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El legislador de ADN prepara un proyecto más profundo de reformas a la Constitución que lo presentará al Gobierno y apuntan a cambios económicos.
La bancada de ADN esgrime que el fin es que los jueces no den beneficios a los presos. La Corte explicó en 2024 por qué son parte de este grupo prioritario.
El juez constitucional dispuso a una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia que presente un informe de descargo actualizado del caso de Mahuad.
Los presidentes Jhoel Escudero, de la CC, y José Suing, de la CNJ, crearán una comisión de diálogo para consolidar mecanismos para fortalecer el sistema.
En la Asamblea Nacional no se ha tratado la reforma para permitir la actuación de Fuerzas Armadas en seguridad interna, por ejemplo.
Lucía Pozo, asambleísta de ADN, aclaró que “bajo ningún concepto, (están) hablando de regresión de derechos” con esta propuesta de enmienda.
La Comisión del Derecho al Trabajo no avanza con la aprobación de la nueva ley pese a que ofreció a la Corte que en diciembre concretaría esta demanda.
Con la designación de Enrique Herrería como secretario jurídico del Gobierno se buscarían alternativas para permitir la inversión privada.
“Debemos seguir luchando y trabajando; lo haremos por vía de la Asamblea Nacional, por enmiendas constitucionales”, anticipó el mandatario.
La acción busca proteger los derechos adquiridos, garantizar la estabilidad del sistema de pensiones y evitar retrocesos que afectarían a los jubilados
El informe insiste con reformas a la Ley de Servicio Público, que estaban en la Ley de Integridad, la cual fue declarada inconstitucional.
El informe para segundo debate, aprobado con votos de ADN, vuelve a incorporar reformas a Ley de Servicio Público que eran parte de la Ley de Integridad Pública
En el despacho de la jueza Karla Andrade están en trámite iniciativas para modificar atribuciones de la Corte Constitucional y otras sobre delitos penales.
Esta es la segunda consulta popular impulsada por el presidente Noboa. La primera se realizó durante su primer mandato en abril del 2024.
La votación por la cantonización o no de Borbón se realizará a la par de la consulta popular y referéndum 2025 convocado a nivel nacional por el CNE.
En el trámite de una acción extraordinaria de protección, luego que un Tribunal Penal revocó un fallo que reconoció la desaparición de los cuatro menores.
El movimiento ambientalista pide a la Corte Constitucional que se sancione por incumplir los resultados de la consulta popular de agosto de 2023.
El financiamiento del proceso electoral de vocales de afiliados y jubilados del Consejo Directivo del IESS fue aprobado sin contar con estudios técnicos.
En la Comisión del Derecho al Trabajo el debate avanza lento, mientras el Issfa propone bajar al 80 % la base reguladora de la pensión por retiro voluntario.
En el caso González y Otros se procesa por desaparición forzada de tres personas durante un operativo policial que se dio en una farmacia en Guayaquil.