por seis años y no podrá ser reelegido, por lo que Salazar no podrá postular para un nuevo periodo.

La presidenta del CPCCS, Nicole Bonifaz, informó días atrás, en una entrevista con Radio I99 de Guayaquil, que elaborarán un nuevo reglamento para la elección del fiscal que debe renovarse el próximo año.

La Corte Constitucional (CC) en su dictamen de interpretación constitucional 2-19-IC ha señalado que el régimen de transición que rigió con el CPCCS, que presidió Julio César Trujillo (+), fueron competencias extraordinarias que tenían un carácter único e irrepetible, las que se extinguieron con la posesión del Consejo definitivo.

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De esa forma, los actuales siete consejeros deben apegarse a la norma vigente y emitir normativa, formar una veeduría ciudadana que observe la transparencia de las actuaciones administrativas; y conformar una comisión ciudadana, con cinco personas en representación de la ‘ciudadanía’, elegidas por un concurso de méritos e impugnación.

Otras cinco son personas delegadas de las funciones del Estado: Ejecutiva, Electoral, Judicial, Legislativa y de Transparencia y Control Social.

Esta comisión ciudadana llevará a cabo el concurso, con etapas como la admisibilidad en la que se revisa el cumplimiento de requisitos legales y prohibiciones para ejercer cargo público; la calificación de méritos, la rendición de un examen escrito; y, la impugnación, en la que la ciudadanía o la sociedad civil puede objetar a los concursantes por falta de probidad, idoneidad o incumplimiento de requisitos.

Para este proceso, el CPCCS tendrá que resolver si implementa una prueba práctica para los postulantes en la que muestren su experiencia y conocimientos para litigar en el área del derecho penal y otros.

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El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas Chaves, aspira a que este proceso sea transparente y no producto de acuerdos políticos.

«Que no se designe a alguien que encubra los hechos de los últimos años y, al contrario, sea una persona dispuesta a enfrentar de manera vertical la presencia de la corrupción. Es importante ajustar reglamentos y el procedimiento, pero seguimos temiendo por la práctica del Consejo de Participación de que termine siendo una especie de reparto para una componenda de la política nacional, porque en esa institución no está representada la sociedad», opinó.

En la administración de Diana Salazar se llevaron adelante casos como Sobornos 2012-2016, que apuntó al expresidente Rafael Correa y su exvicepresidente Jorge Glas, entre otros funcionarios, sentenciados por cohecho.

Otro que sigue en investigaciones es el asesinato del político, excandidato presidencial, Fernando Villavicencio; y el caso Metástasis, que vincula a exautoridades de la justicia, como Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), encarcelado por presunta delincuencia organizada con nexos al narcotráfico.

Adicionalmente, la Asamblea Nacional tiene pendiente tratar un juicio político a Diana Salazar, empujado por la bancada del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), acusándola de incumplir sus funciones en la lucha contra el crimen organizado.

La interpelación a Salazar superó el control del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), pero para llegar a ella restan por sustanciarse otros juicios.

La Comisión de Fiscalización, presidida por la correísta Pamela Aguirre, concluyó con la censura del exministro de Inclusión Económica y Social Esteban Bernal.

Está en trámite el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y Juan Morillo; falta otro contra del exministro de Energía y Minas Fernando Santos y el exministro del Interior Juan Zapata.

Ahí procederá con el juicio político a Salazar. (I)