Tan solo seis meses después de que la Asamblea Nacional, en paquete, otorgó amnistía a 270 personas relacionadas con casos judiciales por hechos de defensores comunitarios, administración de justicia indígena, defensores de la naturaleza y por ejercer el derecho a la resistencia y la protesta social, nuevamente se pone en la mesa de la política la revisión de procesos judiciales.

El sector indígena, que mantiene mesas de diálogo sobre diversas temáticas con el Gobierno nacional, luego de 18 días de movilizaciones sociales ocurridas en junio pasado, plantea que haya una revisión de 408 casos que se habrían registrado en las movilizaciones de octubre de 2019, en el paro de junio de 2020 y otras causas legales en distintas provincias que relacionarían a indígenas.

Entre las 270 personas amnistiadas el 10 de mayo de 2022 ya se tomaron en cuenta casos de las protestas de 2019. El Informe de Amnistía elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea fue aprobado con el voto de 99 legisladores de las bancadas de UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática e independientes.

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Monseñor Luis Cabrera: El discurso político no puede entorpecer los diálogos del Ejecutivo con los indígenas

“Nosotros hemos pedido que la revisión sea caso por caso, porque eso han pedido nuestras bases. Que la justicia determine, pero que no sea dependiente del Estado, que no vean como una parte política o que no sea politizado, sino más bien sea una justicia independiente, sana, para poder determinar caso por caso de manera muy imparcial”, señaló el jueves último Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en el marco de los diálogos en la denominada mesa 7, de justicia, seguridad y derechos.

La dirigente señala que la mayoría de los casos que ellos plantean que se revisen tienen que ver con líderes indígenas y defensores en todo sentido que han terminado siendo politizados en la justicia. Además, apuntó, existiría otro grupo de procesos que estarían relacionados con delitos por los que son acusados indígenas, pero que no tendrían justificación para ser procesados y peor aún para haberlos sentenciado.

Ecuador, un Estado constitucional de derechos y justicia

El exministro de Justicia y exdefensor Público Ernesto Pazmiño observa que todavía los funcionarios judiciales (fiscales, jueces, defensores públicos) ni los abogados tienen un conocimiento exacto del alcance que tiene el artículo 1 de la Constitución, que dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia.

Esa situación, desde su perspectiva, hace que cambie el paradigma constitucional, porque determina que los derechos de los ciudadanos están por sobre la Constitución, la ley y la autoridad.

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“Si una persona, un colectivo como los indígenas, la Conaie (...) protestan, ejercen el derecho a la resistencia y a la protesta, y con base en ese ejercicio del derecho cometen una conducta que puede estar dentro de un delito penal, no pueden ser criminalizados, porque es como consecuencia de una actitud política, la actitud política de resistir y protestar”, explica Pazmiño, quien cree que las conductas que se deriven de un acto de protesta, como cierre de calles, paralizar el servicio de transporte, etcétera, no son actos criminales, no pueden ser delitos, sino respuestas a una conducta permitida por la Constitución, como es el derecho a la protesta.

Ante ello, él cree que es procedente dentro de estos diálogos entre la Conaie, a la cual califica como un actor político fundamental en los momentos de protestas, y el Gobierno, que se analice el no criminalizar estas conductas. Piensa que si hay personas criminalizadas y procesadas, en esos casos los jueces y fiscales deben abstenerse de continuar con la investigación y archivar las causas penales.

Juicio directo por paralización de un servicio público

El proceso por el delito de paralización de un servicio público seguido contra el actual presidente de la Conaie, Leonidas Iza, es una de las causas que se abrieron a partir de las movilizaciones de junio pasado. Pese a que el líder indígena ha dicho que no existe el delito del que se lo acusa y que todo responde a una persecución política y a la criminalización de la protesta social, la causa continúa y el próximo lunes 26 de septiembre se dará una audiencia reservada y contradictoria de juicio directo.

Según la Fiscalía, el presidente de la Conaie fue detenido por un coronel y un general de la Policía debido a que él conjuntamente con varias personas habrían “paralizado la normal circulación del transporte público a través de actos violentos como obstáculos, quema de llantas, obstaculizando el derecho de libertad y movilidad, abastecimiento de alimentos de primera necesidad”.

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Iza fue detenido por agentes policiales en el sector de Pastocalle (Cotopaxi) la madrugada del 14 de junio pasado, un día después de que se inició el paro nacional convocado por varias organizaciones indígenas.

El lunes en Latacunga se retomará el juicio directo contra Leonidas Iza; el presidente de la Conaie es acusado de paralización de un servicio público

Respecto a la propuesta que se ha hecho en la mesa de diálogo número siete, Iza asegura que no quieren que “se meta la mano a la justicia”, pero indica que mucho va a depender como una acción del Gobierno nacional el no seguir en los procesos.

“Simplemente dejemos de perseguir, porque uno de los factores para que criminalicen es el accionar político del Gobierno nacional en los territorios (...), creemos que si eso indica como una acción del Gobierno nacional sería suficiente. Mientras tanto, de manera independiente nosotros vamos a seguir defendiendo en la justicia de este país”, aclaró Iza.

La Fiscalía General informó que a julio pasado tenía abiertas 403 causas, entre investigaciones previas e instrucciones fiscales, en 21 de las 24 provincias del Ecuador por hechos ocurridos en 18 días de paro nacional convocado por movimientos indígenas como la Conaie, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

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En total 37 tipos penales eran analizados por la Fiscalía: paralización de un servicio público, daño a bien ajeno, robo, ataque o resistencia, secuestro, terrorismo, lesiones, intimidación, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, homicidio, entre otros.

La intromisión en la justicia genera consecuencias nefastas

El jurista Paúl Ocaña tiene claro que cualquier intromisión en los temas judiciales acarrea consecuencias nefastas para el sistema de justicia de cualquier país. Para él es tan criticable el usar la justicia para perseguir a enemigos políticos, como también lo es que se busque impunidad amparándose bajo el derecho a la protesta o la resistencia. Ambos extremos hacen mal a la justicia.

Lo más sano, cree, es que la justicia arribe de forma transparente e independiente a una sentencia, sea de inocencia o culpabilidad. La impunidad, la no investigación de hechos que lo merecen no es una alternativa, afirmó.

“Más allá de los intereses políticos o del poder en sí, la justicia debe funcionar para determinar si con los elementos que tienen se puede llegar a una condena o si con los elementos que se tiene hay la posibilidad de ratificar la inocencia, pero debe funcionar por sí sola. (...) Hay que tener claro que la Constitución da como un derecho el derecho a la protesta, pero ese derecho no puede extralimitarse y caer en el tema de un delito, como lo que ha pasado en las protestas de junio pasado o en octubre de 2019″, anotó.

QUITO (31-08-2022).- En la Conferencia Episcopal se inauguraron las mesas de diálogos de derechos colectivos y seguridad, justicia y derechos, la cual contó con la presencia de los representantes del Gobierno y de las diferentes agrupaciones indígenas. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

El penalista Carlos Poveda, parte de la defensa de Leonidas Iza, a la par de que coincide con el criterio de que si se inicia una investigación debe concluirse conforme a lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal, también sostiene que es necesario que si se está criminalizando un derecho constitucional como el de la protesta social o la resistencia, es potestad de la Fiscalía pedir el archivo o la desestimación de la causa por tener un obstáculo legal: el derecho constitucional de protesta y resistencia.

“Mi criterio es que no termina la discusión en las mesas de diálogo, sino terminaría en la Fiscalía General y posteriormente en una opinión de carácter jurisdiccional. Ese sería el trámite que debería observarse, inclusive, por un criterio de seguridad jurídica. (...) Lamentablemente estamos viviendo un tema de judicialización de la política y la politización de la justicia, es un doble fenómeno que hemos estado atravesando en el Ecuador”, expresó Poveda.

Pese a la propuesta del sector indígena y una respuesta por escrito de parte del Gobierno que no le ha llenado en nada a la contraparte, la mesa de justicia, seguridad y derechos continúa abierta sin acuerdos o compromisos alcanzados. (I)