El Tribunal de Pichincha que conoce la solicitud de declaratoria jurisdiccional previa por la denuncia interpuesta contra la jueza penal Daniela Ayala por el ministro del Interior, John Reimberg, por actuaciones dentro del caso Magnicidio FV, suma al expediente disciplinario la queja presentada por Amanda Villavicencio, hija del político asesinado en 2023, Fernando Villavicencio, y acusadora particular en la causa penal en la que se investiga a cuatro personas y se espera vincular a tres cabecillas del grupo delincuencia organizada (GDO) Los Lobos.
La acumulación se da en atención al oficio remitido por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) por tratarse de los mismos hechos, sujetos procesales y materia, conforme lo previsto en la normativa disciplinaria aplicable. La denuncia del ministro ingresó el 19 de septiembre pasado, siete días después de que el anterior pleno de la Judicatura decidió suspender por tres meses sin sueldo a la jueza Ayala, quien luego de resolver la audiencia de formulación de cargos en el caso Magnicidio en contra de los cuatro presuntos autores intelectuales del crimen de Villavicencio fue denunciada por la Fiscalía por una falta disciplinaria grave.
La denuncia busca que se emita una declaratoria jurisdiccional previa ante la posible existencia de infracciones de dolo, negligencia manifiesta y error inexcusable de parte de la jueza Ayala durante la audiencia de formulación de cargos contra el exministro del correísmo José Serrano, el llamado a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán, el exasambleísta del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga y el condenado a penas de cárcel que superan los 34 años por actos de corrupción en el sistema judicial y de salud Daniel Salcedo.
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Los jueces provinciales Patricio Navarrete (ponente), Juana Pacheco e Inés Maritza Romero integrarán el tribunal que conocerá la solicitud de declaratoria jurisdiccional previa por la denuncia de Reimberg y la queja de las hijas de Villavicencio contra la jueza penal de Pichincha, quien el viernes 12 de diciembre último ya fue sancionada con el voto unánime del pleno del CJ con 30 días de suspensión sin goce de sueldo por ser responsable de las infracciones disciplinarias graves tipificadas en los artículos 107, numeral cuatro, y 108, numeral uno, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
En el caso de Amanda Villavicencio, ella denuncia a la jueza Ayala del cometimiento de la “infracción disciplinaria gravísima” tipificada en el artículo 109, numeral 7 (dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable), del COFJ, por acciones u omisiones en las que habría incurrido Ayala, el 3 de septiembre pasado, como jueza del caso Magnicidio FV.
Por esta infracción gravísima podría llegar una sanción de destitución, claro está que primero debe pasar por el componente jurisdiccional, que es la declaratoria jurisdiccional de jueces superiores, y luego el componente administrativo, que es la decisión del pleno del CJ.
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#AHORA | #CasoMagnicidioFV: no se instala la audiencia de vinculación contra Wilmer Ch., Ángel A. y Luis A., puesto que este último solicitó la presencia de su "abogado de confianza". Como nueva fecha está señalada el 26 de diciembre de 2025 a las 08:30. pic.twitter.com/PKh8ue2yRj
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 12, 2025
En paralelo a este proceso de declaratoria jurisdiccional previa ante el Tribunal de Pichincha presidido por el juez provincial Navarrete, hace pocos días se aceptó a trámite la apelación planteada por Daniela Ayala ante el rechazo de una acción de protección que resolvió el juez Gustavo Corral, la cual iba en contra del CJ y la Procuraduría General del Estado, respectivamente.
Pese a que Ayala aseguraba que se le habrían vulnerado derechos constitucionales al suspenderla en sus funciones de jueza, en septiembre pasado, por tres meses sin sueldo y sin un análisis riguroso sobre lo que se decía, el juez provincial Corral aseguró que no advirtió la vulneración de derecho constitucional alguno.
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Daniela Ayala sostiene que en su caso se violaron derechos constitucionales como el del debido proceso en la garantía de cumplimiento de normas y el derecho a la seguridad jurídica, el debido proceso en la garantía de motivación, el derecho al trabajo en conexidad con la garantía de la independencia judicial, el derecho a la salud, a la educación, al honor y el buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad y la vida digna.
La suspensión por 30 días sin sueldo, por la falta grave cometida por Ayala, según el pleno del CJ, concluiría el 8 de enero próximo. Eso significa que ella retomaría las causas que están en su despacho, entre ellas, Magnicidio FV, proceso penal que está en manos de la jueza penal Luz María Ortiz y en el que el 26 de diciembre próximo se dará la vinculación de Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, todos integrantes del GDO Los Lobos.
De concretarse la vinculación, la instrucción fiscal se extenderá por 30 días, es decir, concluirá el 26 de enero próximo. Estas fechas son importantes porque de no existir una decisión respecto de la declaración jurisdiccional previa por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, ni tampoco una medida administrativa temporal o definitiva desde el pleno del CJ, Daniela Ayala retomará el conocimiento de todos los casos que están en su despacho de jueza de la Unidad Judicial Penal de Pichincha. (I)
