El quinto día de audiencia de juzgamiento del caso Las Torres se instaló en la Corte Nacional de Justicia, este miércoles, teniendo a los procesados Esteban Celi y Adolfo Agusto Briones con la medida cautelar de prohibición de salida del país y al excontralor Pablo Celi con arresto domiciliario en lugar de las prisiones preventivas que pesaban sobre ellos por casi un año, luego que se les formularon cargos por el delito de delincuencia organizada.
La noche del martes último, los jueces Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, por pedido de la Fiscalía, decidieron revisar la prisión preventiva existente y ordenaron la prohibición de salida del país. La decisión se tomó debido a que este 13 de abril se iba a producir la caducidad de la prisión preventiva y al no existir una sentencia de por medio Esteban Celi y Adolfo Agusto podrían haber quedado en libertad.
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Pese al cambio de medida en el caso Las Torres, ni Celi, hermano del excontralor, ni Agusto Briones podrán dejar la Cárcel 4, en el norte de Quito, en la que se encuentran. Esto debido a dos nuevas órdenes de prisión contra Esteban Celi, dentro de un proceso por el delito de cohecho, y contra Adolfo Agusto Briones, por una acusación e inicio de una instrucción fiscal por el delito de lavado de activos.
En cambio, pasadas las 19:00 del martes, salió de la Cárcel 4 el excontralor Celi y fue llevado hasta una vivienda del exfuncionario ubicada en el sector de El Bosque, en el norte de la urbe, lugar en el que cumplirá la nueva medida cautelar de arresto domiciliario. Funcionarios del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad llegaron a esa vivienda para colocarle el grillete electrónico dispuesto.
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En los procesos por delincuencia organizada y cohecho, a Celi se le cambió la prisión preventiva por el arresto domiciliario, el uso de grillete electrónico y la vigilancia policial permanente que ya estuvo en los exteriores de la vivienda. Justamente agentes policiales del sector de El Bosque se encargarán de la vigilancia y Celi solo tiene permiso para salir de su vivienda para actividades judiciales y relacionadas a citas médicas.
Marcelo Ron, abogado de Celi, ha rechazado toda insinuación que apunta a que su defendido podría fugar una vez que salió de la cárcel, argumentando principalmente que el interés que mantiene el excontralor es seguir asistiendo a las audiencias para demostrar que es inocente y que todos los procesos judiciales responden a una persecución política. Celi participó del quinto día de audiencia de forma presencial.
En la continuación de la etapa de juzgamiento en el caso Las Torres, la Fiscalía avanza con la reproducción de los testimonios anticipados anunciados. En los días anteriores ya se han escuchado los declaraciones de Raúl De la Torre, José Luis de la Paz y Pedro Crespo.
En este quinto día de diligencia se arrancó con la reproducción de lo dicho por el exfuncionario de la empresa Nolimit S. A. Sebastián Saa, quien dio detalles de la forma en cómo operaba la “organización delictiva”. y le siguió en esta jornada el testimonio de Sebastián Robles, quien también fue parte de Nolimit y contó lo que conocía sobre las exigencias de dinero por parte de los procesados a la empresa.
Lo que restaría es escuchar al exfuncionario de la Contraloría General del Estado (CGE) Luis Miño, pero por disposición del Tribunal se suspendió la diligencia, al mediodía de este miércoles, y se convocó a las partes para el próximo 21 de abril para desde las 14:00 reinstalar la audiencia. La etapa de juzgamiento arrancó el 4 de abril pasado, luego de al menos seis intentos por instalarla.
En esta causa, la Fiscalía ha dicho que mantiene el material probatorio para demostrar la existencia de un “grupo organizado y estructurado” que operó a través de la CGE, la Secretaría de la Presidencia y de la empresa pública Petroecuador, entre 2017 y 2020, para a través del mecanismo del desvanecimiento de glosas obtener el 20 % de una factura de $ 20′345.609 que se debía pagar a la empresa Nolimit C. A.
La acusación señala que ejerciendo el liderazgo de este “grupo delictivo” estaban el excontralor Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores; mientras que como colaboradores habrían intervenido Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Roy Calero, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Pedro Saona, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones.
Los líderes de la organización son acusados por el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala una pena para los implicados de siete a diez años de cárcel; mientras que los colaboradores son acusados con base en el mismo 369, pero con el inciso segundo, que habla de penas para estos procesados de cinco a siete años de prisión. (I)