El juzgamiento en el caso Las Torres y un posible llamado a juicio en la causa China CAMC: escenarios que tiene pendientes el empresario Pedro Saona

De dos situaciones está a la espera el empresario Pedro Saona desde la noche del 29 de septiembre último, en que llegó extraditado a Ecuador desde República Dominicana: que el juez Luis Rivera decida si declara o no la validez procesal dentro del caso por cohecho denominado China CAMC y que se defina una fecha para que empiece la audiencia de juzgamiento, solo contra él, dentro de la causa conocida como Las Torres, en la cual se persigue el delito de delincuencia organizada.

Al tener una orden de prisión preventiva vigente, una vez Saona tocó suelo ecuatoriano fue ingresado en el Centro de Detención Provisional de El Inca, en el norte de Quito. Días después, luego de las audiencias respectivas, la justicia decidió que por ser adulto mayor, es decir, tener más de 65 años, la medida cautelar que le correspondía era el arresto domiciliario y la prohibición de salida del país.

Actualmente el empresario, de 67 años, permanece con custodia policial permanente en una vivienda localizada en el norte de la capital. En el caso Las Torres están siendo juzgados también el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y otras ocho personas, entre las que están exfuncionarios públicos, abogados, empresarios y personas naturales.

En Las Torres, Saona es una de las trece personas llamadas a juicio por aparentemente ser parte de una “organización delictiva” que, entre 2017 y 2020, operó desde tres instituciones públicas para desvanecer glosas en la Contraloría y a cambio obtener el 20 % de una factura de $ 20,3 millones que se debía pagar a la empresa Nolimit C. A.

El empresario es acusado de ser uno de los colaboradores para cristalizar la entrega de los supuestos dineros irregulares negociados, es decir, según la Fiscalía, uno de los ejecutores y emisarios de quienes ejercían el mando de la organización.

Aunque fue llamado a juicio, esta etapa comenzó sin Saona. A él y a Roy Calero, otro de los procesados en Las Torres, se los ubicó como prófugos de la justicia al no presentarse a cumplir las medidas cautelares dispuestas, y por ello se pidió a Interpol que los buscara y los capturara a nivel internacional. La normativa local define la delincuencia organizada como un delito que no puede ser juzgado en ausencia.

Debido a que Saona llegó a finales de septiembre, es decir, más de cinco meses después de que se instaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de juzgamiento por delincuencia organizada (el 4 de abril pasado), el empresario deberá esperar a que termine el juzgamiento de los once procesados que asisten al juicio, para que luego se defina una fecha en la que él enfrentará la fase de juzgamiento. Calero podría ser incluido en esta diligencia si es capturado o se presenta voluntariamente ante la justicia.

Así lo corrobora Fernando Jarrín, abogado de Pedro Saona en Ecuador. El defensor sostiene que en su momento demostrará que su cliente fue un “instrumento”, que él ni siquiera conocía las actividades que estaba realizando la persona que utilizó su nombre para constituir las empresas para recibir los dineros.

Por otra parte, desde el 21 de octubre pasado, Saona y su defensa están pendientes de que el juez de la CNJ Luis Rivera los convoque para reinstalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de cohecho. Rivera suspendió la diligencia para deliberar los argumentos planteados por las partes respecto a la posible existencia o no de nulidades que afecten el proceso.

Junto con Saona, en este proceso penal son investigados los hermanos Pablo y Esteban Celi, además de la empresa China CAMC Engineering Co. Ltda. y Yang Liang, exrepresentante de CAMC en Ecuador. Todos son acusados de conformar una estructura delictiva para desvanecer en la Contraloría General una glosa por $ 22,6 millones que mantenía China CAMC para a cambio recibir el pago de $ 1,3 millones.

El fiscal general subrogante Wilson Toainga asegura que $ 1,3 millones fueron transferidos a la empresa LegalCont, controlada por Esteban Celi y Pedro Saona, quien figura como administrador y representante legal.

Jarrín defiende la tesis de que Pedro Saona jamás tuvo conocimiento sobre de dónde provenían esos dineros que estaban ingresando; es más, sostiene el abogado, su cliente pensó siempre que esos dineros “provenían de honorarios profesionales que debían ser pagados en el exterior”.

Aún no existe una fecha tentativa para que Rivera convoque a las partes para dar a conocer su decisión respecto a los vicios de nulidad. Si los acepta, el proceso volverá al momento en que se identifique la violación de la norma; pero, si confirma la validez de todo lo actuado, la audiencia avanzará a que la Fiscalía emita su dictamen acusatorio y luego el juez decida si llama a juicio a los investigados.

En cambio, en el caso Las Torres, los abogados de los procesados esperan que hasta finales de 2022 puedan ya tener una sentencia del Tribunal de Juicio presidido por el juez Walter Macías y los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa. Solo en ese momento podría definirse una fecha para el juzgamiento de Saona. (I)