Los operadores de justicia estarán obligados a seguir un conjunto de reglas para evitar la desnaturalización de las medidas cautelares constitucionales autónomas que se están utilizando para beneficiar a reos con sentencia ejecutoriada y que obtengan su libertad en casos penales.

La Corte Constitucional (CC) reconoció que ciertos actores del sistema de justicia de forma sistemática abusan y le hacen fraude a la Constitución cuando tramitan medidas cautelares autónomas y las transforman en habeas corpus para así beneficiar a personas privadas de la libertad (PPL) para que salgan de la cárcel sin cumplir su pena.

El organismo estudió cuatro fallos sustanciados en Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas con los que consiguieron su libertad 23 personas que alegaban tener enfermedades como VIH o que no tuvieron los medios adecuados para su defensa.

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Todas estas PPL tenían sentencias ejecutoriadas por delitos como asesinato, sicariato, tráfico de drogas, femicidios, cohecho y asociación ilícita.

El fallo, del 28 de febrero de 2024, se aprobó por unanimidad de los jueces de la CC y formula un conjunto de obligaciones que en adelante tendrán que cumplirse en las unidades judiciales del país, tomando en cuenta que las medidas cautelares sirven para evitar la amenaza de la violación de un derecho, no para interrumpir la ejecución de órdenes judiciales dictadas en procesos penales.

Con esos antecedentes, la Corte Constitucional aclaró a jueces, abogados y usuarios del sistema:

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  1. Los abogados que realicen peticiones de medidas cautelares incurrirán en abuso del derecho, cuando sus clientes se encuentren cumpliendo una sanción penal y buscan de manera ilegítima interrumpir u obstaculizar, sea temporal o permanentemente, órdenes judiciales emitidas en procesos penales para obtener su libertad. El abuso del derecho será sancionado de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial.
  2. Las medidas cautelares constitucionales serán rechazadas de plano cuando sean solicitadas por las PPL para interrumpir los efectos de sentencias penales y recuperar de manera ilegítima la libertad.
  3. Los efectos inter comunis no proceden en las medidas cautelares constitucionales, siendo que es un beneficio a terceros que aunque no son parte de una causa se benefician de los resultados.
  4. Los jueces tendrán competencia para conocer una medida cautelar según su territorio. Es decir, será aquel del lugar en el que se origina, por acción u omisión, la amenaza de vulneración a derechos constitucionales o donde se producirían sus efectos.
  5. Se aplicará la revocatoria de las medidas cautelares cuando se observe que son improcedentes y deben ser resueltas a la brevedad posible.
  6. Las medidas cautelares constitucionales autónomas no se transformarán en una acción de habeas corpus.

Para el abogado Nicolás Salas esta sentencia «es un hito», pues pese a que hay legislación que regula las garantías jurisdiccionales no se aplican, como la competencia territorial.

Ejemplificó que una persona puede estar detenida en la cárcel de Latacunga, pero un usuario va al cantón más lejano del país para plantear un recurso, promoviendo posibles actos de corrupción.

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«Estas son pautas que deberán observar todos los jueces a nivel nacional y con esto la CC envía un mensaje fuerte porque si a pesar de conocer la norma, un juez o abogado no usa de manera adecuada la ley, puede ser procesado por prevaricato. Esta es una sentencia importante, un hito y esperada por la comunidad jurídica, pues evitará que las PPL interrumpan la ejecución de las penas», aseveró.

La constitucionalista y académica Verónica Hernández concluyó que este fallo «marca un precedente de claridad para que los jueces jamás vuelvan a otorgar medidas constitucionales autónomas que nada tienen que ver o hacer en procesos penales ni procesos judiciales de ninguna naturaleza. Con eso, ningún privado de la libertad puede interrumpir una medida cautelar para salir libre. Eso es ilegal», enfatizó.

¿Cómo abordó la Corte Constitucional este caso?

La Corte Constitucional tiene la atribución de escoger sentencias en la materia y sobre ellas decretar jurisprudencia.

Seleccionaron cuatro casos que se adecuaron a los criterios de gravedad y novedad, al observar que «todos los solicitantes de las medidas cautelares eran personas privadas de la libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada».

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Asimismo, se reveló una práctica reiterada de haber terceros interesados que se beneficiaron de los efectos inter comunis de las medidas cautelares.

Vieron que estas garantías no se dirigían a impedir o evitar la amenaza de violación de un derecho, sino para impedir la ejecución de providencias judiciales, en particular de sentencias condenatorias ejecutoriadas que gozaban de legitimidad.

Las causas analizadas fueron suscritas por la exjueza de la Unidad Judicial de Montecristi (Manabí), Gina Zambrano Zambrano, destituida por el Consejo de la Judicatura (CJ), al declararse en su contra error inexcusable.

También, por Byron Orejuela Giler, que es juez de la Unidad Judicial de Flavio Alfaro en Manabí; y, del exjuez Emerson C.U. que era parte de la Unidad Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas y ahora es procesado en el caso Metástasis.

El exmagistrado benefició con una medida cautelar autónoma al exvicepresidente Jorge Glas Espinel, sentenciado por cohecho y asociación ilícita, quien salió de la cárcel alegando que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a PPL no procedió con la unificación de penas (de ocho años) para obtener su prelibertad.

«Del análisis de los casos seleccionados se observa una potencial forma de corrupción. La Corte observa con gran preocupación que no se trata de hechos aislados, sino de una manera sistemática de actuar de ciertos juzgadores y abogados. Esto incide negativamente en la administración de justicia, en la ética y transparencia con la que deben actuar los operadores de justicia y en la confianza de los usuarios del sistema judicial», señala la sentencia de la CC.

La Corte envió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que investigue a Zambrano, Orejuela y Emerson C. U., por presunto prevaricato, ya que conocían que actuaban contra norma expresa y aún así otorgaron los beneficios.

Sobre Emerson C. U., la Corte dispuso la declaratoria jurisdiccional por presunto dolo y remitió el caso al Consejo de la Judicatura, para que aplique las medidas disciplinarias que corresponda.

En el caso de dos abogados, que fueron los que plantearon estos recursos, la CC consideró que se habría configurado un «abuso del derecho» y envío el expediente a la Judicatura para que investigue. (I)