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Ocho jueces de la Corte Constitucional emitieron jurisprudencia para evitar la desnaturalización de las medidas cautelares autónomas. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

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La situación legal del exjuez de Santo Domingo de los Tsáchilas Emerson C. U., quien está preso por ser procesado en el caso Metástasis, se complica.

La Corte Constitucional (CC) emitió la declaratoria jurisdiccional previa por dolo y pidieron que se lo investigue por incurrir en el delito de presunto prevaricato al otorgar una medida cautelar a favor del exvicepresidente de la República Jorge Glas, para que salga de la cárcel en noviembre del 2022.

Este 28 de febrero de 2024, con el voto afirmativo de ocho jueces de la Corte Constitucional se emitió un fallo que sienta un precedente jurídico para evitar la desnaturalización de las medidas cautelares constitucionales autónomas en el ámbito de la justicia penal.

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En su sentencia de 60 páginas, expresaron su preocupación porque estos hechos no son aislados, sino que se han convertido en una conducta sistemática de ciertos juzgadores y abogados en libre ejercicio.

«A partir de medidas cautelares constitucionales autónomas improcedentes y por tanto incapaces de generar efecto alguno, extienden sus efectos generando un impacto masivo que incide en su gravedad y alcanza magnitudes que pueden poner en peligro la administración de justicia», advirtió el pleno de la CC.

Su sentencia dispone que los jueces rechazarán «de plano» las medidas cautelares autónomas que «pretendan interrumpir o dejar sin efecto decisiones judiciales originadas en procesos penales» por ser contrarias a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

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«Caso contrario, incurrirán en responsabilidad administrativa, civil y penal, de acuerdo con los daños causados. No cabe transformar una medida cautelar constitucional autónoma en una acción de habeas corpus debido al objeto que persigue cada garantía», precisa el texto.

La decisión se dio tras analizar cuatro casos en los que Gina Zambrano Zambrano, exjueza de Montecristi, y Byron Orejuela Giler, juez de la Unidad Judicial de Flavio Alfaro en Manabí; y, Emerson C. U., exjuez de la Unidad Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas, otorgaron medidas cautelares a favor de reos, que «buscaban interrumpir decisiones relativas a la privación de su libertad».

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En el estudio, se incluye la medida que benefició al exvicepresidente del gobierno de Rafael Correa, Jorge Glas, sentenciado por cohecho y asociación ilícita.

El exmandatario, que se guareció en la Embajada de México en Quito desde diciembre del 2023, reclamaba que no había sido beneficiado de la unificación de penas y así acceder a una medida de libertad provisional.

El recurso jurisdiccional recayó en el despacho de Emerson C. U., que aceptó la petición porque creyó que existía una «inminente amenaza de vulneración a los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso en contra del procesado» y ordenó su libertad y medidas alternativas a la privación de libertad.

Jorge Galas salió de la Carcel de Latacunga en noviembre de 2022, gracias a una medida cautelar otorgada por el exjuez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson C.U. Foto: API

Glas salió de la cárcel de Cotopaxi y tras varios pedidos del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el juez José Alvarado Paredes, de la unidad penal de Santo Domingo de los Tsáchilas revocó el 10 de enero de 2024 la medida porque incumplió con la orden de presentación una vez por semana.

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Para la Corte, Emerson C. U. no tenía competencia para resolver el recurso, pues correspondía a un juez de garantías penitenciarias. «No obstante, resolvió una medida cautelar claramente improcedente».

En ese contexto, concluyó que su conducta podría configurar un posible delito de prevaricato «por resolver en contra norma expresa» y envió el expediente a la Fiscalía para que lo investigue.

Además, señalaron que el exmagistrado «incurrió en dolo al aceptar la medida cautelar autónoma, dejando sin efecto sentencias condenatorias ejecutoriadas dictadas dentro de procesos penales y, con ello, desnaturalizando la garantía jurisdiccional».

Se emitió la declaratoria jurisdiccional previa y la remitieron al Consejo de la Judicatura (CJ) para que inicie las acciones sobre la base del dolo. «La Corte declara que la conducta del entonces juez se encuadra en la infracción de dolo».

Emerson C. U. renunció a su cargo el 21 de febrero de 2024, pues cumple una orden de prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito por presunta delincuencia organizada, que se investiga en el caso Metástasis.

Según la Fiscalía General, este tejido criminal se constituyó para obtener fallos judiciales a favor del narcotraficante Leandro Norero (+), sus familiares y cercanos.

Emerson C. U. es sospechoso en este caso porque aceptó medidas cautelares que dejaron en libertad a alias Madrid y alias Cuyuyuy, quienes eran parte del brazo armado de Leandro Norero.

La Corte también envió a la Fiscalía los expedientes del juez Byron Orejuela Giler y de la exjueza Gina Zambrano Zambrano, para que se los indague por posible prevaricato.

Al Consejo de la Judicatura le pidió agilidad en la sustanciación de un sumario administrativo iniciado en contra de Orejuela Giler y que se investigue a «Jenny Galarza Peñaloza, coordinadora provincial encargada de control disciplinario, por haber inadmitido dos denuncias en contra de Emerson C. U.». (I)

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